YPF desembarca en Vicentin: cuál será el rol de la petrolera tras intervención del gigante exportador

Formalizado el anunció de intervención de Vicentin, el presidente Alberto Fernández expuso el rol clave que desempeñará YPF en el funcionamiento de la agroexportadora con vistas a la inminente expropiación. Tras designar a Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura en el gobierno de Cristina Fernández, justamente como flamante interventor con funciones a desempeñar a partir del martes, el primer mandatario expuso que la compañía a rescatar operará de manera unificada con la división Agro SA de la petrolera con participación estatal.

Mediante esa maniobra, el oficialismo apunta a garantizar la continuidad de la compañía desde la perspectiva de afrontar con otro oxígeno la negociación y posterior pago de deudas a productores y la negociación con los bancos acreedores.

La unión Vicentin-YPF Agro también tendrá como objetivo incrementar la producción agrícola para aumentar el caudal de exportaciones. En la pauta de trabajo a futuro también se contempla una apuesta intensiva por la biotecnología.

"Todos los activos de Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario. Y la gestión de ese fondo se la encomendaremos a YPF Agro", afirmó el Presidente Fernández.

"Buscamos así que una compañía de capitales mixtos pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa. En la ley de expropiación vamos a declarar a la compañía de utilidad pública en tanto se dedica a la producción de alimentos. Queremos darles tranquilidad a los trabajadores", añadió.

El Presidente remarcó que la intervención de YPF Agro SA en el funcionamiento de Vicentin tras la futura expropiación será clave para "la generación de alimentos en una etapa post pandemia".

Siempre en el marco de una conferencia de prensa, Fernández expuso que la intervención del Grupo Vicentin busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán las denuncias pertinentes ante la Justicia.

"Quiero darles tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en su puesto de trabajo y a los 2.600 productores que podrán seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella", concluyó.

Vicentin, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.

Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados.

Disparador de decisiones

Las medidas dispuestas por Fernández responden a la elevada deuda que la agroexportadora tiene con el Banco Nación y el Bice.

Por medio de un decreto de necesidad y urgencia, Fernández dispuso la intervención del grupo Vicentin. Además, confirmó el envío al Congreso de una ley para la expropiación. El presidente presentó estas medidas como "un rescate" de la empresa.

Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, enfatizó la idea del rescate debido al "rol central que la empresa tiene en el mercado agropecuario". Y agregó que la expropiación para garantizar la continuidad de la compañía se realiza en favor de los acreedores y productores que dependen de Vicentin.

Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.

Vicentin integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país.

La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo.

También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.