El gobierno de la Ciudad autoriza subas en la VTV, el parquímetro, el acarreo por mal estacionamiento y los taxis

Desde la llamada Verificación Técnica Vehicular (VTV) a la que hoy se deben someter a los automóviles una vez por año, pasando por el costo de las fichas de los parquímetros, el acarreo de las grúas por mal estacionamiento y hasta los viajes en taxis sufrirán fuertes incrementos en las próximas semanas.

Es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió nuevos valores para servicios vinculados a quienes utilizan de manera habitual sus vehículos en el ámbito porteño o a aquellos usuarios del servicio de transporte de pasajeros por taxímetros y consolida de este modo el "perfil" recaudatorio de algunas de estas medidas con las que se regula el tránsito porteño.

Se trata de incrementos que van del 20% al 40% y que algunos ya fueron puestos en vigencia desde este fin de semana pasado como el caso de las fichas para el uso de parquímetros, que pasó de $10 a $13 por hora.

En el caso de la recomposición del precio de la tarifa de estacionamiento medido en la vía pública, las autoridades comunales tuvieron en cuenta el tiempo que los usuarios usan el sistema habitualmente.

Aseguran que la tarifa más cara busca ampliar la oferta de estacionamiento en zonas de elevada demanda de vía pública en base a una mayor rotación de los vehículos estacionados para evitar que un usuario se perpetúe en un mismo lugar.

También tienen como objetivo minimizar la circulación de automovilistas que llegan en busca de espacios, "lo cual impacta en el tránsito y en el medio ambiente".

En este sentido, explican que el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario del estacionamiento tarifado, lo cual hace que dicha variable adquiera fundamental importancia como mecanismo de uso racional de la vía pública.

Con este marco, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte porteño, que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, tomaron la decisión de aplicar una suba de $3 a la ficha del parquímetro.

Lo hicieron tomando en cuenta "detalladamente la evolución de los ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad y la evolución de los precios de cada uno de los factores que inciden en la prestación de dicho servicio".

También se compararon las subas en las playas de estacionamiento privadas, producido por el aumento de costos, y se llegó a la conclusión que dichos incrementos un retraso en la tarifa del estacionamiento medido en la vía pública.

"Esto generó un comportamiento de estacionamiento muy cercano a lo que se denominaría libre", advierten los funcionarios a cargo de este servicio que estuvieron presentes en la audiencia pública llevada a cabo el 18 de diciembre del año pasado para tratar los nuevos precios de las fichas del parquímetro que ya se encuentran vigentes.

"Se hizo necesario determinar una razonable recomposición de la tarifa a los fines de restablecer la viabilidad y la calidad en la prestación del servicio en cuestión", añaden los funcionarios del gobierno que dirige Horacio Rodriguez Larreta.

Pero ante el vencimiento de la ficha y su no renovación es posible que las empresas a cargo de la concesión de este sistema remuevan el vehículo hacia las playas de "infractores".

En la actualidad, el sistema se encuentra concesionado a las prestadores STO y SEC, que operan con permisos precarios vencidos en el 2001 y prorrogados una y otra vez, y pagan un canon de apenas $55.000 por mes.

Para remover los autos en infracción ambas empresas utilizan sistemas de grúas cuyos costos deben ser abonados por los automovilistas y que también desde el sábado pasado sufrieron un importante aumento, pasando de $1.400 a $1.800. Es decir, un aumento de poco más del 20% que se suma a la multa por mal estacionamiento que puede llegar a los $1.800.

En este caso, la actualización de la tasa de remoción y acarreo de vehículos fue pedida por la Dirección General de Tránsito y Transporte porteña ante la "imperiosa" necesidad de restablecer la ecuación económica – financiera y para hacer viable la actividad de remoción y acarreo de las empresas concesionarias teniendo en cuenta la inflación del año pasado que llegó al 47,6%.

Según las autoridades, la suba busca "mitigar el deterioro que las empresas pueden experimentar por el atraso de una de sus principales fuentes de ingreso, ya que la demora en la actualización de la tasa del servicio "atenta contra el cumplimiento de los principales objetivos para los cuales se brinda como el de mitigar los impactos que el estacionamiento indebido en distintas zonas de la Ciudad tiene para con el tránsito y el transporte, asegurando que el uso del espacio público sea, por parte de vecinos y visitantes, responsable, seguro y sustentable".

El gobierno porteño considera además que la suba también es una de las herramientas relativas a la política de tránsito que permite desalentar el uso del automóvil en el macro y micro centro y privilegiar el transporte público de pasajeros.

De hecho, las empresas labran cerca de 1,5 millones de actas anuales por mal estacionamiento en la Ciudad que, para los funcionarios, tiene un fuerte impacto en el flujo de tránsito, la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente.

"Cuando se ocupa indebidamente un espacio de carga y descarga, o al reducir el cono de visibilidad en una intersección por estacionar sobre las ochavas, o al tapar una rampa para discapacitados, se afecta no solo la convivencia sino también la seguridad tanto de conductores como de peatones", se asegura en la resolución oficial que determina el nuevo precio del acarreo y que fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial porteño.

