Así justificó los sobreprecios que cobró la empresa beneficiada con la licitación para compra de alimentos

Uno de los grupos más sospechados de haber recibido beneficios en la polémica licitación del Ministerio de Desarrollo Social salió al cruce de las críticas y a explicar que participó del proceso de manera transparente.

Se trata del Grupo L, que la cartera que dirige Daniel Arroyo le adjudicó la compra de aceite y azúcar por casi $140 millones a través de dos de sus empresas controladas como son Teylem y Forain.

Con la primera, el holding recibió $23 millones por la venta de 340.000 kilogramos de arroz blanco, tipo Largo Fino o Mediano 0000, en presentación de bolsas de un kilogramo cada una, marcas Don Marcos, y/o Molinos Ala a un precio unitario de $68. Y otros $56 millones por 340.000 unidades de aceite comestible mezcla, en presentaciones de 1,5 litros, marca Indigo por un importe unitario de $166,58.

Y con Forain se adjudicó la compra de 340.000 envases de fideos semolados de 500 gramos a precio unitario de $84 para las marcas Aldente y Pastasole y a un valor global de $28,5 millones. Y otros 340.000 kilos de fideos semolados, marcas Invicta, Aldente y Pastasole, en envases de 500 gramos a un costo unitario de $84 y un monto total de $28,5 millones.

Pero además de tratarse de empresas intermediarias y no de productoras de alimentos, las dos compañías como las otras beneficiadas de la licitación le vendieron al Estado nacional a valores muy superiores a los que establece el programa Precios Máximos que incluye 2.000 artículos congelados al 6 de abril.

Estos sobreprecios despertaron una fuerte polémica por ser, en algunos casos, hasta un 67% mayores a los de referencia que el Gobierno obliga a tomar al resto de la economía que se remontan al 6 de marzo.

De hecho, Arroyo decidió echar a Gonzalo Calvo, el funcionario encargado de la licitación luego de que el propio presidente Alberto Fernández cuestionó el procedimiento y reclamó la apertura de una investigación para determinar si hubo fraude o no.

A través de un comunicado, el Grupo L salió a explicar el valor cotizado por cada producto. Según la empresa se conforma, en cada caso, de tres elementos básicos como son el costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades porque fueron en todos los casos por cientos de miles de kilos o de litros; el precio de financiar al Estado, que habitualmente paga en plazos no inferiores a los seis meses.

Y el valor de implementación de una logística de emergencia para retirar, transportar y entregar las grandes cantidades de alimentos solicitadas, en plazos perentorios.

"Los precios ofrecidos y aprobados por el Ministerio en las licitaciones están en algunos casos por encima del promedio de los precios testigo de la SIGEN, en otros en niveles parecidos y en dos casos por debajo de ese valor", agrega el documento que no lleva firma de ningún ejecutivo del Grupo L.

De todos modos, en el informe asegura que los empresarios están "absolutamente tranquilos respecto de las decisiones tomadas en este proceso licitatorio y los productos quedan a disposición para su entrega a requerimiento".

También se explica que la participación del Grupo L se debió a una invitación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para competir en una serie de licitaciones para la compra de alimentos.

Luego de analizar la situación, se realizaron ofertas en las licitaciones de aceite, harina, arroz, fideos y lentejas con dos o tres propuestas de diferentes empresas.

En el caso del Grupo L presentó una única oferta en cada una de ellas, con Teylem para las licitaciones de aceite, harina y arroz, y Forain S.A. para las de fideos y lentejas. De acuerdo al comunicado, el ministerio le adjudico adjudicó el 20% de las cantidades solicitadas en cada una de las licitaciones.

Sin embargo, el proceso generó un escándalo de dimensiones que rozó al propio Arroyo, despertó fuertes críticas incluso dentro del propio Gobierno y derivó en una denuncia judicial que seguramente involucrará también a los dueños del Grupo L.

Un holding estrechamente vinculado a dirigentes del actual gobierno nacional y también de Cambiemos que además de Teylem y Foraim, reúne a las empresas Equis Quince; Blue Catering; Bagalá y Cook Master.

Tiene como principal referente a Víctor Lusardi y viene incrementando sus negocios gracias a estrechos lazos políticos tanto en el kirchnerismo como en la alianza creada por Mauricio Macri a nivel nacional y, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Un importante beneficio que recibió Lusardi, viejo conocido de la política tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, donde viene sistemáticamente ganando licitaciones como proveedor estatal durante los gobiernos de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal sin diferenciaciones.

De hecho, existen varias denuncias presentadas en su contra por un grupo de diputados nacionales en las cuales se asegura que durante la gestión de Vidal, fue beneficiado con millonarios contratos para la compra de alimentos y artículos de limpieza para comedores escolares y el sistema penitenciario.

También se hace referencia a una licitación similar a la de Arroyo que llevó a cabo el mismo ministerio cuando estuvo a cargo de Carolina Stanley en el 2018 y mediante la cual se pagaron precios más caros que los que marcaba en Indec para un paquete de fideos que fue comprado por el Estado a $58 cuando el valor de mercado era de $28.

El Grupo L fue además aportante de la campaña electoral de Vidal luego de haber sido adjudicatario de varias compulsas para la compra de insumos del servicio alimentario escolar, creado por la ex gobernadora bonaerense en enero de 2017 bajo el nombre de Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Con respecto a las otras empresas ganadoras de la llamativa licitación, el periodista Matías Longoni, que dirige el portal Bichos de Campo, asegura que solamente una es fabricante y las restantes todas se dedican a la intermediación.

De acuerdo con su informe -en el que aclaró que confía en la honestidad del ministro Arroyo- Longoni indica que son seis las firmas que se repartirán los $550 millones.

Además de Teylem y Forain, son Sol Ganadera; Copacabana; Alimentos Generales y MH Accurso, casi todas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

"Una primera lectura es que el Estado gasta de más porque apela a intermediarios y no directamente a los productores", argumenta la nota.

También descubre que de las cinco empresa intermediarias, en dos se repiten socios o domicilios como Sol Ganadera SRL que tiene las mismas oficinas en la avenida Corrientes 1327 4° y el mismo director, Federico José Toscano que Alimentos Generales.

Hay, además una sóla empresa que ganó en todos los rubros. Es Copacabana SA, que cobrará $188 millones por todo concepto. Según Longoni, sus dueños se apellidan Assisa y uno de ellos, Jorge, ha sido presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social admitieron las compras a precios más altos que los establecidos por el propio Gobierno como valores de referencia pero Arroyo argumentó que esto se debió a que es una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de ocho a 11 millones de personas por la pandemia del coronavirus.

"Los productores se plantaron, y frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo", explicó el funcionario desde su cuenta de twitter, rechazando también la existencia de corrupción al explicar el motivo por el que el Estado decidió comprar igual los productos a pesar de que los costos estaban por arriba de los precios de referencia.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no convencieron al dirigente social Juan Grabois, quien en redes sociales planteó su malestar. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de peor calidad", aseguró.

El militante de la CTEP y allegado al papa Francisco contó que suelen comprar a $28 el paquete de fideos por el que el Gobierno pretende erogar 84 pesos. "Es una estafa a los pobres y confío en que Alberto Fernández va a ponerles los puntos al responsable", subrayó.