Justicia, Gobierno y la recesión ponen en jaque a Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina

Mientras en el plano internacional, la devaluación cambiaria argentina le permitió multiplicar las ganancias de las empresas del Grupo Techint, en el mercado local Paolo Rocca atraviesa quizá uno de sus peores momentos como empresario y a nivel personal.

El hombre más rico de la Argentina según la revista Forbes, con una fortuna acumulada por u$s4.700 millones, debe afrontar en forma simultánea varios frentes de conflicto. Aunque, seguramente el que más le quite el sueño es la posibilidad de terminar condenado por el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, en la cual está imputado y procesado y sigue siendo investigado por el supuesto pago de coimas a ex funcionarios del anterior gobierno kirchnerista.

A este riesgoso escenario judicial, que permite imaginar un futuro tras las rejas para el empresario más poderoso de la Argentina, se le suman conflictos con el Gobierno derivados de cambios en las reglas de juego para Vaca Muerta, y decisiones de achicar las operaciones locales que están tomando las empresas del holding afectadas por la recesión, la caída del consumo local y el desplome de la actividad industrial.

Un combo que, en el sector corporativo se califica como “uno de los peores” que le ha tocado atravesar a este hombre nacido el 14 de octubre de 1952 en la ciudad italiana de Milán, hijo de Roberto Rocca y actual CEO del Grupo Techint que a su vez, dirige Tenaris, Ternium y otras compañías del conglomerado empresario que operan en áreas como las de ingeniería, construcción y el sector energético.

Con una capitalización bursátil cercana a los u$s60.000 millones, el grupo multinacional tiene en marcha cerca de 3.000 proyectos en 45 países, da trabajo a 55.000 empleados en todo el mundo y el año pasado informó ganancias globales por más de u$s18.000 millones. Sus acciones cotizan en el NYSE, la bolsa de Nueva York y también en otros recintos bursátiles del exterior así como en el mercado doméstico.

Sin embargo, semejante despliegue de fortaleza económica no parece suficiente para calmar los nervios de Paolo Rocca quien asumió la conducción de Techint en el 2002, guiando al conglomerado a un proceso de expansión por América latina y el resto del mundo.

De hecho, en agosto del año pasado, cuando se conoció la participación de Techint en esta causa, solamente en 13 días de ese mes su holding perdió casi $14.000 millones de capitalización bursátil que luego no logró recuperar del todo.

También pesa sobre Rocca y Techint la posibilidad de que los organismos reguladores de los mercados bursátiles profundicen los sumarios que ya abrieron para investigar el comportamiento del conglomerado bajo el amparo de normas de ética y compliance que deben cumplir las empresas cotizantes para poder continuar participando de esos mercados.

Las razones no solamente se limitan a la causa de los cuadernos ya que su grupo también aparece involucrado en el Lava Jato, el mayor caso de corrupción descubierto en Brasil. Los lazos de Techint con esta causa tienen que ver con los contratos firmados con Odebrecht y el uso por parte del holding de Rocca de empresas offshore para administrar fondos supuestamente ilegales que fueron usados en el pago de coimas y sobornos en Brasil y otros países de la región.

A nivel personal, ambas causas le están costando al empresario el recelo de sus pares, ya que muchos de los hombres de negocios del país ya empezaron a tomar distancia de quienes usaron su poder para sobornar y coimear durante los últimos 12 años.

Una condena “moral” que inciaron los ejecutivos socios de IDEA, desde donde se aclara que no todos los empresarios son iguales y se reclama a la justicia actuar hasta las últimas consecuencias a la hora de investigar estos delitos.

La nueva rutina

En este contexto, la rutina diaria de Rocca pasa por seguir de cerca el devenir, en especial, de la causa que tiene a cargo el juez Bonadío y en la cual fue involucrado a partir de la difusión de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación Federal.

Tras darse a conocer que Techint distribuyó dinero entre ex integrantes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para resolver un conflicto que una de sus empresas atravesó en Venezuela, el fuscal Carlos Stornelli pidió su procesamiento. Y luego de haber sido indagado por el juez Bonadío, terminó figurando en la lista de los empresarios imputados por el magistrado.

En la actualidad, Rocca está procesado por el delito de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y tiene un embargo judicial por $4.000 millones sobre sus bienes. La esperanza de Rocca en esta causa está en seguir el mismo devenir judicial de Luis Betnazza, alto ejecutivo de Techint también procesado por el mismo caso pero a quien la Sala I de la Cámara Federal le dictó la falta de mérito como miembro de la asociación ilícita que para la justicia comandó Cristina Kirchner con el objetivo de obtener fondos ilegales. En el caso del empleado de Rocca, ahora está acusado de “cohecho activo” por el pago de las coimas a ex funcionarios, un delito que tiene una pena de uno a tres años de prisión.

