Naftas: ante amenazas judiciales y de freno a inversiones, el Gobierno convoca a petroleras
El Gobierno dispuso este viernes el congelamientos de precios por 90 días en la cadena de producción de combustibles, lo que generó la advertencia de las provincias petroleras de Neuquén y Río Negro de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y de algunas empresas de reducir sus inversiones.
A través del decreto 566/2019, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional congeló los precios de los combustibles por 90 días, pese a no alcanzar un acuerdo con los empresarios del sector de producción y comercialización de hidrocarburos.
En este marco de extrema tensión, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, convocaron a gobernadores y compañías petroleras a una reunión que se realizará este martes.
"Admitimos que fue una medida unilateral de parte del Gobierno, pero hablamos con todos los actores y no encontramos una solución de consenso. Cada uno quería que no le toquen su parte, que el ajuste lo hago otro, y no había espacio para una solución. Ahora tendremos más tiempo y más estabilidad", explican desde la Secretaría de Energía, según publica La Nación.
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Según trascendió, la idea del Gobierno es mantener una mesa sectorial que se reúna de manera períodica, cada diez días, para evaluar el avance de la situación.
Polémica por el congelamiento de precios
La norma estableció que las entregas de petróleo crudo deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, por lo que se deberá aplicar un tipo de cambio de 45,19 pesos por dólar y un precio del Brent de US$ 59 el barril.
A poco de oficializarse el anuncio que el presidente Mauricio Macri realizó el miércoles, como parte de un paquete de medidas para aliviar el efecto de la devaluación de la semana, las provincias de Neuquén y Río Negro alertaron sobre el perjuicio que la medida representará a sus ingresos y que plantearán la inconstitucionalidad de la norma ante la Justicia.
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El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, confirmó el viernes que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado "para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden".
Fuentes de la gobernación señalaron que el recurso en estudio es el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia ante la Corte Suprema de Justicia, En tanto, Monteiro remarcó la necesidad de "trabajar una propuesta consensuada para implementar la medida".
En la misma línea, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la necesidad de establecer medidas de alivio pero entendió que "este costo no debe ser pagado solamente por las provincias ya que con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte".
El gobierno provincial estimó que en los tres meses que durará la medida "Río Negro sufrirá un impacto negativo de más de $612 millones" por lo que Weretilneck no descartó que la provincia recurrirá a la Justicia Federal para evitar las consecuencias económicas.
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Por su parte, el descontento de las empresas petroleras fue reflejado por el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, quien alertó que "con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción de Vaca Muerta" y aseguró que la decisión oficial tiene un "tiene un impacto brutal" en esa formación.
Remy, virtual vocero de las principales empresas productoras privadas, sostuvo que si bien "la industria entendía la necesidad de que alguna medida debía ser tomada", con el congelamiento "no se puede seguir perforando a pérdida" y puntualizó que ello puede afectar también a los trabajadores del sector.
También a raíz de la oficialización de la medida, YPF comunicó los alcances de la medida a sus accionistas, tarea a cargo del CEO de la empresa Daniel González, quien estimó que la medida representará un impacto negativo de hasta u$s120 millones mensuales, por lo que anticipó un recorte en sus planes de gastos de capital de la misma magnitud.
El CEO de la compañía, cuyo 51% accionario esta bajo control del Estado argentino, dijo que esa decisión de reducir las inversiones podría ralentizar el crecimiento de la producción y si bien entendió prematuro cuantificarlo adelantó que tendrán un impacto negativo en las reservas de recursos.
El tema fue motivo también del pronunciamiento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que pidió se suspenda la entrada en vigencia del DNU y reclamó que se convoque a toda la cadena de valor de hidrocarburos para a buscar "un adecuado equilibrio".