El Gobierno analiza subastar inmuebles propiedad de presuntos ex testaferros de los Kirchner

Teniendo en cuenta las críticas que Alberto Fernández viene dando a conocer sobre el funcionamiento de la Justicia y más que nada sobre las investigaciones que involucran a personajes cercanos a Cristina Kirchner, es incierto el futuro de los bienes confiscados en varias causas de corrupción que involucran a ex miembros del gobierno anterior.

En especial a los que varios jueces ordenaron enajenar para que sean subastados y que pertenecieron a Víctor Manzanares y Daniel Muñoz, ex contador de la futura vicepresidenta de la Nación y ex secretario privado de Néstor Kirchner respectivamente.

Ambos figuran en varios expedientes judiciales vinculados a las rutas de fondos que se volcaron a operaciones de blanqueo y diferentes transacciones comerciales como la creación de empresas fantasmas y compra de inmuebles para "esconder" el verdadero origen de esos fondos que, en realidad, habrían pertenecido a los Kirchner.

Con Manzanares libre desde mayo pasado y Muñoz fallecido en el 2016, ahora la justicia busca apurar los procedimientos para subastar nuevos bienes de ambos ubicados en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, bastión del kirchnerismo y "el lugar en el mundo" de la esposa de Néstor Kirchner.

En esa ciudad pasa los días Manzanares, encerrado en su viviendo y usando una tobillera electrónica a pesar de figurar en las causas que lleva adelante el juez Claudio Bonadío como imputado colaborador o arrepentido.

Y también allí se encuentran ubicados una serie de complejos habitacionales y viviendas que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) analiza subastar antes del cambio de gobierno o, en su defecto, dejar todo preparado para que la decisión la tomen las nuevas autoridades.

Según las fotos, videos y descripciones del organismo a las que pudo acceder iProfesional, uno de los complejos está ubicado en la calle Teniente Carlos Beccar 797/799 y se compone de seis departamentos iguales, conservados en buena estado y desocupados.

Tiene dos pisos. En la planta baja se encuentran el comedor, la cocina, un patio de pequeñas dimensiones y un toilette, además de un mini lavadero. Y en la planta alta, un dormitorio de cuatro metros por tres metros, y un baño.

Todos tienen la particularidad de contar con un sobre techo disimulado en el cielorraso y que llamó la atención y despertó suspicacias entre los investigadores teniendo en cuenta los relatos y sospechas sobre los millones de dólares que habría amasado el matrimonio Kirchner y que se encontrarían ocultos.

Por su parte en la Avenida Moyano al 587 se encuentran 11 inmuebles en un mismo complejo de los cuales cuatro están ocupados.

Como los anteriores, son todos iguales y también de dos pisos. En planta baja está la cocina- comedor, un lavadero, un patio chico y un baño. Y arriba dos habitaciones, un baño completo y un balcón chico.

También en los 11 departamentos se descubrió el mismo sistema de sobretecho que los que poseen los de la calle Carlos Beccar.

Ese mismo sistema se usó en la construcción de otros dos departamentos que esperan ser subastados y que se ubican en la Avenida San Martín 269 con la diferencia de que solamente cuentan con un piso en planta baja, con un local comercial al frente y el ingreso por un garaje.

Una de las viviendas posee cocina con barra comedor, un baño y una habitación. Y el otro, más grande, cuenta con una cocina amplia, un patio grande, dos habitaciones de cuatro metros por cuatro metros, además de un hall de entrada y baño.

Por ahora, ninguno de estos complejos tiene fecha de subasta confirmada ni valuación ya que en la AABE todavía analizan tanto la viabilidad de convocar ahora la licitación o esperar que lo decida el próximo gobierno.

La otra posibilidad es que las actuales autoridades de la AABE, con Ramón Lanús a la cabeza, definan la fecha de la subasta para el año próximo, para marcar de este modo el mecanismo que sus eventuales sucesores deberán optar por ratificar o cambiar.

Es que con la llegada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la Casa Rosada, este tipo de subastas de bienes de la corrupción confiscados por la justicia para ser vendidos y que el Estado pueda recuperar parte de lo robado por ex funcionarios y empresarios kirchneristas, podrían quedar en la nada.

De hecho, hasta ahora tampoco han despertado mucho interés los bienes que se intentaron subastar, quizá por la compleja situación del mercado inmobiliario o quizá porque nadie quiere aparecer como propietario de un inmueble que fue propiedad de allegados a quienes vuelven a tomar el poder político de la Argentina de la mano del regreso del kirchnerismo a la Casa de Gobierno.

El caso más paradigmático es el de un departamento ubicado en el complejo Chateau del barrio porteño de Puerto Madero que está a nombre de Sergio Todisco, uno de los testaferrosde Daniel Muñoz.

Esta vivienda ya se intentó subastar sin éxito el 25 de octubre pasado y ahora la AABE insistirá con su venta fijada para el próximo jueves 21 de noviembre con el mismo precio con el que salió a remate la primera vez. Es decir, u$s489.123, monto que incluye una cochera, una baulera y una unidad de 99,80 metros cuadrados compuesta por una habitación amplia, cocina, dos baños, dos balcones y un living, y se encuentra completamente vacío.