De todos modos, para Rocca la calificación judicial que logró Betnazza tampoco es una buena noticia. Se queja ante sus amigos y personal de confianza porque considera que la decisión equipara a Techint con las otras empresas acusadas de pagar sobornos para lograr contratos de obra pública con el Estado nacional cuando su holding, según explicó en varias oportunidades, solamente participó del 1% de los negocios generados a través de la obra pública kirchnerista.

Y al igual que Betnazza, solamente reconoce que Techint se vio en la obligación de aportar fondos para que en el 2008 los entonces funcionarios del gobierno kirchnerista con lazos con el chavismo venezolano llevaran a cabo “gestiones” para resolver un conflicto que afectó a su controlada Sidor.

El dinero, de acuerdo a lo que el propio Rocca, declaró ante Bonadío, fue aportado para mejorar la situación de 200 empleados de esa compañía en Venezuela después de que el entonces presidente Hugo Chávez resolviera la nacionalización de las operaciones.

Fueron, de acuerdo a la causa, ocho bolsos con entre u$s800.000 y un millón de dólares los que personal de Techint entregó a Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, durante ese año, según tiene probado en su investigación el juez Bonadío.

Si bien logró evitar la cárcel a pesar del reclamo del fiscal Stornelli para verlo tras las rejas, Rocca comparte la lista de quienes, según la mirada del magistrado, accedieron a pagar coimas y sobornos a miembros del gobierno anterior para beneficiarse en contratos de obra pública. En la lista también lo acompañan Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Armando Losón, Manuel Santos Uliberarrea, entre otros también procesados en la misma causa pero que, a diferencia de Rocca, optaron por renunciar a sus puestos para evitar mayores daños a las finanzas y acciones de sus respectivas empresas.

También lo hicieron porque desde el Gobierno aclaran que solamente seguirán haciendo negocios con las empresas y no con los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos. Hasta se emitió una resolución oficial en octubre del año pasado que, en líneas generales, permite a las compañías no perder contratos vigentes de obra pública y seguir formando parte del listado de proveedores del Estado. Pero como condición, deben separar a los ejecutivos imputados en el caso de los cuadernos, a los condenados y a los que se acogieron a la figura del arrepentido o imputado colaborador.

Un antes y un después de Vaca Muerta

Las empresas involucradas en estas acusaciones también están obligadas a cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos para mostrar una fuerte señal de transparencia. Rocca no tomó la misma determinación, al punto que el directorio del holding le ratificó la confianza como máximo ejecutor de las políticas comerciales de Techint.

Políticas que ahora deberá modificar, por lo menos en lo que se refiere a los proyectos ya anunciados para convertirse en el mayor productor de gas no convencional a partir de yacimientos que su petrolera Tecpetrol quería operar en la zona de Vaca Muerta. La empresa tenía comprometidas inversiones por u$s2.300 millones para alcanzar este objetivo que ahora no podrá cumplir por la decisión del Gobierno de cambiar las reglas de juego y reducir los subsidios a la producción de gas en esa zona del sur del país.

Mas allá de las razones esgrimidas por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para modificar la resolución por la cual se estableció este beneficio y que se vinculan a la necesidad de cumplir con el déficit fiscal cero prometido al FMI, lo cierto es que para Tecpetrol será un duro golpe.

Así lo hizo saber de manera pública mediante un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y también en forma privada a través de llamados telefónicos de sus principales ejecutivos a los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri.

De ambas formas, Techint hizo saber que los cambios al criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones y los límites ahora impuestos en función de volúmenes de producción estimados inicialmente en agosto de 2017 implica dejar de recibir entre $2.000 millones y $5.6000 millones. Se trata de fondos que debería recibir Tecpetrol en el formato anterior correspondiente al criterio de cálculo de los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46 del 2017.

Ocurre que el cambio de criterio de pago alcanza retroactivamente a las liquidaciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, que en el holding consideran como ilegales y por eso han dado orden a sus asesores legales para abrir una instancia judicial

Según el propio Rocca, la medida impulsada por Lopetegui no tiene ningún sustento jurídico y por lo tanto permite a Techint pensar en judicializar el tema en las próximas semanas. Más que nada para enviar a sus inversores internacionales una señal de defensa de sus fondos ante lo que en el grupo consideran cambios de escenarios sin sustento y que hacen peligrar planes futuros y la obtención de nuevos fondos ante la incertidumbre que generan las decisiones de un gobierno que, al mejor estilo kirchnerista, tampoco respeta las normas.

De manera adicional, el directorio de Tecpetrol comenzó a revisar los planes de desarrollo del área Fortín de Piedra que ya habían sido aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros.

