Petrobras se despide de la Bolsa local con una denuncia por posibles delitos económicos y financieros

El próximo 11 de noviembre será el último día de cotización de las acciones de Petrobras en el mercado bursátil argentino poniendo fin a ciclo como integrante del panel de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que inició cuando desembarcó en el 2002 con la compra de PeCom, la petrolera del grupo Perez Companc, por la cual abonó cerca de u$s1.000 millones.

Con un precio actual por título cercano a los $633, la petrolera estatal brasileña extendió el plazo de cotización de sus títulos locales casi un mes, teniendo en cuenta que la fecha inicial de salida de la bolsa porteña había sido fijado para la primer quincena de octubre pasado.

La decisión quedó plasmada en una nota enviada por Petrobras a las autoridades bursátiles locales en donde admite la extensión del período de listado de sus acciones en Bolsas y Mercados Argentinos y la prórroga de la fecha efectiva de retiro, aunque sin dar mayores razones sobre el cambio de fecha.

"Petróleo Brasileiro S.A. ha decidido la extensión del período de listado de sus acciones en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. hasta el 11 de noviembre de 2019",dice el comunicado en el cual se agrega que a las 17 horas de dicha fecha, sus acciones dejarán de tener oferta pública en la Argentina.

Si bien su salida del Merval fue decidida por el directorio de la compañía en agosto pasado, este fin de ciclo coincide con el cambio de gobierno en Argentina y con el enrarecimiento de las relaciones Jair Bolsonaro y Alberto Fernández al punto que el presidente brasileño ya avisó que no estará presente en la ceremonia de asunción del mandatario electo argentino.

De hecho, el board de la petrolera estatal brasileña había tomado la determinación de abandonar el régimen de oferta pública por entender que no tiene relevancia y le genera altos costos de mantenimiento que ascienden a u$s133.000 por año.

Pero, más allá de estas razones, la salida de Petrobras de la bolsa porteña también coincide con el inicio de una demanda en su contra que fue presentada ante la justicia el pasado 31 de octubre de la mano del Proselac.

Se trata de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que acusa a los directivos de la petrolera estatal de haber cometido en la Argentina delitos contra el orden económico y financiero establecidos en el Código Penal.

Más precisamente, de haber infringido dos artículos de dicha norma, denuncia que quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Penal Económico N°2 a cargo de Pablo Yadarola bajo la carátula de acción penal ("Petróleo Brasileiro S.A. Y Otros s/Infracción YArt 309, 1) Inc. B DeL C.P. Según Ley 26.733 –Denunciante: Procelac Y Otros").

Según explican desde Petrobras, se trataría de una denuncia para investigar la supuesta comisión de los delitos previstos en el art. 309 inc. 1.b e inc. 2 del Código Penal.

Es decir de haber ofrecido valores negociables o instrumentos financieros, "disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas" que establecen penas de uno a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años.

También de no haber informado a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos. Un delito que es penado con entre dos y seis años de carcel.

"A la fecha, la Sociedad no ha tenido acceso al expediente mencionado", agregan desde Petrobras sin dar mayores precisiones sobre la causa más que insistir en que "los hechos que se consideren relevantes serán oportunamente divulgados al mercado una vez que Petrobras tenga acceso al expediente".

De este modo, la petrolera estatal brasileña agrega un conflicto más a su historia reciente en el mercado argentino, en donde también es investigada en el marco de la causa Lavajato y en donde se ha ido desprediendo de casi todos sus activos, en algunos casos, de manera poco clara y con denuncias que también se tramitan en varios juzgados locales.

En este contexto, Petrobras fue liquidando una gran cantidad de activos y encarando un fuerte proceso de desinversiones en la Argentina como parte de una estrategia global con la cual busca optimizar su carteraz y mejorar la asignación de capital y generar valor para sus accionistas.b

Por eso, además de abandonar la Bolsa porteña, también busca vender el 34% de las acciones que controla en la procesadora de gas Mega, en la que comparte la propiedad con YPF (38%) y Dow Argentina (28%).