Según el documento, las grúas "configuran una herramienta importantísima a la hora de ordenar el tránsito, y además mejora la convivencia entre vecinos al asegurar que ante el incumplimiento haya no solo una infracción, sino también una inmediata subsanación de la situación generada".

Y, ante las críticas por el tono recaudador de las medidas se aclara que la tasa de remoción y acarreo tiene un objetivo de regulación "porque no responde sólo al costo del servicio sino al criterio de regulación que se pretende sustentar".

El mismo discurso se utiliza para justificar el aumento en la tarifa de la VTV que pasa de $1.144 a $1.363 en el caso de los autos, y de $430 a $512 para las motos.

Se argumenta que en uno de los artículos de la Ley 2265 de concesión del servicio se establece que para para salvaguardar la ecuación económica financiera y considerar su eventual adecuación, la fórmula que se considerará para analizar la evolución de los costos y su impacto sobre la tarifa estará integrada en un 60% por el índice promedio de la variación salarial de los trabajadores de SMATA y en un 40% por el índice de variación de Precios Mayoristas Nivel General elaborado por el INDEC.

Se aclara además que toda variación de costos superior al 5% "generará el derecho de solicitud de reconsideración de tarifas". Y se asegura que la Secretaría de Transporte porteña realizó un estudio sobre la rentabilidad del sector, analizando la evolución de los costos involucrados que inciden en la prestación del servicio y se llegó a la conclusión de que la tarifa se encontraba desactualizada por encima de ese 5% establecido.

Por lo tanto, se pidió la revisión del importe, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y la calidad en la prestación del servicio y se recomendó un incremento del 19% entendiendo que "restablecería razonablemente dicha ecuación económica".

Para evaluar el pedido se convocó a una audiencia pública para el próximo 10 de junio a las 12:30 hs. en la Sede Comunal 1, de la calle Humberto Primo 250 de Capital.

También los taxis

Un encuentro similar se concretará en el mismo lugar un día después, el 11 de junio, para aprobar incrementos en el uso del taxi. Es decir, para el tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro.

El gobierno porteño quiere llevar la ficha diurna de los actuales $3,85 a $4,58, y la nocturna de $4,62 a $5,49. En tanto, se propone incrementar la bajada de bandera, que representa el costo de 10 fichas, de $38,50 a $45,80 durante el día y a $54,90 para el horario nocturno.

La decisión forma parte del Decreto 159//19 publicado, como el resto de las medidas, el viernes 2 de mayo pasado y hace referencia a un pedido solicitado por entidades vinculadas a los trabajadores y propietarios de taxis como son la Asociación Taxistas de Capital (A.T.C.); la Unión de Propietarios y Mandatarios de Taxis de la República Argentina (UPYMRA); la Unión de Propietarios de Autos de Taxis (U.P.A.T.), y la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetros (S.P.A.T.).

Las entidades privadas acompañaron el pedido de incremento con un estudio sobre el cálculo de la rentabilidad con la actualización a febrero pasado y con gastos de explotación y rentabilidad vinculados al capital invertido y cambios en los precios de la mayoría de los insumos usados para la explotación del servicio.

Según el informe, la nueva tarifa "contribuiría a la recomposición de la ecuación económica de la actividad", por lo cual se recomienda la convocatoria a la audiencia pública del 11 de junio para que las subas sean sometidas a un debate que será coordinado por las autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El año pasado, el servicio aumentó tres veces, siendo la última del 18% en diciembre y acumulando en todo el 2018 un retoque del 39%.

Pero las medidas no se quedan en estos servicios ya que en el Boletín Oficial de este lunes 6 de mayo se publicó una resolución que detalla el valor del peaje para la nueva Autopista del Bajo que será de $70 y se comenzará a aplicar a partir de la inauguración de la obra, prevista para este mes de mayo.

Se trata de una parte del nuevo corredor vial llamado Paseo del Bajo que tendrá 7,1 kilómetros y conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo con la autopista Illia, el puerto y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

La nueva vía está bajo la órbita de Autopistas Urbanas (AUSA), y su cuadro tarifario tiene en cuenta el plan de obras, horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad.

Será además de uso exclusivo para vehículos de la categoría pesados de tres o más ejes, admitiendo únicamente la participación de los automóviles de seguridad asignados al cuidado de los camiones.

"La tarifa propiciada resulta adecuada para dar cobertura a los costos de mantenimiento insumidos por la nueva obra y a su vez para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico financiera de la concesión", argumentan las autoridades en el decreto.

De hecho, el valor del peaje ya fue discutido y avalado en una audiencia pública que se llevó a cabo el 15 de abril pasado y en la cual también se dejó constancia de que AUSA puede efectuar modificaciones tarifarias hacia la baja, "contemplando situaciones particulares que pudieren repercutir en un mejor uso de la red vial concesionada, siempre y cuando tales medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario aprobado".