El escándalo con los jubilados terminó de convencer a Alberto: la cuarentena llegó a su límite y ya se diseña la salida

La foto de miles de jubilados y beneficiarios de planes sociales que hasta el día de hoy siguen haciendo largas filas en los bancos para poder hacerse de fondos que les permitan sobrevivir a la cuarentena obligatoria terminó por definir el camino: una salida gradual al cepo sanitario impuesto por el Gobierno para combatir el coronavirus.

Miles de abuelos débiles de salud y de hombres y mujeres que sobreviven gracias a la asistencia estatal le mostraron al presidente Alberto Fernández que su consigna "salud antes que economía" ya no es aceptada por gran parte de la sociedad.

Tampoco por los gremios, ni los trabajadores ni las empresas, sin importar su tamaño. Ya nadie está dispuesto a sacrificarse todavía más para pelearle al virus, aun sabiendo que luego del 13 de abril miles de argentinos seguramente se contagiarán también.

El esfuerzo económico que supone este combate sanitario contra un enemigo invisible parece haber llegado a su límite. Así lo entendieron los principales referentes de todos los sectores empresarios, industriales, del comercio y de los servicios.

También los sindicatos y hasta el propio Jefe de Estado parecen haber comprendido que la sociedad llegó a su límite, al hartazgo y que hace falta, entonces, comenzar a planificar la salida paulatina del aislamiento obligatorio.

No solamente porque desde lo sanitario sea lo recomendable si el pico de contagios se extiende, sino porque el efecto multiplicador de casos de empresas cerrando y trabajadores despedidos quizá sea mayor a las víctimas del virus. Ya parecen haber quedado en la nada las condenas públicas a jóvenes con tablas de surf que violan la cuarentena a la luz de los miles de jubilados que también lo hicieron por una razón mayor, como es la necesidad de comer.

Una lamentable dicotomía reflejada en esas dolorosas e impresentables imágenes de todos los mayores de 65 años y trabajadores desplazados del sistema formal, acampando a la intemperie toda la noche para ser atendidos en un banco, desmayados, peleándose, tomando frío y sin respetar las medidas sanitarias contra el coronavirus.

Está claro entonces que la urgencia de satisfacer las necesidades más básicas, como la compra de alimentos y medicamentos decretó al viernes 3 de abril como el día de la abolición de hecho de la cuarentena inflexible.

No importa qué funcionarios sean señalados como los responsables. Tampoco que haya sido el propio "día de furia" de Alberto Fernández, quien al estilo del thriller protagonizado por Michael Douglas, descargó toda su ira contra los titulares de la Anses, del Banco Central, los banqueros y el gremio bancario.

Al paredón irán seguramente Alejandro Vanoli; Miguel Pesce; el sindicalista Sergio Palazzo y el sector financiero en su totalidad por la indignante atención que se le brindó a todos aquellos que arriesgaron sus vidas para obtener dinero que les permita subsistir.

Así se los hizo saber Fernández a estos personajes públicos que en nada más que un día tiraron por la borda su permanente mensaje para anteponer la salud a la economía.

Los citó a la noche de este viernes a la quinta de Olivos. No les pidió la renuncia pero el reto fue tan grande que sus cargos ahora penden de un hilo, más que nada porque el costo político lo pagará el propio Jefe de Estado, justo cuando su imagen social era la más alta desde que desembarcó en la Casa Rosada.

Diseñando el escenario del "día después"

Pero más allá de la anecdótica situación laboral de quienes son culpables del desastre de este viernes, en la sociedad ya no hay dinero, no circula en la calle, no lo tienen las empresas para pagar sus obligaciones o cumplir con los salarios. Por ende, tampoco lo reciben los trabajadores para tener la chance de comprar alimentos o hacer frente al pago de servicios públicos, impuestos o lo que sea que haya que pagar mientras el país sigue encerrado y paralizado de prepo.

Un ejemplo de este pánico se refleja en un documento que circularon todas las compañías del sector energético, casi rogando a sus clientes que paguen las facturas, más allá de la medida oficial de suspender los cortes a los sectores más vulnerables.

"Pagar las facturas de electricidad, por quienes se encuentran en condiciones de hacerlo, es fundamental para mantener la producción de la energía eléctrica que requiere el país. Además de ser un gesto solidario para afrontar esta emergencia y superar el momento crítico que estamos atravesando", dice un documento firmado por productoras, transportadoras y distribuidoras de energía del país.

Una forma empresaria de pedir "solidaridad" a la sociedad para asegurar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico pero respaldando el precepto presidencial de cuidar la salud.