Esta operación se encuentra en la fase no vinculante relacionada con las ofertas por su tenencia accionaria en la empresa con base en Bahía Blanca.

Pero su proceso de salida de la Argentina data del 2010, cuando tomó la iniciativa de vender en un mismo paquete todos los activos que controlaba en el país con su filial Petrobras Argentina (PESA), con la cual supo ser la cuarta empresa productora de petróleo y gas más importante del mercado local.

En ese proceso, que estará culminado cuando venda sus acciones en Mega, se desprendió de 30 reservorios petroleros en Neuquén; una refinería en Bahía Blanca; una red de más de 600 estaciones de servicios; participación mayoritaria en Transportadora Gas del Sur (TGS); de la central térmica Genelba; de la hidroeléctrica Pichi Picún Leifú; y de plantas petroquímicas en Bahía Blanca y Santa Fe.

En la actualidad, solamente cuenta con una pequeña oficina en el micro centro con alrededor de cinco empleados. El plan de desinversión ya lleva casi una década y se inició en 2011, cuando traspasó sus campos petroleros de Santa Cruz a manos de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Eduardo Eurnekian.

Un año después, vendió su negocio de refinación ubicado en la localidad santafesina de San Lorenzo y 380 estaciones de servicio al empresario kirchnerista Cristóbal López.

La operación se cerró en u$s110 millones y marcó el principio del fin del desguace de Petrobras Argentina (PESA), que hasta ese momento competía por el mercado con YPF, Shell y Pan American Energy (PAE).

Pero la venta estuvo plagada de sospechas y hasta formó parte de las investigaciones del Lava Jato, el caso de corrupción de mayor gravedad en la historia de Brasil y que tuvo a Petrobras como una de las empresas más involucradas junto al holding constructor Odebrecht.

De hecho, el traspaso de esos activos al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue investigado por la justicia argentina y la brasileña en el marco de procesos vinculados a evasión impositiva y pago de sobornos a ex funcionarios y empresarios de ambos países.

Sin embargo, los empresarios K lograron hacerse cargo de las actividades y Petrobras pasó a mantener nada más que sus operaciones de exploración y producción de petróleo en el país.

En esos años, Petrobras aceleró su salida del mercado argentino, acuciada por la necesidad de achicar una deuda global que ascendía a los u$s90.000 millones y refinanciar su déficit con los bancos acreedores. Eso, en momentos en los que varios de sus máximos ejecutivos desfilaron por los tribunales brasileños acusados de enriquecimiento ilícito.

El caso incluso fue uno de los detonantes de la destitución de Dilma Roussef como presidenta de Brasil y de la llegada de Michel Temer en su reemplazo. El objetivo era salir de mercados no estratégicos y refundar la petrolera tanto en imagen como en sus finanzas con la venta de sus operaciones en Argentina, al igual que de actividades en otros países.

Por eso, a fines del 2015 volvió a reducir su presencia en el país con el traspaso de todos los activos de PESA que finalmente quedaron en manos de Pampa Energía. El grupo que comanda Marcelo Mindlin pagó u$s897 millones por el total de las acciones de Petrobras Participaciones S.L. -a su vez, dueña del 67,1% de PESA-, mientras que el resto cotizaba en la bolsa porteña.

Como parte de esa transacción, Pampa Energía debió vender las acciones de PESA en Transportadora de Gas del Sur (TGS), para cumplir con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nº 24.076 que regula el transporte y distribución de gas natural.

Se los cedió a Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrantes del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki), WST S.A. (integrantes del Grupo Werthein) y PCT L.L.C., que pagaron u$s233 millones por la compra del paquete accionario y derechos que tenía PESA en TGS.

De manera adicional, Pampa promovió y concretó una oferta pública de adquisición obligatoria en efectivo de las acciones de la petrolera que cotizaban en el Merval.

En el mismo momento, Petrobras cedió el área Aguaragüe a Tecpetrol, empresa del grupo Techint con la que participaba de la explotación de esta zona hidrocarburífera.