Ruta del dinero K: la AFIP pidió 8 años de prisión efectiva para el empresario Lázaro Báez

En lo que marca la primera manifestación pública de un organismo del Estado sobre las condenas al Grupo Báez por la causa de lavado del dinero K, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió la pena de ocho años para Lázaro Báez y los otros 24 acusados en este juicio, entre los que se encuentran sus cuatro hijos.

Se trata del empresario sospechado de haber sido el principal testaferro de Néstor Kirchner en un entramado judicial que investiga millonarias operaciones de lavado dinero durante el gobierno del propio Kirchner.

La importancia de este reclamo de condena tiene que ver con los vínculos que los nuevos funcionarios de la AFIP tienen con el gobierno del Frente de Todos, y más que nada con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. De hecho, Marcó del Pont estuvo al frente del Banco Central cuando la esposa de Néstor Kirchner fue presidenta del país y se asegura que su arribo a la AFIP tuvo que ver con una decisión de la propia Cristina.

Incluso, una de las primeras medidas que la economista tomó tras arribar a la AFIP fue la de iniciar un sumario contra las anteriores autoridades del ente recaudador y de otros organismos, tras una presentación de la vicepresidenta, quien acusó a estos ex miembros del gobierno de Cambiembos de una "feroz e inédita persecución" en su contra.

En este marco, los letrados de la AFIP se dirigieron durante la mañana de esta jornada a los tribunales de Comodoro Py, para participar de la audiencia, que es oral y pública, en la cual informaron qué pena piden para el empresario kirchnerista y los demás acusados.

Los abogados Luis González Ávalos y Norma Martínez Monasterio, del ente recaudador que ahora presiden Mercedes Marcó del Pont, justificaron el pedido con un extenso alegato en el cual se detallan la manera en la cual se lavaron alrededor de u$50 millones entre el 2011 y el 2013 a través de varias empresas, financieras y sociedades off shore creadas por los colaboradores del empresario de origen santacruceño.

Según la abogada Martínez Monasterio, los hechos probados "conforman una maniobra global para el armado, estructuración jurídica, financiera y societaria para la puesta en circulación en el mercado legal de dinero proveniente de actos ilícitos, ocultados en cuentas bancarias, sociedades en el extranjero".

En este marco, la AFIP también pidió condenas para Leonardo Fariña; Federico Elaskar; los hermanos Daniel y Sebastián Perez Gadín; Claudio Bustos; Jorge Rossi y también de Martín Báez, hijo del principal acusado.

Sin embargo, los representantes legales de la AFIP en este juicio se limitaron a mantener las responsabilidades legales y delictivas en todo este grupo de involucrados, sin mencionar en ningún momento las vinculaciones que Báez tuvo con el propio Néstor Kirchner y su familia.

Es decir, limita la acusación a la figura del empresario kirchnerista encarcelado desde abril del 2016 por todas estas supuestas maniobras llevadas a cabo para lavar dinero sucio e introducirlo en la economía formal a través de varias empresas que formaron parte del emporio K.

Entre las maniobras llevadas a cabo y descriptas lor los letrados se destacan las que tuvieron como protagonista a la empresa Austral Construcciones, la financiera Metrópolis y SGI, a la que se calificó de "cueva"; la compañía aérea Top Air, entre otras como la suiza Helvetic Service Group.

En el caso de la famosa financiera, también conocida como La Rosadita que funcionaba en Puerto Madero, se le atribuye un rol fundamental en las maniobras de blanqueo, junto con una sociedad llamada Provalir y un banco suizo, como engranajes vitales para el funcionamiento de este plan.

"Quedó probado que entre el 2010 y el 2013, se lavaron u$s50 millones que en parte se logró reconstruir su ruta mientras que otra parte quedó en la oscuridad en cuentas en el exterior que no se sabe su paradero", remarcó Martínez Monasterio en su alegato acusatorio.

Según la abogada de la AFIP, existe una gran cantidad de pruebas y documentación proveniente de organismos internacionales de Suiza y Panamá sobre las maniobras, además de las declaraciones del propio Fariña, para quien también se solicitaron penas que irían entre los seis meses y los tres años por haber participado de la estructura de lavado de dinero que lideraba Báez.

