Cristóbal López reclama el fin de la quiebra de Oil Combustibles y retomar el control de la petrolera

Corren nuevos y mejores tiempos para Cristóbal López. El cambio de gobierno y su cercana relación con Alberto Fernández parecen haber mejorado las chances para que el empresario pueda recuperar la mayoría de las empresas que durante el macrismo perdió o se encuentran atravesando un complicado proceso judicial de quiebra.

Si bien López y su socio Fabián De Sousa se encuentran en libertad, las causas penales en contra de ambos se mantienen y se supone que seguirán el curso legal.

Fabián De Sousa y su socio afueron liberados el jueves 8 de octubre del año pasado, en el marco de los expedientes que investigaba el fallecido juez Claudio Bonadio vinculados con la causa de los Cuadernos. En ese momento, ya sus abogados anticipaban el objetivo del empresario de recuperar todas las firmas que según acusaban, le fueron arrebatadas sin ninguna razón. Luego de recuperar su libertad y al presentarse en los tribunales de Comodoro Py para notificar su situación judicial, López expresó: "Ahora recuperamos la libertad, el segundo paso será recuperar el manejo de las empresas. Cuando tengamos el manejo de las empresas, pagaremos todo lo que debemos".

Esa predicción ahora comenzó a tomar cuerpo. Ambos comenzaron a reclamar la devolución de las principales compañías que formaron parte del Grupo Indalo. En especial, Oil Combustibles, la petrolera que fue denunciada durante el anterior gobierno por una supuesta evasión impositiva y desvío de unos $8.000 millones que se habrían usado para agrandar el pool de activos del holding empresario.

La denuncia derivó en una importante causa con ramificaciones en varios juzgados, tanto comerciales como federales, y abrió un proceso de quiebra de la compañía que tramita desde hace cuatro años el juez Javier Cosentino.

Ahora, a través de sus abogados, Cristóbal López presentó un escrito solicitando el levantamiento de la quiebra de la petrolera y la devolución de sus actividades.

Lo hizo mediante lo que en la jerga judicial se conoce como avenimiento o un acuerdo o conciliación por el cual las partes involucradas en un proceso judicial deciden poner fin a la disputa, ya sea en una audiencia conciliatoria o por común acuerdo homologado judicialmente, con calidad de cosa juzgada, con lo cual la cuestión no puede volver a plantearse.

En ese marco, el escrito firmado por el abogado Javier Dubois también reclama la suspensión por 90 días de la distribución de fondos de Oil Combustibles que había definido la sindicatura a cargo de la quiebra de la petrolera.

Para justificar el pedido, el documento judicial asegura que el avenimiento es procedente debido a que en la quiebra se ha dictado el auto de verificación de los créditos y que no se concretó la última venta de activos ya que no fueron liquidadas las participaciones accionarias que Oil posee en el paquete de control de varias empresas como South Media Investment; Oil M&S; Petrolera Cerro Negro; CPC; Urbanizadora GEA y Alcalis de la Patagonia.

Pero el punto más importante en el pedido de Cristóbal López se centra en un acuerdo al que se habría llegado con la AFIP, el principal acreedor de Oil Combustibles y organismo que encabezó las demandas judiciales contra el empresario y su socio Fabián De Sousa.

Según el escrito judicial al que tuvo acceso iProfesional, existe voluntad de parte de los empresarios de sellar un acuerdo con el ente fiscal que contemple los intereses del ente recaudador y respete los derechos de los contribuyentes.

"Como demostración de ello, desde diciembre del 2019 se han formalizado presentaciones ante la AFIP solicitado y realizado audiencias y presentado documentación tendiente a esclarecer la situación de Oil Combustibles, su conducta fiscal y la persecución de que fuera objeto como base para negociar un avenimiento en el marco de la legalidad que establece la RG 3587/13 (Anexo A)", dice el documento que Dubois le presentó al juez de la causa hace unos días.

En esos términos, se aclara que la propuesta contempla el pago del 100% de la deuda verificada y declara admisible a favor de la AFIP y ofreciendo garantías. Es decir, algo más de $9.500 millones según consta en el expediente.

De hecho, el propio De Sousa solicitó a fines del año pasado una audiencia con Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, para encausar la renegociación del proceso asegurando haber sido blanco de una persecución efectuada por las anteriores autoridades del ente fiscal.

"Todas estas acciones han tenido como objetivo, y lo han logrado sobradamente, destruir mi honor, el de mi familia y el valor de las empresas que fueron, y siguen siendo, el resultado de toda una vida de trabajo", asegura De Sousa en la carta que le envió a Marcó del Pont.

Con respecto al resto de los acreedores, la oferta contempla negociar con todos para obtener la conformidad del levantamiento de la quiebra. Y si no se logra, el empresario pide que la quiebra se levante teniendo en cuenta que existen fondos suficientes para cancelar el pasivo restante.

De manera adicional se asegura que si el avenimiento tiene éxito, los acreedores cobrarán mucho más que "el magro dividendo falencial proyectado" por el síndico de la causa. "Van a tener la posibilidad de cobrar todas sus acreencias" se promete en el documento.

Anticipa además que la presentación del procedimiento para la conclusión de la quiebra no invalida la posibilidad de que ambos empresarios inicien acciones judiciales por resarcimiento de daños que correspondan a Oil Combustibles, a las sociedades de Indalo y a sus controlantes.

De todos modos, no se explica cómo harán para retomar los negocios de la petrolera que, en octubre del 2018, el juez Cosentino entregó a YPF a cambio del pago de u$s80 millones y mediante una licitación pública nacional e Internacional para vender el negocio de la firma en el marco del proceso que quiebra que finalzó con esa decisión.

En ese momento,  YPF ofertó u$s42,5 millones en sociedad con DAPSA. En tanto Trafigura, que en el país opera con la marca Puma de estaciones de servicio, propuso pagar u$s45 millones. Pero YPF hizo uso del derecho a igualar cualquier oferta que se presente por Oil tal como lo permiten los pliegos de la licitación. Sin embargo, la decisión obligó a Trafigura a aumentar su oferta hasta los u$s85 millones, cifra que también fue igualada por YPF. Una cifra lejana a los u$s102 millones que Cristóbal López pagó cuando le compró a Petrobras estos activos de la petrolera brasileña en la Argentina.