El enojo de Rocca se vincula con los fondos comprometidos para esta zona y de los cuales ya lleva ejecutados u$s1.800 millones, en los primeros 18 meses en un área de 243 km2 ubicada en Neuquén. Tecpetrol lanzó el proyecto en marzo de 2017 y en diciembre de 2018 alcanzó una producción de 17.5 millones de m3/día de gas natural, más del 12% del consumo total del país.

Desde la empresa aseguran que dicho nivel de producción permite reemplazar importaciones de LNG, fuel oil y gas oil, con el consecuente ahorro de divisas y ahorro fiscal que esto implicó para el país y la caída del costo energético.

Es más, el desarrollo del gas de Vaca Muerta era uno de los principales objetivos de Rocca para los próximos años. El empresario está convencido del potencial que tiene la zona y que le permitirá a la Argentina contar con energía abundante y en condiciones competitivas, para favorecer el desarrollo económico e industrial del país, y para lograr el autoabastecimiento energético.

Es más, hasta que se abrió el debate por el nivel de los subsidios, Vaca Muerta era para Techint el proyecto con el cual pretendía limpiar su imagen comprometida por la causa de los cuadernos de Centeno.

Sería, pensaron, una señal para los inversores internacionales y una demostración doméstica orientada a congratularse con el Gobierno en donde se considera al yacimiento hidrocarburífero como la “joya” de la gestión de Mauricio Macri.

Ahora, tampoco podrán contar con esa estrategia. Como tampoco lo pueden hacer en el caso de otros negocios del grupo que se están viendo afectados por la recesión local, problemas que, de profundizarse, tendrán un efecto derrame negativo en la economía del país.

Es que el peso del holding es enorme. Solamente en la Argentina tiene a más de 900 empresas pymes como clientes y proveedoras que le dan trabajo directo a 22.000 personas. Además, el propio Grupo Techint tiene en Argentina 21.000 puestos de trabajo. Es decir, dependen de su día a día alrededor de 50.000 familias.

En este marco se ubica un conflicto que sufre actualmente la empresa Tenaris Siderca en la localida bonaerense de Campana. Si bien la mayoría del personal debería regresar a sus tareas habituales durante este mes luego de un período de la llamada Reparación Extraordinaria, todo indica que los trabajadores que se encuentran de vacaciones se quedarían en sus casas a cambio de percibir el 90% de su salario.

Ya en diciembre pasado trascendió sobre la suspensión de trabajadores en la siderúrgica, que ahora se repetirían y que afectarían a operarios de varias líneas del Laminador Continuo 2 (LACO 2); de terminación del Laminador Continuo 1 (LACO 1) e incluso de una dilación en el arranque de la Acería.

Actualmente, en su planta de Campana, la empresa fabrica unas 1,3 millones de toneladas de acero que, casi en su totalidad, se transforman en tubos de acero sin costura. Y si bien la empresa históricamente exporta el 75% de la producción no parece poder remontar sus problemas ante una nueva caída en el precio del barril de petróleo, la retención del fisco de $4.- por cada dólar exportado, y la quita de reintegros en aranceles específicos.

Otro frente de conflicto con el Gobierno ocurre cerca de Campana. Más precisamente en la localidad bonaerense de Lima, donde debe construir un reactor nuclear en el marco de una obra denominada “Carem 25”, en el marco de una licitación adjudicada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El contrato obliga al grupo a tener el reactor finalizado en el 2022 para luego ser usado en Atucha. Sin embargo, el holding frenó las obras para presionar ante el Gobierno por una supuesta falta de readecuación de los precios de la obra que fueron establecidos al inicio de las tareas y que no volvieron a ser actualizados a pesar de la evolución de la inflación y del incremento de los costos de la construcción.

Actualmente, Techint y el Gobierno se encuentran negociando los términos de la renegociación contractual para recomponer la ecuación de gastos, teniendo en cuenta que Rocca argumenta una pérdida cercana a los u$s10 millones por esta situación.

De no llegarse a un acuerdo, el grupo amenaza con paralizar las obras si desde el Gobierno no se deciden a retocar los costos vinculados a este proyecto que demanda inversiones cercanas a los u$s 800 millones y que debe estar finalizado en tres años.

Sus siglas de CAREM hacen referencia a las iniciales de Central Argentina de Elementos Modulares, un proyecto de central nuclear de baja potencia (25 MW) con diseño totalmente nacional.

Si bien la iniciativa se lanzó en el 2014 bajo el gobierno kirchnerista, con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada se licitó la segunda etapa de las obras civiles bajo el esquema de “Planta llave en mano” que se adjudicó Techint con un contrato por $1.148 millones en el 2017.