Empresarios del negocio de las naftas están en alerta: por qué advierten por una potencial crisis hasta que llegue el "día 91"

En simultáneo a la preocupación en torno a los eventuales efectos que acarreará el cepo vigente, en el ámbito de los combustibles no hay dudas en que la salida del congelamiento de 90 días fijado por el Gobierno nacional hará saltar los valores una vez superado ese lapso.

Lo difícil de determinar para los actores de la cadena, dada la fluctuación que sigue exhibiendo el dólar, es de cuánto será el "golpe" y cómo las petroleras afrontarán el compromiso de garantizar el flujo de combustible hasta entonces.

Sobre todo, teniendo en cuenta que la decisión del macrismo les originará pérdidas mensuales de cuanto menos 120 millones de dólares, según blanquearon fuentes cercana a la estatal YPF en las últimas horas.

En torno a las compañías que producen combustibles no terminan de ponerse de acuerdo respecto de cuán atrasado quedará el valor de las naftas en estos 90 días. Los cálculos más conservadores barajan una pauta del orden del 30 por ciento.

Esto, claro, si el dólar se estaciona muy cerca de los 60 pesos, la inflación deja de acelerarse y el valor del crudo internacional no presenta grandes variaciones. Sin embargo, hay otro foco de preocupacion: ¿qué sucederá el día 91, si quien está en el poder es Alberto Fernández? ¿Procederá a "descongelar" el precio? ¿O demorará la actualización de precios?

Frente a este interrogante, un alto directivo de una de las principales petroleras del país advirtió a iProfesional que "pasados los 90 días, gane quien gane, hay que retomar el camino de la libertad de precios en los hidrocarburos. Costó muchísimo llegar a eso y es una pena que el Gobierno que lo logró termine retrocediendo. No es extraño hablar de una nafta a casi 60 pesos teniendo en cuenta todas las variables que hacen al precio. Hay que borrar cualquier posibilidad de volver al barril 'criollo'". 

Inversiones en la mira

El ejecutivo sostuvo que la decisión actual le quita envión a todas las inversiones que vienen promoviendo los actores del mercado, y alertó sobre un eventual parate en buena parte de las actividades que hoy se llevan a cabo en el reservorio Vaca Muerta.

"Se está jugando con fuego. Con señales como las que se está dando lo más probable es que ocurran postergaciones en los planes de las empresas. Queda esperar que quien ostente la presidencia no caiga en la idea de postergar el congelamiento", añadió.

Está claro que las petroleras ejercerán presión para torcer cualquier intento de sostener por más de 90 días los precios actuales. Pero las compañías tienen en claro que aplicar una suba de un 30 % de un solo tirón provocaría un cimbronazo político, por lo que acompañarían cualquier plan de "retoques" fraccionados aunque sucesivos. Saben que un eventual gobierno del Frente de Todos no convalidará esta idea. 

"Aplicar un incremento total, de una sola vez, complicará a cualquier gobierno. Habrá que buscar un camino para fijar subas escalonadas, siempre desde la perspectiva de la libertad de precios", expresó la fuente. 

Otra fuente del ámbito del refinamiento, siempre bajo estricto off the record, coincidió con esta mirada.

 "Los precios van a quedar con un retraso de por los menos un 30 por ciento. A la salida del congelamiento lo sensato sería establecer ajustes parciales. En el mientras tanto, hay que ver si el Gobierno impone algún tipo de compensación para las empresas o aplica alguna ayuda en términos de exenciones impositivas. Si no, lo más probable es que se presione para terminar con el congelamiento mucho antes", aseguró ante iProfesional.

En las últimas horas, elmacrismo liberó el precio de los combustibles en el mercado mayorista con un tipo de cambio de 50 pesos por dólar. Pero desde el ámbito del expendio rápidamente aclararon que la modificación no repercutirá en los puntos de venta.

"La modificación no llega al canal de las estaciones de servicio. Es para el agro, barcos y aviones. Pero no para el segmento de los automovilistas", remarcaron ante iProfesional fuentes de la Federación de Expendedores y Combustibles del Centro (FECAC).

Nuevo valor

De consolidarse un aumento posterior bajo ese porcentaje, el litro de nafta súper pasará a costar algo más de 58 pesos, mientras que la alternativa premium alcanzará los 67 pesos. Por el lado del gasoil, la opción más económica quedaría en 54 pesos mientras que el combustible más costoso llegaría a los 63 pesos la unidad.

"Son todos cálculos preliminares porque la realidad es que nadie tiene posibilidad alguna de saber qué ocurrirá esta semana o la siguiente. El punto de equilibrio se perdió luego del viernes 9 y no volverá a ese lugar porque no hay voluntad económica y política para reinstalar al dólar en los valores de ese momento. Hay que pensar y calcular todo a partir de los 60 pesos", añadió.

El aspecto que más desvela a los empresarios tiene que ver con el abastecimiento dado que, comentaron a iProfesional sendas fuentes del sector, compañías como Puma bajaron el ritmo de entrega como estrategia para mantener pisados los costos.

"Hasta tanto el Gobierno no de a conocer un plan de compensaciones a las compañías por este esfuerzo que deben hacer, es lógico pensar que alguna de las empresas disminuirá el ritmo de entrega o el procesamiento", dijo a iProfesional una fuente del refinamiento.

"Están los que olfatean que algo así puede volver a pasar y están alertas", comentó a este medio Guillermo Lego, gerente de CECHA, la confederación que integra a estacioneros de toda la Argentina.

Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores y Combustibles del Centro (FECAC), confía en que el Gobierno negociará un paquete de medidas con el fin de menguar el impacto que el congelamiento tendrá sobre los números de las petroleras.

De esa forma, expuso el directivo ante iProfesional, las compañías no encontrarían motivo para aumentar fuerte los combustibles una vez superados los 90 días establecidos.

"Si se eliminan impuestos y se establece algún tipo de bono para las petroleras, entonces las empresas podrían equiparar los costos. Lo más sano para el sector sería negociar en ese sentido. Y que el congelamiento dure menos que lo fijado", dijo el entrevistado.

Luego añadió: "Hoy el 45 por ciento del precio final del litro corresponde a impuestos. El Gobierno puede ajustar en ese sentido para eliminar el impacto".

Críticas de Aranguren

A la par de los cuestionamientos a la decisión oficial de congelar las naftas y el temor de los estacioneros al desabastecimiento, en las últimas horas se conocieron críticas realizadas por Juan José Aranguren, exministro de Energía de la Nación.

A través de su consultora Energy Consilium, el ex funcionario divulgó un informe en el que, entre otros aspectos, tildó a la medida oficial de "desincentivo a la inversión".

"Consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector", sostiene el documento.

"Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", añade.

Sigue el informe de Energy Consilium: "El DNU significa una alteración significativa en la política energética y es incompatible con el avance hacia una política energética sustentable que permita enfrentar los grandes desafíos que tiene la Argentina y el mundo respecto a su relación con la energía y el cambio climático".

El texto advierte que "las provincias productoras de hidrocarburos, así como las empresas productoras de petróleo crudo, evaluarán la oportunidad y pertinencia de encarar acciones administrativas y judiciales para anular o limitar los alcances del DNU."

Y expone como último argumento que, de ocurrir lo anterior, "tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017."