La Justicia decretó la quiebra de OCA por $7.000 millones y peligran más de 6.000 empleos

La Justicia resolvió este lunes enviar a la quiebra a la firma postal OCA, que arrastra una deuda de $7.000 millones, gran parte de la cual corresponde a impuestos reclamados por AFIP.

La decisión corrió por cuenta del juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora Pablo Tejada.

Según la resolución, la quiebra establecida permitirá que continúe la actividad del correo privado, lo que servirá para mantener las fuentes de trabajo durante los meses siguientes, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, si no aparecen interesados en hacerse de la empresa, el futuro de las fuentes laborales se tornaría incierto.

El objetivo final de la Justicia es que la empresa encuentre un nuevo dueño mediante una subasta.

Fuentes del sindicato de Camioneros -al que pertenecen la gran mayoría de los trabajadores de la empresa postal- confirmaron a iProfesional que recibieron notificación de la quiebra. Desde este gremio manifestaron conformidad con la actuación del juez, dado que garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo hasta que finalmente se realice la subasta.

A fines de febrero pasado la Justicia tomó el control de OCA y activó un proceso de salvataje de la mayor operadora postal privada del país. Entonces, el juez Tejada activó un procedimiento de "cram down" para encontrar un comprador de la empresa. Pero hasta el momento no tuvo éxito, porque no sólo se trata de dar con un interesado de hacerse cargo de la operación, sino de que asuma todos los pasivos y problemas judiciales de la firma.

Según fuentes judiciales, el juez recibió dos propuestas ligadas al mismo dueño de OCA -Patricio Farcuh-, que fueron desechadas por no acreditar la solvencia necesaria para saldar las deudas de la compañía.

Ante esta situación, una de las posibilidades que se vienen barajando es que OCA sea controlada por una cooperativa conformada por sus trabajadores y el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

Según fuentes judiciales y corporativas, no hay chances de que algún grupo inversor decida quedarse con OCA si debe asumir una deuda que ronda los $7.000 millones, en su mayor parte reclamada por la AFIP, además de otros millonarios pasivos producto del desmanejo y de dudosas maniobras que vino llevando a cabo su ex dueño, Patricio Farcuh, durante los más de cuatro años en los que estuvo al frente de la empresa postal y que derivaron en la gran crisis que sufre actualmente, haciendo peligrar las fuentes de trabajo de casi 6.000 empleados.

El proceso abierto por la justicia de Lomas de Zamora cerró el concurso de acreedores el pasado 27 de febrero, y designó a tres interventores en reemplazo de Farcuh. Además, se garantizó al sindicato la continuidad de los puestos de trabajo "mientras dure el cram down y la eventual quiebra".

Esto obligó también al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a mantenerse al margen de su rol como regulador del mercado postal argentino, por lo menos en lo que respecta a la actividad de OCA.

Es que, desde el punto de vista legal, la empresa ya no debería poder operar en las actuales circunstancias y si se tienen en cuenta la gran cantidad de irregularidades que acumula y que le deberían haber hecho perder la licencia como prestadora de servicios postales que otorga el ente oficial a cargo de Silvana Giúdice.

Sin embargo, el juez Tejada optó por ordenar en su fallo la continuidad de la empresa, que se mantenga esa licencia durante todo el procedimiento de salvataje y lo extendió ahora que se decretó la quiebra.

Camioneros, los mejor posicionados

"La cooperativa armada por los trabajadores y Camioneros será la que quedará mejor posicionada tras el cram down, para que en el momento en el que se decrete la quiebra puedan quedarse con OCA compensando los créditos privilegiados que tienen, mientras que el resto de los acreedores quirografarios quedara en la fila para cobrar", habían anticipado a mediados de marzo desde el Gobierno.

La mirada oficial sobre el desenlace de este proceso es muy similar al que tuvo el de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, que también pasó por el mecanismo de cram down sin éxito y terminó en una quiebra.