Ese adecuado equilibrio fue expuesto por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una conferencia de prensa organizada a la noche del viernes pasado. Entonces habló de una salida ordenada que permita retomar más actividades económicas, y monitorear los mecanismos de ayuda abarcativa que ya se anunciaron para apoyo a la producción y el trabajo, y sostener el nivel de empleo y de ingresos de las familias en un contexto de empresas cerradas o con casi nula producción.

El funcionario salió a exponer la mirada oficial ante una sociedad a la que ya no le parece importar que es necesaria la reclusión social como única herramienta efectiva para que el coronavirus no se expanda todavía más.

Una sociedad en la que ya comenzó a primar otra necesidad, la de saber cómo seguir cumpliendo el precepto presidencial de primero la salud sin dinero en los bolsillos, sin trabajo, cobrando la mitad de un salario o teniendo como horizonte cercano la quiebra o la apertura de un concurso preventivo de acreedores.

Este preocupante escenario fue el que tiñó las reuniones que el Presidente mantuvo durante todo el día de ayer con representantes de los sectores del comercio, de la industria y de los trabajadores.

Fernández arrancó la mañana con un encuentro con miembros de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para luego almorzar con la cúpula de la CGT y merendar con los máximos referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Con todos analizó la situación del país, hizo un repaso desde lo sanitario sobre la evolución del virus, recibió el apoyo a las medidas que viene tomando para enfrentar la pandemia y agradeció los esfuerzos de cada uno de quienes estas entidades empresarias y gremiales representan.

También prometió celeridad en la aplicación de las medidas de rescate ya anunciadas y que engloban una ayuda monetaria de casi $600.000 millones, que se deberían desparramar en toda la sociedad para mitigar los efectos del coronavirus en la economía de la Argentina.

Pero con todos también comenzó a dialogar sobre el día después al fin del aislamiento obligatorio. Es decir, a delinear la forma en que la Argentina volverá encender sus motores el "13A" a partir de políticas de reactivación graduales.

Quedó claro que después del 12 de abril no habrá una nueva versión extrema de la cuarentena. Lo que viene será una salida pausada con un aislamiento light para poder prender los motores de la reactivación de la industria, de los servicios, del comercio.

Más medidas en carpeta

Habrá también nuevas medidas que se sumarán a todas las anunciadas hasta el momento para salir en auxilio de todos los sectores en riesgo de continuidad.

Una de esas decisiones parece inexorable. Ya nadie niega que los bancos deben permanecer abiertos más allá de la medida de urgencia adoptada por el Banco Central para ampliar los horarios de atención de las sucursales durante este fin de semana y hasta el miércoles próximo para evitar un nuevo papelón en la atención a los jubilados.

Por caso, durante el encuentro con los miembros de la CAC se hizo referencia a esa necesidad para que los comercios puedan operar financieramente de manera adecuada. También se dialogó sobre la delicada situación que atraviesan el comercio y los servicios, en el marco de la emergencia generada por la pandemia de Covid-19.

Los empresarios le acercaron propuestas que giraron en torno a dos ejes, referidos a la necesidad de establecer un aislamiento social selectivo, que permita un paulatino regreso a la actividad.

Para estos empresarios es necesario que se autoricen tareas presenciales solamente a trabajadores, fuera de los grupos vulnerables, que residan en, por ejemplo, un radio no mayor a cinco kilómetros de distancia del lugar de trabajo para la primera etapa, luego de 20 km para la segunda, y así sucesivamente.

También le pidieron establecer horarios especiales para evitar la generación de "horas pico" en los medios de transporte, que sean de seis horas y luego ampliarlos gradualmente.

Agregan que haría falta flexibilizar las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico, que consideran clave en este momento como alternativa al canal tradicional.

"Es indispensable permitirles a los comerciantes ir hasta sus locales o depósitos, con una dotación de empleados limitada y sin atención al público, para que puedan vender y despachar los pedidos directamente a través de un servicio de paquetería, correo o fletes habilitados", dijo el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, a la salida del encuentro.

A la vez, le solicitaron al Presidente la simplificación de trámites burocráticos y que se normalice la atención bancaria, indispensable para la realización de una gran cantidad de operaciones.

Pero como pedido especial se le dijo al jefe de Estado que los comercios precisan apoyo financiero e impositivo. Le proponen que el Gobierno otorgue préstamos instantáneos y directos, a tasa cero, que se acrediten en las cuentas sueldo de los trabajadores. El monto debería ser equivalente a la diferencia entre el salario y el pago que efectúe la Anses o el Ministerio de Trabajo mediante el Repro.

