Clínicas y hospitales privados advierten sobre dificultad financiera y reclaman al Gobierno beneficios impositivos

Luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud acordaran con los laboratorios una rebaja en el precio de los medicamentos, ahora el Gobierno comenzaría con otra negociación en el sector de la salud.

Esta vez, con representantes de clínicas, hospitales privados y sanatorios que, a través de las siete cámaras que las representan, advierten estar sufriendo una crítica situación "terminal", incluso con empresas en cesación de pago y con "situaciones insostenibles" y hasta de "colapso" si no se modifican algunas regulaciones.

No se trata de un tema nuevo, ya que el anterior gobierno de Cambiemos también recibió los reclamos y hasta analizó algunas variantes para mejorar la situación y llevar algo de alivio a estas empresas mediante, por ejemplo, aumentar el mínimo no imponible para las contribuciones patronales y aplicar rebajas en las alícuotas de varios impuestos.

La idea era lograr por lo menos una rebaja del 5% del costo salarial y del 2% del costo operativo para ayudar a un sector golpeado por la devaluación y el encarecimiento de los precios de los insumos importados en el marco de un escenario de financiamiento casi inexistente o caro.

Con el cambio de autoridades, las negociaciones se enfriaron pero los problemas se mantuvieron, por lo cual ahora representantes de este sector privado de la salud retoman la iniciativa para ser escuchados por el presidente Alberto Fernández.

Advierten que el destino de la medicina privada depende decisivamente de lo que pase con la cobertura de salud de la seguridad social que está en riesgo por la escasez en la generación de empleo asalariado privado registrado, la generación de empleos de bajo financiamiento, el envejecimiento de la población y las defectuosas reglas del sistema de seguridad social.

"Todo esto está llevando al sistema de salud a una crisis de financiamiento" se asegura desde un informe económico elaborado en conjunto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim).

El trabajo agrega que las soluciones pasan por mejorar la consistencia financiera de los recursos per cápita y sincerar las exigencias del Programa Médico Obligatorio (PMO) a la disponibilidad de recursos per cápita de los diferentes segmentos de la población a través de un sector que atiende la salud de más del 70% de la sociedad.

Como forma de buscar negociar ayuda por parte del Estado nacional, el sector acaba de enviar una propuesta de implementación de medidas fiscales de protección para el sector de la salud a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

La iniciativa está englobada bajo el paraguas de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) y reclama la introducción en la Ley de Presupuesto para este año de un paquete de medidas que, según sus autores, benefician a las clínicas y sanatorios privados.

"La solicitud tiene su origen en la crisis terminal que atraviesa el sector de la salud, producto del deterioro progresivo e ininterrumpido que ha venido teniendo lugar durante décadas, el cual da cuenta de que, a pesar del rol fundamental que ocupa el sistema en la sociedad argentina, su protección jamás ha recibido el lugar que merece en la agenda pública", se sostiene en el documento.

Según sus autores, sufre de una estructura de costos y un ciclo de pago severamente dañados por las sucesivas devaluaciones, el proceso inflacionario, altísimas tasas de interés y distorsiones impositivas que asfixian y ponen en jaque la continuidad de estas prestadoras.

Las medidas propuestas tienen por objetivo aliviar el altísimo costo que para los actores del sector implica operar con sujetos exentos como el PAMI y las obras sociales.

A partir de este diagnóstico se reclaman varios cambios y reducciones de la carga tributaria:

• Admisión del cómputo del crédito fiscal del IVA originado por operaciones exentas y -en su caso- acreditación contra otros impuestos a cargo de la AFIP o contra las contribuciones patronales o, en su defecto, devolución o transferencia a favor de terceros responsables.

• Admisión de la posibilidad de considerar a las contribuciones patronales efectivamente abonadas como crédito fiscal en el IVA.

• Equiparación de los empleadores que integran el sector de la salud respecto del importe de las contribuciones patronales que les corresponde abonar, de manera tal que todos puedan ser encuadrados en el inciso b) del artículo 2 del Decreto 814.

• La exclusión de régimen de Factura de Crédito Electrónica MIPYMES de todos los actores que integran el sector de la salud.

• Prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de enero de este año.

• La reducción del impuesto a los créditos y débitos al 0,25.

• Moratoria especial que prevea la reducción de intereses resarcitorios, tasa de interés reducida, plazos extendidos de pago y eximición de sanciones, entre otras cuestiones.

"Los fundamentos que se exponen en esta presentación demuestran la imperiosa necesidad de introducir las medidas propuestas y su razonabilidad frente a la gravísima situación que atraviesa un sector de relevancia", añade la carta enviada a los diputados por empresas que aseguran ser "grandes generadores de empleo asalariado registrado".

Sostienen que más del 70% de sus costos operativos se asigna al pago de salarios y cargas sociales y que sus tasas de registración laboral son superiores al promedio de la economía y son grandes demandantes de mano de obra altamente calificada, en su mayoría profesionales y técnicos especializados.

Aclaran no ser agentes formadores de precios o intermediarios económicos y advierten que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y/o condiciones económico-financieras que le son impuestas.

Denuncian a la vez sufrir "un férreo control de precios por parte de los financiadores de la salud". Es decir, por obras sociales y el Pami, así como por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula el porcentaje de aumento de precios a la medicina prepaga, "generando una relación imperfecta en la cadena de valor en cuanto a traslado de aranceles se refiere".

Para la entidad que preside Jorge Cherro, las actuales condiciones del país provocaron que el sistema haya consumido muy rápidamente su capital de trabajo, efecto negativo que se advierte más rápidamente en las localidades del interior y que ha puesto a algunas instituciones al borde de la quiebra o de la cesación de pagos.

"La falta de respuestas concretas ha agravado la crisis del sector, independientemente del tamaño de sus distintos actores", argumentan.

En su documento también insisten con que la gravedad de la situación ha acortado los plazos, que se advierten no sólo graves problemas de financiación sino también económicos.

"La violenta modificación de variables económicas de los últimos meses y la pasividad de los gobiernos nacional y provinciales frente al brutal impacto de la crisis, han colocado al sector en una situación imprevista de tal magnitud y gravedad que provoca serias dudas sobre el principio de empresa en marcha", se asegura en otro párrafo del informe.