En ese caso, el 11 de mayo del año pasado, el juez Javier Cosentino, a cargo de esta causa iniciada tras una denuncia de la Afip por desvíos de fondos, también abrió un proceso de salvataje que no obtuvo la respuesta esperada por lo que finalmente decretó la quiebra de la que fue la nave insignia del Grupo Indalo, dueña además de las principales acciones de los medios de comunicación del holding creado por el empresario kirchnerista.

En ese marco, el magistrado definió que la quiebra fuese con continuación de la explotación de la empresa por un plazo que se había estipulado en 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo.

En ese período, se concretó el desembarco de YPF. La petrolera estatal ofreció hacerse cargo de las operaciones de Oil pagando cerca de u$s85 millones en el marco de una operación que tuvo e aval judicial.

Además de este proceso similar, el otro punto en común entre los casos de Oil y de OCA tiene que ver con la Afip que, en ambas causas, fue la iniciadora de las denuncias que dieron inicio al procedimiento judicial.

En el caso de Oil Combustibles, el ente recaudador a cargo de Martín Cuccioli demandó a sus creadores por el supuesto desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia a los combustibles que habrían sido usados por López y De Sousa para incrementar el pool de empresas de Indalo.

Quizá la única diferencia con la situación de OCA es que durante el cram dawn, se presentó el grupo ruso Lukoil con una oferta cercana a los u$s300 millones para quedarse con la petrolera que en ese entonces era controlada por el empresario Ricardo Rosner, quien había comprado Indalo bajo la promesa de reordenar su crisis financiera.

Sin embargo, esa oferta fracasó así como la gestión de Rosner, quien estuvo al frente de Indalo durante unos meses y hasta llegó a cambiar el nombre del holding por el de Grupo Ceibo. En el marco del proceso judicial, las propuestas fueron descartadas por el propio juez Cosentino, quien las calificó como "quiméricas".

De esta forma, se llegó al proceso de licitación nacional e internacional de los activos de Oil en el marco de la quiebra que le dio la titularidad de la compañía a YPF, tras la apertura de los sobres con las ofertas. La petrolera estatal le ganó la pulseada al grupo Trafigura y terminó por quedarse con el negocio de refinación de petróleo y comercialización de derivados del complejo de San Lorenzo de Oil, además de la terminal fluvial, la planta de almacenamiento, la refinería y todos los derechos y obligaciones surgidos por contratos de explotación de la red de estaciones de servicio.

El dinero recaudado por la licitación, le permitiió al juez Cosentino usarlo para reducir la deuda dejada por Oil en su proceso de quiebra, con una gran cantidad de acreedores. En ese marco, el juez Cosentino estimó que el pasivo que dejó la quiebra de la petrolera de Cristóbal López asciende a $2.194 millones.

La cifra, admitida y verificada por Cosentino, estima en $1.500 millones el pago a la Afip, e identifica cerca de 400 acreedores que se reparten en resto del dinero y entre los que finguran otros entes recaudadores provinciales como ARBA, acreencias laborales, previsionales, comerciales y hasta con organismos públicos.

En el caso de OCA, la AFIP reclama casi $7.000 milllones a Farcuh por el no pago de deudas impositivas. El empresario quiso acogerse a una moratoria pero el ente recaudador se negó a incorporarlo a un plan de pago de 48 cuotas, que rige para todas las empresas.

Además, la Cámara de Apelaciones le rechazó el pedido al ex dueño de la empresa para que la AFIP le dé un plan de pagos especial teniendo en cuenta que tampoco pagó dos planes que la AFIP dio de baja en abril del año pasado.

En cuanto a Farcuh, enfrenta varias causas judiciales y su destino es incierto, teniendo en cuenta que la AFIP lo denunció en el fuero Penal Económico, donde el juez Javier López Biscayart lo procesó, a fines del año pasado, por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, y le trabó un embargo de $500 millones.