La postergación del pago de los aportes personales y contribuciones y a las ART correspondientes a los sueldos de marzo y abril, es otro pedido de la CAC, junto a la apertura de un plan de facilidades de pago en seis cuotas para su cancelación con vencimiento a partir de los 60 días de finalizado el período de aislamiento.

Se le suman la exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril, extensible a los meses siguientes según la evolución de la pandemia y de sus consecuencias; también, la postergación de los vencimientos de impuestos como IVA, a los débitos y créditos bancarios, anticipos de Ganancias, Ingresos brutos y tasas municipales.

La carpeta que los miembros de la CAC le dejaron con un resumen de estas propuestas fue llevada por Fernández a su almuerzo con los principales referentes de la CGT un día después de los elogios a Hugo Moyano.

Los dos lados del mostrador

Con la cúpula gremial el Presidente también repasó las medidas que viene llevando adelante en el marco de la pandemia del COVID-19. En este caso, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Del lado gremial, participaron Héctor Daer, de sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, garajes y estacionamientos; Andrés Rodríguez, del personal civil de la Nación (UPCN); y Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Los dirigentes gremiales le brindaron su apoyo a las medidas tomadas hasta ahora referidas a la cuestión sanitaria, pero le manifestaron sus preocupaciones sobre las consecuencias económicas del confinamiento no sólo para los trabajadores, sino también para empresarios y el propio Estado.

Y le pidieron crear una mesa de diálogo, un comité de crisis para coordinar el camino hacia la salida paulatina de la cuarentena que permita viabilizar la apertura de actividades cuidando la salud pero privilegiando que no haya despidos.

Una vez finalizado este almuerzo y luego de haber retado a los principales culpables del desorden bancario en la atención a los jubilados y beneficiarios de planes sociales, Fernández mantuvo un encuentro con dirigentes de la UIA.

La reunión se extendió casi hasta entrada la noche de este viernes y, como con la CAC y la CGT, el centro de las conversaciones giró en las medidas que se deberán tomar a partir del próximo 12 de abril para congeniar el cuidado sanitario de la sociedad con el reflote de las industrias que se encuentran en una crítica situación.

Hubo consenso entre los presentes en que los bancos vuelvan a reabrir para atender la falta de liquidez del sistema financiero que está trabando todas las operaciones de las industrias que todavía pueden funcionar.

En este caso, Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La comitiva de la UIA fue numerosa. Además de su presidente Miguel Acevedo, estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja, vice y vocero del sector alimenticio junto con Adrián Kaufmann y Guillermo Moretti, además de Alberto Álvarez Saavedra (Laboratorio Gador), David Uriburu (Techint), Martín Rappallini (Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires) y Diego Coatz, director ejecutivo de la entidad.

Los industriales le pidieron al Presidente avanzar en la agenda de medidas necesarias para asistir a los sectores afectados y le contaron que están terminando una encuesta entre empresas que ofrecerá como resultado cuáles son las principales dificultades derivadas de esta difícil coyuntura. Le anticiparon que hasta ahora el mayor problema relevado es la falta de liquidez para afrontar todas las obligaciones -entre ellas, las salariales- y la necesidad de que las líneas de crédito lleguen efectivamente a las industrias de todo el país.

Le pidieron también una salida gradual que contemple la necesidad de sostener la producción de las fábricas y de los precios de lo que producen. Un ejemplo es el sector petrolero totalmente paralizado, tanto en la producción como en las estaciones de servicio, cuyas ventas se derrumbaron un 90% durante la cuarentena.

En este sentido, Acuña planteó durante el almuerzo que las estaciones de servicio sean incluidas en los beneficios de las pymes para la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales y de la percepción del Programa Repro.

Un pedido que forma parte del acuerdo que los industriales buscan sellar con la CGT para continuar con la reducción de los sueldos mientras dure el aislamiento, en especial para los trabajadores que actualmente no están cumpliendo funciones. Es decir, saltar la prohibición de despidos y suspensiones y reemplazarlos por el pago parcial de sueldos, al menos hasta mediados de abril.

Luego, quieren ampliar el acuerdo para que las paritarias que todavía no se homologaron contemplen la grave crisis que sufre la industria y que ha paralizado la actividad en el marco de la actual coyuntura económica.

De hecho, muchas empresas ya les comunicaron a sus trabajadores que pagarán reducido el mes de marzo y que esa decisión puede extenderse a los ingresos de abril.

Atendiendo todos estos reclamos, el martes 7 de abril habrá una nueva reunión entre la UIA, la CGT y el Ministerio de Salud para empezar a programar un arranque ordenado a fin de retomar de manera gradual las actividades.