El banco HSBC pide la quiebra del empresario inmobiliario Carlos De Narváez

A la denuncia penal que presentó la sociedad de bolsa Cohen se suma ahora un pedido de quiebra del HSBC en contra del empresario. Ambas acusaciones están vinculadas a las sospechas de un supuesto fraude que habría cometido el empresario al frenar las obras del proyecto Al Río al haber solicitado la apertura del concurso preventivo de acreedores de la firma Ribera Desarrollos, a cargo del emprendimiento.

En el caso de la entidad bancaria, habría sido perjudicada por el pedido concursal con una deuda cercana a los u$s40 millones, y el pedido de quiebra fue presentado ante el Juzgado Comercial 10, Secretaría 9 y se dirige al propio De Narváez y no a su empresa inmobiliaria.

En el caso del Grupo Cohen, la denuncia tiene fecha del 27 de diciembre del año pasado y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 53, interinamente a cargo de Martín Peluffo.

Las dos presentaciones buscan demostrar que el empresario cometió un delito al solicitar la reestructuración judicial de una deuda que oscila entre los u$s90 millones y los u$s200 millones y que no habría sido perjudicado por las consencuencias de la devaluación y la crisis financiera del país, tal como señala el dueño de Ribera Desarrollos.

Entre los acreedores figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña, además de varias empresas, proveedores, inversores y propietarios de dos torres que la empresa vendió pero que no construyó nunca. Por caso, los bancos Patagonia, HSBC e Hipotecario, que fueron inversores del emprendimiento Al Río.

En el caso de la entidad del grupo IRSA, tiene una hipoteca de $290 millones sobre dos torres que ya se construyeron en el emprendimiento. Se trata de las torres 1 y 2 para las cuales Ribera Desarrollo recibió un préstamo del Hipotecario que fue, precisamente, hipotecado con los títulos de propiedad de las viviendas de ambos edificios. Si bien el banco corre riesgos mínimos de incobrabilidad, es posible que también este préstamo sea incluido en el proceso de reestructuración. De todos modos, los dueños o futuros dueños de las propiedades no deberían sufrir problemas ni tendrían ninguna clase de deuda con el banco.

Otro importante acreedor es la distribuidora energética Edenor, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, quien le pagó u$s50 millones a De Narváez para la construcción de un edificio en el emprendimiento que nunca se concretó.

Según fuentes cercanas al proceso, la deuda supera los u$s200 millones, de los cuales u$s90 millones fueron aportados por los bancos; otros u$s50 millones a Mindlin y una importante suma en cheques rechazados, además de u$s15 millones adicionales con la sociedad de bolsa del Grupo Cohen.

Mas allá de la denuncia penal y el pedido de quiebra, los abogados de De Narváez vienen manteniendo reuniones con los acreedores para consensuar un plan de refinanciación de la deuda en un plazo no mayor a los 60 días.

En este marco, desde Ribera Desarrollos se insiste en que no se ha cometido ningún fraude sino que se trata de un negocio que fracasó por la situación de inestabilidad económica del país.

En la actualidad, el concurso preventivo de Ribera Desarrollos se tramita en el Juzgado Comercial 12, Secretaría 23, de Hernán Papa. De Narváez está representado legalmente por el Estudio Grispo, con objetivo de levantar el concurso preventivo de la manera más rápida posible.

Al respecto, Jorge Grispo, explica que la denuncia penal del grupo Cohen es antigua y hasta la fecha no fue ratificada judicialmente por la sociedad de bolsa. En diálogo con iProfesional, el abogado de Carlos De Narváez agrega que la razón de la demanda es "demostrar ante sus accionistas que algo están haciendo, ya que no tiene ningún sentido como causa".

Con respecto al pedido de quiebra del HSBC, tiene una opinión similar. "Desde el punto de vista legal, no tiene validez y como el caso de la denuncia penal, se presentan porque son gratis, no hay que pagar casi nada para hacer este tipo de demandas".

Según Grispo, le permiten a las empresas mostrar que como acreedores quieren hacer algo para defender sus intereses, pero no son caminos efectivos o conducentes. "Desde nuestro punto de vista, ninguna de las dos denuncias revisten preocupación porque carecen de sustento", asegura el abogado.