En el caso de Fariña se lo vincula de manera directa con el empresario como el encargado de obtener financiamiento para Austral Construcciones y otras de las firmas del empresario.

"Báez tenía gran confianza en Fariña en lo que respecta a la repatriación de bienes y por eso también le encomendó que se ocupe de otros negocios como los de canalizar el dinero negro y suu blanqueo en el sistema formal", sostuvo la letrada.

Según detalla, el dinero era traído de Santa Cruz en aviones de la empresa Top Air para luego ser transportado en autos y en bolsos hasta la sede de SGI y de otras financieras también propiedad del Grupo Báez, como AXA.

"Esto le permitió al imputado crear un patrimonio colosal", detalló al respecto la abogada quien además vinculó a Martín Báez como otro personaje central de este entramado ilegal ya que figuraba como accionista y apoderado de varias de las empresas de su padre.

En el caso del transporte del dinero, se dio por probado que los controles en el aeropuerto de San Fernando eran laxos y permitieron el arribo de millones de dólares provenientes de Río Gallegos gracias a la colaboración y los contactos de los dueños de Top Air.

"Sostenemos, así como también lo hacen el gran cúmulo de pruebas y elementos secuestrados y aportados que el uso de esta empresa era necesario y por eso es que la compraron a través de la firma Axa, que pasó a ser titular del 49% del capital, mientras que el resto siguió en manos de Walter Sansot", aclaró la letrada de la AFIP.

Argumentó que el dueño inicial de Top Aire facilitó siempre el traslado de los bolsos que arribaban del sur y que eran propiedad de Baéz, gracias a sus conocimientos y contactos en el aeropuerto de San Fernando para poder operar sin planes de vuelo elaborados correctamente.

De acuerdo a su visión, quedó también probado el fuerte vínculo de Fariña con Báez y su rol como experto en ocultar el dinero negro y expatriar sumas millonarias propiedad del empresario.

En ese sentido, se detalló que la maniobra usada para no dejar rastros se basaba en un "puente o cable" que permitía ocultar todas las maniobras para expatriar o repatriar dinero sucio.

"Se traía del sur a la Capital para luego ser movido internamente ya que gracias a esta operatoria no hacía falta sacarlo del país, y por eso también la necesidad de contar con aviones propios", agregó.

Y que en el caso de SGI, fue el vehículo que usó Fariña para satisfacer los requerimientos de su jefe, como el mismo imputado llamaba a Lázaro Báez, para operar el flujo de fondos ilegales que el grupo generaba.

De todos modos, los representantes legales de la AFIP pidieron una pena menor para Fariña. Así lo hizo Luis González Ávalos, quien lo acusó de blanqueo de capitales en el marco del Artículo 3, inciso 1 de la Ley 26.683.

Allí se detalla que "será reprimido con prisión de tres a 10 años y multa de dos a 10 veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de $300.000, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".

En este sentido, se acusa a Fariña de varias maniobras tendientes a blanquear dinero para Báez como la compra de un departamento de lujo en la Avenida del Libertador 2423 y en el cual el imputado convivió con su ex esposa Karina Jelinek. También de la compra de la sociedad Diego S.A, propietaria de ese inmueble, a través del padre de Fariña por u$s950.000 en el 2012.

En esa sociedad, Cecilia Bolocco era la principal accionista mientras que su representante legal era el abogado Jorge Luis Pérez Alatti, hasta el 2012 cuando se transfirió la mayoría del capital a Fariña padre y a dos abogados.

La AFIP recuerda también otro intento de blanqueo de $10 millones mediante una supuesta maniobra de despido laboral presentada en el Ministerio de Trabajo por el propio Fariña en el 2012, pero que no prosperó.

A esto se le agrega la adquisición de dos autos Mercedes Benz (MB) por u$s300.000 en la concesionaria Lonco Hue como otra de las maniobras de lavado de dinero.

En el caso de Elaskar, y si bien se lo menciona de manera constante en la causa, la AFIP decidió no pedir su condena por no tener probado el origen del dinero movido por el ex dueño de SGI.

De todos modos, los abogados del ente recaudador usaron los testimonios y las pruebas en donde se menciona a Elaskar para detallar la operatoria total de lavado de dinero que involucra a Báez, Fariña y el resto de los imputados en el ocultamiento del origen de esos fondos.