La posible liberación de Cristóbal López, motivo de discrepancia entre Alberto Fernández y Cristina

Las probables liberaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa que un tribunal judicial estaría a punto de concretar antes de que finalice esta semana o a más tardar el lunes próximo, genera rispideces entre los integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos. Es decir, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El candidato a reemplazar a Mauricio Macri en la presidencia de la Nación el próximo 10 diciembre está de acuerdo con la posible determinación judicial mientras que la ex presidenta y actual senadora la rechaza.

En el caso de Alberto Fernández, no se trata de una postura especialmente adoptada por los lazos personales que lo unen a los fundadores del Grupo Indalo. Es más bien una posición legalista contra lo que considera abuso por parte de los jueces del uso de la prisión preventiva. De hecho, lo repite cada vez que se lo preguntan por entender que son arbitrarias las prisiones preventivas ordenadas por los jueces que investigan a ex funcionarios y empresarios kirchneristas vinculados en causas de corrupción.

Por su parte, Cristina Kirchner no quiere que ver a Cristóbal López y su socio libres antes de las elecciones del próximo 27 de octubre. Considera que "joden" la campaña electoral si la justicia les permite abandonar los calabozos que ocupan en el penal de Ezeiza.

La ex presidenta también estaría influenciada por varios dirigentes de La Cámpora, de mala relación con ambos empresarios y que tampoco ven con agrado una eventual decisión judicial que los favorezca.

No, por lo menos antes de asegurarse el triunfo electoral ya que además comparten la visión de la madre de Máximo Kirchner sobre que ambos son "piantavotos" porque ya fueron condenados por la sociedad aún antes de que lo haga o no la justicia.

En el mismo lugar ponen a otro empresario K como Lázaro Báez, y a los ex funcionarios del anterior gobierno que también pasan sus días en Ezeiza y Marcos Paz, como Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros, pero que lo hacen por haber sido ya condenados de manera efectiva en alguna de las tantas causas que enfrentan en los tribunales federales.

Pero en el caso de Cristóbal López y Fabián De Sousa también se suma un componente personal en la postura de Cristina Kirchner. Es que los socios de Indalo forjaron una mejor relación con Néstor Kirchner que no fue continuada con la misma profundidad con la ex presidenta.

Es más, ambos empresarios construyeron en la era Néstor la mayor parte de uno de los emporios empresarios más grandes de la Argentina que llegó a controlar un centenar de compañía y emplear a 18.000 trabajadores.

Un grupo controversial

El Grupo Indalo fue fundado en el 2001 y llegó a agrupar a una amplia gama de empresas de producción y servicios de diferentes rubros como medios de comunicación, petroleras, inversoras, constructoras, industria alimentaria, bancas, entre otros. Tuvo su época de apogeo casi en los mismos años de la presidencia de Néstor Kirchner y quizá del primer mandato de Cristina.

Pero, luego de una denuncia impulsada por la AFIP por supuesta evasión impositiva de su empresa petrolera Oil Combustibles y del cambio de gobierno en 2015, el éxito de Indalo se fue apagando.

Desde ese momento, sus empresas comenzaron a sufrir graves problemas financieros hasta entrar casi todas en default, y sus fundadores finalmente fueron procesados y enviados a prisión en diciembre del 2017 aunque por otra causa diferente a la de Oil Combustibles.

En concreto, fueron encarcelados por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa que les abrió por la supuesta venta ilegal del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017.

Pero tras casi dos años de sumario, otra jueza les dictó el sobreseimiento. Fue María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Federal N 5, quien también sobreseyó a los dueños del grupo inversor, Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre "por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado, dejando constancia que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado".

De manera inmediata, los abogados de López y De Sousa pidieron la excarcelación de ambos empresarios que cumplen prisión efectiva en los penales de Ezeiza y Marcos Paz y enfrentan otras dos causas penales que les abrió el juez Claudio Bonadío, además de la que tramita Ercolini por un supuesto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años.

Ante este probable escenario de liberación, la propia Cristina Kirchner fue quien comunicó su postura anti liberación a allegados de los dos empresarios quienes, de todos modos, le dieron poca entidad a los pensamientos de la ex mandataria y esperan confiados un fallo favorable parar ambos empresarios.

Respaldan las presentaciones de los abogados que defienden a los dueños de Indalo, Carlos Beraldi, a Fabián De Sousa; y Fabián Lértora, a Cristóbal López, quienes están seguros de que sus defendidos seguirán los casos en libertad.

Creen que los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones atenderán las razones en las cuales se fundamentan los pedidos de eximición de prisión a pesar de la oposición de Bonadío y de las posibilidades de que, a partir de otra causa que tiene a cargo el mismo magistrado, puedan ser mantenidos tras las rejas.

La apelación fue presentada luego de que Bonadío rechazó las excarcelaciones de sus defendidos, el 20 de septiembre pasado. Ese día, el magistrado decidió mantenerlos en prisión preventiva a pesar de un fallo de principios de septiembre que los sobreseyó en la causa por la venta de Oil Combustibles.

El juez, quien también investiga la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, no aceptó el pedido por entender que no puede liberarlos por las demás detenciones que tienen en su haber y en las cuales se les atribuye lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho.

Lo hizo a pesar de que el fiscal Jorge Di Lello accedió al pedido en la investigación que se lleva adelante por irregularidades en la construcción de un acueducto en el sur del país y por la cual Bonadío los mantiene en prisión.

Es más, el magistrado optó por subir la apuesta para evitar que López y De Sousa sigan en libertad sus procesos judiciales al activar una nueva causa hace pocos días en la que los empresarios todavía no fueron procesados para frenar un posible fallo favorable de la Cámara Federal en el pedido de eximición de prisión que presentaron los abogados de ambos.

Los letrados también plantearon un pedido de apartamiento contra el magistrado y se advirtió que se habían violado las garantías de defensa en juicio, por un fallido traslado para que Cristóbal López se sometiera a un estudio médico en un sanatorio privado y por la demora en las notificaciones de las novedades de la causa.

Sus abogados entendieron que el único "remedio" a esta situación era el apartamiento del juez del caso. Pero, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Mariano Llorens rechazó la recusación y pidió "una mejor y más eficiente tramitación de las causas judiciales y dotar al sistema de la publicidad, transparencia y uniformidad necesaria para garantizar los derechos de las partes", en un documento judicial.

La nueva causa contra López y De Sousa surge de una denuncia que radicó la Oficina Anticorrupción en 2017 por obras que buscaban mejorar el abastecimiento de agua potable de un acueducto que toma agua desde el lago Muster, ubicado entre Chubut y Santa Cruz.

Con estos nuevos antecedentes, la Sala I de la Cámara Federal deberá el jueves que intervenir en el análisis de la nueva causa y evaluar una apelación a la eximición de prisión.

Cerca de López y De Sousa creen como más que probable que ambos empresarios reciban el jueves la noticia que esperan desde hace ya más de un año y puedan seguir sus causas en libertad. Si esto ocurre, el fallo de la Cámara se cumpliría un día después. Es decir, el viernes 4 de octubre o se esperaría a que transcurra el fin de semana para hacer efectiva la excarcelación el lunes 7 de octubre.