Ante la ola de despidos, Gobierno prepara un mega salvataje de empresas y blindaje al empleo

Tras la confirmación de que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta Semana Santa, la repercusión en términos económicos parece encaminarse a una profundización de despidos masivos, suspensiones y reducciones salariales en la mayoría de las empresas, desde pymes hasta grandes grupos.

Rápidamente, el Gobierno salió a dejar en claro que impedirá que este escenario sea moneda corriente a partir del mes que recién empieza. Varios voceros oficiales dejaron trascender que el presidente Alberto Fernández está a punto de prohibir por decreto las suspensiones y los despidos a partir de un mega plan de salvataje que insumirá alrededor de $400.000 millones y que sería financiado con emisión monetaria.

Será un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), para evitar que millones de argentinos se queden en la calle con la sanción de una serie de medidas orientadas a quitarle el peso del pago de aportes patronales, previsionales y tributarios a las empresas.

Ningún empleador podrá disponer de despidos sin causa ni fuerza mayor y los que lo hayan hecho después del 29 de febrero deberán reincorporar al personal bajo las mismas condiciones que tenían hasta ese momento, según el decreto a punto de anunciarse.

También habrá una sustancial reducción de las cargas laborales de hasta el 95%, el pago por parte del Estado nacional de una parte del salario en empresas de hasta 100 empleados, la generalización del Repro, un seguro de desempleo de entre $6.000 a $10.000 pesos, entre otras decisiones.

A cambio, las empresas deberán acreditar que sus actividades fueron afectadas de manera crítica por la cuarentena obligatoria; que tenga trabajadores infectados por el virus y que hayan sufrido una sustancial reducción de sus ventas.

La razón, obvia, del DNU se vincula con la destrucción de la actividad productiva por la crisis sanitaria en la que se encuentra el país. Estoe afecta de manera inmediata y aguda a las empresas de menor dotación de personal y obliga a la adopción de medidas que reduzcan el impacto económico eliminando rigideces del sistema tributario.

El plan se articula bajo el nombre de Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

Será la Jefatura de Gabinete de Ministros la que determinará las condiciones para el cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones de las empresas para abstenerse de disponer despidos sin causa.

Sin embargo, quedarán excluidos los sectores que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y que se encuentran exceptuados del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Empresarios, en crisis y expectantes

Alberto Fernández ya decidió la publicación del DNU y se lo comunicó a las principales cámaras empresarias y a las centrales obreras durante esta jornada, casi con urgencia y luego de recibir un documento de la CGT en el que se anticipa que el impacto económico de la pandemia podría afectar a 1,5 millones de empleos públicos, privados e informales.

También, luego que el comité de crisis de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre la necesidad de avanzar en la agenda de medidas necesarias para asistir a los sectores afectados, teniendo en cuenta que la mayor dificultad relevada es la falta de liquidez para afrontar todas las obligaciones -entre ellas, las salariales- y la necesidad de que las líneas de crédito lleguen efectivamente a las industrias de todo el país.

Los hombres de negocios esperan, además, la forma de encontrar un equilibrio que permita la supervivencia de las empresas y, de ese modo, la de todos sus trabajadores. Esto, teniendo en cuenta que se deberán hacer grandes esfuerzos para encarrilar nuevamente a la Argentina, aunque sea en el mismo sendero de recesión que sufría antes de que llegara la pandemia del Covid-19.

Las medidas que se conocerán en las próximas horas fueron apuradas tras la disputa con el sector empresario que se dio luego del anuncio del Grupo Techint de la desvinculación de 1.450 trabajadores de su empresa constructora. Un caso que derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo y en el anuncio de una conciliación obligatoria por 15 días para tratar de encarrilar la situación.

Sin embargo, en esta jornada se sucedieron los anuncios similares en diferentes sectores como son los medios de comunicación, el mercado electrodoméstico y la industria minera.

Se conocieron el cierre de la revista Pronto, que deja 50 trabajadores en la calle; la posible finalización de los contratos que Mirgor tiene con 700 colaboradores y los contratistas de la minera Livent que desvincularon a otros 400 trabajadores.

A estos casos se le suman las suspensiones forzadas en la industria automotriz, donde las terminales se vieron obligadas a frenar la producción y enviar a gran parte de su personal al hogar con el pago de un porcentaje menor de los salarios.

También en la aérea Latam ya anunciaron que reducirán en un 50% los salarios de todos sus trabajadores a nivel mundial, incluyendo a los que se desempeñan en la Argentina.

Entre los gastronómicos, de servicios y en la industria del turismo y la hotelería se repite el escenario de manera mucho más dramática y también con el fantasma de los despidos masivos como una posibilidad inmediata a partir de abril.

Incluso en los sectores que fueron excluidos del aislamiento social obligatorio hay empresas que operan con parte del personal y dieron asueto al resto, ya que la caída de la demanda es otro de los factores que influye en los ingresos empresarios.

Tanto en supermercados, como en productoras de alimentos y el sector de la logística sufren restricciones derivadas de las menores ventas que se observan por estos días y que tienen que ver con la imposibilidad de los consumidores a moverse libremente y con el temor que esas mismas personas tienen a perder el empleo y que las lleva a recortar al máximo sus gastos.

También se anticipan una catarata de presentaciones ante la Justicia para la apertura de concursos preventivos de acreedores o directamente el camino a un default inevitable.