Edelap y el efecto Kicillof: la Provincia mantendrá concesión para evitar otro caso YPF

El juicio que la Argentina tiene más probadas chances de perder en la Corte Suprema de Nueva York por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo, es el espejo que por estas horas miran desde la gobernación bonaerense para definir si profundizan o no la avanzada contra Edelap y se reclama la rescisión de la concesión.

La causa que involucra a la petrolera estatal y que llevan adelante dos fondos inversores y la familia Eskenazi le costaría al país alrededor de u$s3.500 millones por la mala decisión que tomó Axel Kicillof cuando era ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández.

Desde ese cargo, el ahora candidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo reestatizó la compañía con formas que, según los denunciantes, violaron los contratos y el estatuto de privatización de YPF al no extender la compra de las acciones a todos los tenedores de esos papeles.

Si bien es caso es más que complejo, la judicialización de la interrupción del contrato de concesión es lo que, de algún modo, frena los intentos de algunos funcionarios cercanos a la gobernadora María Eugenia Vidal para quitarle a Edelap el servicio de distribución de electricidad que brinda a 350.000 usuarios distribuidos en la ciudad de La Plata y varias localidades del noreste bonaerense.

La empresa es propiedad del holding Desarrolladora Energética S.A (DESA), controlado por el empresario Rogelio Pagano, quien se la compró en el 2017 a la sociedad Disvol, del ex CEO de Edenor, Alejandro Macfarlane.

En la actualidad, se encuentra en el centro de todas las críticas por su responsabilidad en el corte de luz que sufrieron 50.000 de sus clientes de la capital bonaerense y otros partidos desde el sábado 22 de junio pasado.

El riesgo de la rescición

Más allá de las sanciones ya dispuestas por las autoridades provinciales, la quita de la concesión se mantiene aún como una probabilidad para ciertos sectores del oficialismo pero no tiene chances prácticas de suceder.

Es que no sería una tarea sencilla. De hecho, fuentes consultadas por iProfesional advierten que no se trata de una opción si se tiene en cuenta los costos políticos y también económicos que acarrearía en plena campaña electoral.

Aclaran que si bien la empresa es 100% responsable del apagón y que el sumario abierto contra sus ejecutivos se mantendrá, no hay argumentos legales ni tiempo suficiente para anular el contrato de concesión firmado en el 2011.

Remarcan lo "ejemplificador" de las medidas dispuestas tanto por el gobierno provincial como por la intendencia de La Plata y el organismo de control del servicio energético bonaerense.

Se refieren a la multa contra la empresa por alrededor de $150 millones como la más alta en la historia de la provincia y de características inéditas para un concesionario de servicios públicos.

A esto le suman la decisión de que los afectados no paguen la boleta completa de junio, la denuncia penal iniciada por el intendente platense, Julio Garro contra los ejecutivos de Edelap y la postura de la gobernadora Vidal de acompañar a todos los clientes víctimas del apagón en sus demandas por daños y perjuicios contra la distribuidora.

También hacen referencia a que la totalidad del monto de la multa será repartido entre los clientes afectados por el corte. Es decir, en las próximas facturas los 50.000 afectados tendrán un crédito a favor en las próximas boletas.

Descartan además las acusaciones de sobreactuación ante el problema, teniendo en cuenta que ocurrió solamente cinco días después del gran apagón que dejó sin electricidad a toda la Argentina y Uruguay y a parte de Brasil y Paraguay.

No hubo, dicen, una mayor sensibilidad por lo que ocurrió en La Plata debido al black out del 20 de junio. "Se hubiese tratado de la misma manera porque lo de la empresa Edelap fue un papelón, al dejar a miles de personas cinco días sin luz", argumentan.

Pero rechazan la posibilidad de estudiar una eventual quita de la concesión. No lo hacen por convicción o defensa de la empresa sino por razones de practicidad política y para evitar futuros daños a las arcas de la provincia ante un eventual juicio que puedan iniciar los dueños de Edelap.

De hecho, fuentes cercanas a Rogelio Pagano aseguran que las amenazas vinculadas a esta decisión son más mediáticas que reales. Sostienen que dar de baja una concesión como la de Edelap no es sencillo y advierten que abriría el camino a nuevo juicio contra el Estado provincial de costos incalculables.

Recuerdan también que sin la empresa en la concesión, alguien debería hacerse cargo del servicio, algo que con las elecciones a la vuelta de la esquina y con el futuro de las tarifas incierto parece bastante difícil de concretar. Más, si se piensa en encontrar un nuevo grupo inversor privado en las actuales condiciones de mercado.

Para suavizar la crisis y el enfrentamiento que por estas horas existe entre la tropa de Vidal y los ejecutivos de Edelap, desde la empresa aseguran estar "a disposición de los procesos y requerimientos de información que necesiten las autoridades competentes, cumpliendo con el contrato de concesión y los regímenes sancionatorios". Dicen también estar agilizando las gestiones para la ejecución de la obra.

En este sentido, se refieren a los trabajos que permitirán respaldar la alimentación en Alta Tensión de la Subestación City Bell, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de un evento de similares características.

Desde la Provincia analizan el razonamiento de Edelap con enojo y suspicacia ya que se trata de una obra que fue anunciada por la empresa en el 2007 para luego ser eternamente postergada por el congelamiento tarifario impuesto por el kirchnerismo.

Este proceso llevó a Edelap a suspender la obra, hasta que fue nuevamente anunciada en el 2016 pero para llevarse a cabo recién en el 2020 y como parte del plan de inversiones que la compañía está cumpliendo actualmente.

Pero más allá de los argumentos técnicos y económicos vinculados a los costos de la crisis, está claro que la empresa y sus ejecutivos perdieron la confianza de la propia gobernadora Vidal.

"No le importa quién es Pagano, el dueño del holding a cargo de Edelap, sino lo mal que actuaron ante la situación, por lo cual casi tampoco hay diálogo", advierten cerca de quien busca ser reelecta en su cargo por otros cuatro años.

Mientras tanto, en la compañía prefieren no agitar más las aguas y limitarse a informar que se comenzaron con las tareas sobre el cable subterráneo que generó el apagón. Es decir, el Alta Tensión (de 132 kilovolts) que abastece a la Subestación City Bell y que ya se encuentra operativo y en condiciones de suministrar energía a la zona norte de La Plata.

El personal de Edelap se dispone en estos momentos a llevar adelante el proceso de reconfiguración de la red y el retiro de los 66 grupos electrógenos que fueron instalados en la zona, incluyendo el Parque Generador movilizado desde Rosario, para retornar a la provisión de energía desde la subestación.

El primer paso, agregan desde la compañía, será la desvinculación del principal nodo del Parque Generador montado al pie de la propia Subestación City Bell (en el Camino General Belgrano y 465).

Posterioremente, se retirarán los generadores, recuperando en cada punto el suministro de electricidad habitual de la red, lo que también requerirá de interrupciones momentáneas.

"La puesta en servicio nuevamente del tendido afectado, es alcanzada tras haber finalizado con éxito una compleja reparación que fue llevada adelante por personal especializado que trabajó sostenidamente, las 24 horas y bajo condiciones climáticas adversas", se justifican desde Edelap.