Es más, advierte que de no llegarse a un acuerdo de reestructuración con los acreedores existe la posibilidad de que el propio De Narváez solicite su quiebra. "Es una medida que tenemos prevista en caso de ser necesaria", agrega.

Sin embargo, aclara que el objetivo está puesto en sellar un acuerdo con los acreedores. "No hay ánimo de perjudicar a nadie sino de encontrar soluciones que le sirvan a todos los involucrados".

En este sentido, admite que ya se llevaron a cabo varias reuniones de las cuales se habrían obtenido resultados satisfactorios y de las que surgiría la elaboración de un acuerdo de reestructuración.

El detonante de la causa es el emprendimiento de oficinas Al Río, pegado a la intersección de las avenidas Libertador y General Paz. Un millonario proyecto para levantar un mega emprendimiento en un terreno de 16 hectáreas en donde se instalaron por ahora desde edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour.

El máster plan contempla también un centro comercial, dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio, además de locales para pymes y residencias de lujo.

En medio de un escenario negativo para el sector por la suba de costos, altas tasas de interés, caída de las ventas y la devaluación, De Narvaéz salió a buscar inversores para cumplir con lo que resta del emprendimiento.

Lo hizo de la mano de la consultora First Capital que comandan Miguel Arrigoni y José Luis Garófalo, quienes le acercaron un acuerdo con el grupo Portland que terminó en un fracaso a pesar de la promesa del fondo inversor de inyectar alrededor de u$s40 millones de manera inmediata al proyecto y reflotar inversiones mayores por u$s800.

La situación derivó en la presentación judicial de Ribera Desarrollos, al no contar con fondos frescos para continuar con la obra y al quedar la empresa descalzada financieramente y sin chances de acudir a nuevos créditos ni a la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que le permitan sostener la iniciativa.

De hecho, también sufrió la marcha atrás del lanzamiento de una serie de este tipo de títulos que había preparado uno de los mayores bancos locales que luego desistió de avanzar por la situación del país.

Con ese dinero, De Narváez iba a cubrir su problema de endeudamiento y al no poder concretarse, profundizó la situación de inestabilidad de Ribera Desarrollos que se había quedado sin flujo de fondos y llevó a su dueño a pedir asistencia judicial para intentar reestructurar el pasivo y sanear las cuentas.

Algunas compañías de seguro como Prudencia estarían analizando un escenario judicial más complejo y vinculado a la presentación de una denuncia penal por estafa con el objetivo de desarticular el pago de los seguros. Un camino similar seguirían otras empresas del mismo tipo teniendo en cuenta que en algunos casos el dinero a hacer frente es muy grande. Un ejemplo es el de los u$s50 millones que debe cancelar Compañía Aseguradora de Cauciones para hacer frente a la póliza contratada por Edenor.

Pero mas allá de las causas económicas que involucran a este caso, en Vicente López ya habría interesados en investigar el caso desde el costo político "oculto" que podría envolver la aprobación del proyecto inmobiliario en una zona donde históricamente estaba vedada para este tipo de emprendimientos.

"Hay un costo político enorme que envuelve a dos intendentes de este partido bonaerense como son el actual, Jorge Macri, y el anterior, Enrique García, que deberían dar explicaciones a la comunidad sobre cómo se aprobó semejante desarrollo", aseguran a iProfesional fuentes políticas de la zona de Vicente López.

Se refieren a la excepción al código de planeamiento urbano que se logró este proyecto de 280.000 metros cuadrados permisados en una zona donde no se podía construir.

Si bien es cierto que la deuda en dólares contraída por De Narvaez para encarar Al Río creció de manera exponencial tras la devaluación, también lo es que el valor del metro cuadrado en el proyecto se incrementó de la misma forma, teniendo en cuenta que está emplazado en una zona donde los inmuebles se cotizan en la moneda norteamericana.

Por ese motivo, para algunos la explicación que da el empresario sobre las razones del default de Ribera Desarrollo no cierran del todo. Y buscan condimientos en torno a otra hipótesis vinculada a lo que se habría "pagado" para que se autorice la construcción del proyecto. "La excepción no fue gratis, tuvo un costo político, una plusvalía, que debe haber sido muy alta", advierten las fuentes.