Por el traspaso de jurisdicción, Edenor y Edesur deberán desembolsar cerca de $11.000 millones

Por el traspaso de Edesur y Edenor a los ámbitos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires las dos empresas deberán desembolsar algo más de $11.000 millones en los próximos años.

Los fondos deberán destinarse a nuevas inversiones en sus áreas de concesión; a ponerse al día con viejas deudas contraídas durante los últimos 12 años con el Estado nacional, al pago de multas por fallas en el suministro del servicio durante el mismo período y a actualizar alícuotas del impuesto a las Ganancias no canceladas de esos compromisos generados con el sector público a partir del 2005.

Sin embargo, el dinero no será aportado en partes iguales ya que a Edesur le toca la mayor parte. La compañía propiedad del grupo italiano Enel tendrá que desembolsar $4.500 millones para inversiones, otros $4.000 millones para cancelar deudas por compra de energía y multas, y una considerable suma todavía no cuantificada para Ganancias.

En el caso de Edenor, solamente tendrá que aportar $2.500 millones para inversiones ya que quedaría con cuentas pendientes con el Estado nacional, ni retrasos por viejos reclamos en el marco de deudas cruzadas con la Nación que involucran una suma cercana a los $50.000 millones.

Se trata de un monto que surge de cruzar el total de multas, el incumplimiento en el pago de la energía comprada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con el supuesto retraso en los ingresos sufridos por ambas distribuidoras debido a los más de 13 años de congelamiento de tarifas que se iniciaron durante la presidencia de Néstor Kirchner y continuaron hasta el primer año de gestión de Mauricio Macri.

La decisión de blanquear los números y poner las cuentas en orden se tomó desde el gobierno nacional para terminar de concretar la transferencia de la jurisdicción de las concesionarias de distribución de electricidad a manos de Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Y forma parte del acta acuerdo que se dará a conocer públicamente en las próximas horas y que fue firmada por los máximos ejecutivos de Edesur y Edenor, junto a funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Hacienda, y de los gobiernos porteño y bonaerense.

Según pudo saber iProfesional, el convenio será publicado por el Gobierno durante la tarde de este viernes 9 de mayo, una vez finalizada la jornada bursátil. Como Edesur y Edenor cotizan en el Merval, se intentará evitar cualquier fluctuación o especulación con el valor de las acciones de las empresas, dando a conocer el acta una vez terminada la rueda bursátil.

El convenio destraba el traspaso y se convierte en el debut de los gobiernos de la Ciudad y Provincia en el control de ambas concesiones que, desde que fueron privatizadas en la década de los 90, estuvieron bajo la órbita de la Nación a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como organismo de control del sector.

A partir de ahora, el ámbito regulatorio, así como las políticas tarifarias y de inversiones pasa a la órbita de un nuevo ente bipartito que funcionará bajo el nombre de Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE), que solamente tendrá jurisdicción en lo referido a la distribución eléctrica, mientras que el resto de las funciones se mantendrán bajo la órbita del ENRE.

Cuando en febrero pasado comenzaron las negociaciones para darle forma al traspaso de la jurisdicción ya se había suscripto un acta en la cual se establecieron ciertos puntos y aspectos relacionados con las deudas y reclamos cruzados.

La idea era encontrar una solución integral al problema y evitar que se judicialice el escenario en el cual convivían millonarios reclamos entre las distribuidoras y el Estado nacional por incumplimientos de todo tipo, entre los que se destacaba el olvido que tuvo el acuerdo de renegociación de tarifas que en el 2005 firmó Néstor Kirchner pero que nunca se llevó a cabo, marcando el inicio del congelamiento de las facturas y del deterioro financiero y de caja que sufrieron las distribuidoras durante todo ese período.

De hecho, parte del endeudamiento acumulado por Edesur y Edenor surge de la falta de fondos que esa política kirchnerista les generó para poder pagar el uso de la electricidad que compraban a través de Cammesa.

Con el correr de los años, se acumularon deudas por $36.500 millones por el no cumplimiento de estos compromisos con los accionistas de Cammesa. Es decir, con el Estado, representado por la Secretaría de Energía, empresas generadoras, transportistas, distribuidoras, y por grandes usuarios de energía.

Según un informe oficial, del total de ese dinero impago, $17.000 millones se acumularon durante la época del kirchnerismo, cuando las tarifas estaban congeladas, y el resto por deuda nueva generada desde 2016 por atrasos en los plazos de pago y que se fue incrementando por la suba del valor de la energía, que está dolarizado, y precisamente por la devaluación del peso frente al dólar. También porque el precio de la generación subió tras haberse recortado los subsidios.

Pero a partir del cambio de jurisdicción, esas cifras pasaron a ser una anécdota ya que se compensaron y se "netearon" las deudas cruzadas aunque el resultado final fue favorable a las arcas del Estado nacional. Es decir, para Cammesa que recibirá en los próximos años los $4.000 millones de Edesur en cómodas cuotas.

La distribuidora de Enel también tendrá que pagar otros $500 millones por multas acumuladas, pero en este caso al ENRE. Esta obligación está incluida en el acuerdo que se dará a conocer en las próximas horas y que, según las fuentes oficiales, no tiene costos para el Estado nacional, al compensar esas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el convenio marco alcanzado para el suministro en asentamientos informales, con las multas aplicadas a las distribuidoras y los adelantos otorgados por Cammesa hasta el 2015 en concepto de incrementos tarifarios a cuenta.

De hecho, en el 2016 el Gobierno le condonó a las empresas parte de la deuda con Cammesa, a pesar de que públicamente no se dieron a conocer los cálculos sobre el dinero que se perdonó a Edesur y Edenor, como tampoco de los fondos otorgados mediante créditos de ese organismo, o cuánto se destinó a obras.

De todos modos, queda claro que se trata de una discusión ya saldada con el acta acuerdo a punto de oficializarse, junto con los reclamos por las multas por la calidad del servicio que ambas empresas debían pagar por el período 2002.2015 y que no cancelaron también a cuenta de la revisión tarifaria integral.

En esas condiciones, el traspaso de jurisdicción no implica gastos para la Ciudad o para Buenos Aires, que a partir de ahora tendrán la potestad de regular las actividades de ambas distribuidoras, establecer las políticas tarifarias y controlar tanto la calidad del servicio como los proyectos de inversión.