Moyano se mete en un conflicto entre dos operadores y peligra el plan de un mega puerto porteño

Mientras ultima los detalles de las marchas y movilizaciones que liderará contra el “tarifazo” del Gobierno, Hugo Moyano está a punto de intervenir en el proceso de licitación del Puerto de Buenos Aires.

Es decir, en uno de los proyectos de mayor relevancia impulsado por el presidente Mauricio Macri para generar inversiones por casi u$s2.000 millones y entregar la concesión de la zona a un solo grupo monopólico extranjero a partir del 2020.

El desembarco de uno de los líderes sindicales de mayor referencia de la oposición llega de la mano de un conflicto que enfrenta a dos de los grupos que operan en el puerto porteño, como son  Terminales Río de la Plata (TRP) y uno de sus proveedores como es Terminal 7 (T7).

El consorcio a cargo de las áreas 1,2 y 3 -controlado por Dubai Ports World (DPW) y la empresa local Alfredo Román- le adeuda a T7 cerca de $2,5 millones por servicios no pagados hasta octubre del año pasado y otros $25 millones por pasivos de eventuales despidos producto del cierre de la empresa.

Desde esa fecha, T7 no se encuentra operativa. Ya sin fondos para poder sostener las actividades, sus dueños decidieron enviar telegramas de despido a sus trabajadores, que se harán efectivos el 31 de enero próximo.

De hecho, es más que probable que la firma también declare su quiebra, si es que antes de esa fecha no surge una solución que le de viabilidad a sus operaciones.

Reacción de Camioneros

Frente a esta decisión, voceros cercanos a Moyano y al gremio de Camioneros anticiparon que este martes, bien temprano, cerca de 100 delegados del gremio se movilizarán a las instalaciones de TRP y T7 para cortar los accesos y reclamar la solución del conflicto. Exigirán la creación de una mesa de negociación que involucre a todos los sectores afectados.

Como todos los trabajadores de ambas empresas están afiliados a Camioneros en su rama logística, tanto Hugo como Pablo Moyano decidieron tomar cartas en el asunto para evitar el despido de los trabajadores y forzar de alguna manera la continuidad de las actividades de T7.

El conflicto se inició debido a la finalización del contrato entre ambas sociedades y, si se extiende, terminará causando un dolor de cabeza para el proyecto del Gobierno de reemplazar a los actuales concesionarios de las terminales portuarias de Buenos Aires por un solo operador dentro de dos años.

En octubre pasado, TRP dio por terminada la relación comercial con Terminal 7 luego de casi 20 años en los cuales esta compañía le ofreció servicios de manera exclusiva. Esto causó el desfinanciamiento y el cese de las actividades de T7, que ya no cuenta con respaldo para sostenerse, salvo que cierre un acuerdo con TRP que le permita liberar los fondos adeudados y el pago de las indemnizaciones al personal.

El conflicto ya causó algunos actos de protesta y hechos de violencia alrededor de la zona de operaciones de T7, que podrían repetirse en los próximos días. De hecho, se advierte que esta situación podría tener las mismas consecuencias negativas del bloqueo del puerto en el 2012. Entonces, la protesta la lideró el gremio de los fleteros en rechazo a las trabas a las importaciones tomadas por el ex secretario de Comercio Interior kirchnerista, Guillermo Moreno.

Cautela oficial

También entre las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), observan el problema con preocupación y alientan una solución que asegure la continuidad de Terminal 7, más allá de la culminación de la relación comercial con TRP.

En este sentido, la principal variante se vincula con el objetivo de la empresa de mudarse a un predio ubicado en el relleno de la Terminal 6 que le permita operar con un contrato de dos años ofreciendo sus servicios de manera libre a todos los operadores.

En la actualidad, T7 ocupa un predio que es propiedad del grupo desarrollador IRSA, que se encuentra en contacto directo con la empresa y cuyo contrato finaliza el 31 de mayo del año próximo. Es más, los fondos reclamados por Terminal 7 servirían para asegurar la continuidad de la sociedad por garantías de arrendamiento de la zona.

De persistir el conflicto, es más que probable que despierte incertidumbre y dudas sobre la licitación de todo el puerto porteño. Más que nada entre los grandes grupos extranjeros que podrían tener cierto interés de participar en un proceso con este grado de conflictividad y que ya de por sí ofrece una gran cantidad de reparos por la elaboración de sus pliegos y el riesgo que implica la creación de un monopolio a cargo de todas las actividades del puerto más importante de la Argentina.

Hace algunas semanas iProfesional ya dio cuenta de que en algunas empresas, la situación de conflicto entre TRP y Terminal 7 se analiza como un leading case, luego de la disputa de agosto pasado también entre la misma operadora portuaria y sus pares de la Terminal 4, controlada por Maersk Line, Hamburg Sud y APM Terminals.

En ese caso, hubo una denuncia de TRP por “conductas y actos restrictivos de la competencia en el puerto” que derivó en problemas operativos para la sociedad a cargo de las terminales 1,2 y 3. Incluso, se presentó en Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante las autoridades laborales con la intención de reducir drásticamente su personal.La situación es tan sensible que el Congreso también ha tomado cartas en el asunto. En este sentido, el senador Oficialista Alfredo De Angelis acaba de formar una mesa de enlace de la que participan las empresas, los gremios y el AGP con el objetivo de evitar problemas sociales y buscar una solución final al conflicto.

De Angelis, en el Senado desde el 2013, fue quien lideró desde su puesto en la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, parte de las protestas contra la Resolución 125 del gobierno kirchnerista que intentó imponer más retenciones al campo en el 2013.