Será el último intento de la AABE por desprenderse de este bien que recibió de parte del juez Bonadío quien ordenó decomisarlos ya que fueron adquiridos por Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo de dinero recibido como producto de pagos de sobornos y coimas.

Según esa investigación, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner era el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios identificados en los cuadernos escritos por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, número dos del entonces Ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido.

En la misma nebulosa se encuentran dos aviones que eran propiedad de Lázaro Baez y que se intentaron vender sin éxito en tres oportunidades anteriores. Desde la AABE admitieron que no hay nueva fecha para volver a buscarle dueño a uno de los aviones que perteneció a la flota de Báez y que fue incautado por la justicia en una de la causa que involucran al empresario kirchnerista en casos de corrupción.

Se trata del Rockwell Commander 690, con matrícula LV-MBY con número de serie 11412, fabricado en los Estados Unidos y que las autoridades intentaron subastar hasta ahora en dos oportunidades, el 16 de agosto, el 6 de septiembre y el 11 de octubre. Todas terminaron en fracaso por falta de interesados.

El modelo formó parte de la flota de tres aviones comprados por el supuesto testaferro de Néstor Kirchner en sus años de apogeo para realizar viajes desde y hacia Santa Cruz, "el lugar en el mundo" del ex presidente y su esposa Cristina.

Ni siquiera la fuerte rebaja que se hizo en el precio generó interés. Es que en la primera subasta su valor de base fue de u$s211.300; en la segunda de u$s110.000 y en la tercera de u$s55.800, un monto incluso muy inferior a los u$s786.300 que originalmente fue tasado por la justicia cuando pasó a manos del Estado nacional.

La AABE recibió el encargo de su venta de parte del Tribunal oral en lo criminal Federal N° 4 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, que investiga al contratista por lavado en "la ruta del dinero K".

El avión formó parte de la empresa Top Air SA, que Báez utilizó para trasladar entre Río Gallegos y Buenos Aires cientos de bolsos con millones de dólares que, en muchos casos terminaron en departamentos y oficinas de Puerto Madero.

En realidad, la aerolínea era propiedad en un 51% de Walter Zanzot, empresario de estrechos lazos con la familia Báez al punto que se encuentra también acusado por lavado de dinero y su figura aparece en los famosos videos de La Rosadita. En tanto que el 49% restante de la sociedad estaba en manos de Austral Construcciones, la constructora usada por Baez para canalizar los dólares de la corrupción K.

Junto a este modelo, la justicia también decomisó una aeronave Learjet 35A, número 418 (matrícula LV-BPL), valuada en u$s575.000 que tampoco tiene fecha para ser rematado. Se trata del avión que el ex empleado bancario reconvertido en magnate por los "beneficios" de la era K, usó por última vez en libertad en aquella tarde del 5 de abril del 2016 cuando, proveniente de Río Gallegos, aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y fue detenido por agentes de la Policía Aeronáutica, por orden del juez Sebastián Casanello, en una causa por lavado de dinero. En cuanto a la tercera nave de la flota de Baez sufrió un incendio y quedó prácticamente inutilizada y desguazada.

Actualmente, las aeronaves están en el aeropuerto de San Fernando sin operar ya que tienen problemas técnicos que demandarían costos cercanos a los u$s400.000 para ser solucionados y reparados.

Además, se encuentran a la intemperie y expuestas a factores de riesgos haciendo que el Estado siga abonando los gastos de conservación y cuidado de estos bienes que pierden su valor y se deterioran aun sin uso, tal como advierten desde la AABE.

Hasta ahora, la AABE sólo logró subastar otros bienes que pertenecieron a Lázaro Báez y que también fueron decomisados por la justicia como 24 departamentos ubicado en el barrio porteño de Coghlan, propiedad de Austral Construcciones y cuyos valores oscilaron entre los u$s99.000 y los u$s230.000, según la superficie de cada unidad.

A esto se sumó la venta de una serie de autos de colección que Báez escondía en un galpón en Río Gallegos y que fueron subastados el 21 de junio pasado. De estos vehículos, lograron venderse solo dos. A los restantes se les bajará el valor de base y se fijará una nueva fecha de remate.

Lo mismo ocurre con un edificio ubicado sobre Panamericana kilómetro 49,5, en Pilar, tasado en u$s5,05 millones. Tampoco en en este caso hubo oferentes, por lo cual la AABE fijará una nueva fecha de remate con un valor base inferior, que rondará los u$s3.8 millones.

Se intentó subastar el 21 de agosto pasado, pero como ocurrió con los aviones, también sin éxito. Se trata de un predio que perteneció a Austral Construcciones y que el Juzgado en lo Comercial 28 ordenó vender en el marco de la quiebra de la empresa constructora involucrada en una investigación por delitos penales como lavado de dinero, facturación apócrifa, retención indebida de aportes y defraudación al Estado.