Cristóbal López impugna la venta de Oil a YPF y acusa a la AFIP de haber causado la quiebra de la petrolera

Un día antes de presentarse ante un juez en la causa en la que se le imputan maniobra de defraudación al Estado, Cristóbal López salió a rechazar la venta de su petrolera a YPF y a reclamar que se impugne la operación.

El ex dueño del Grupo Indalo tendrá este jueves 29 de noviembre que declarar ante el titular del Juzgado Comercial Nº 5, Javier Cosentino, en la investigación sobre la quiebra de Oil Combustibles (OCSA), adquirida por u$s85 millones en octubre por la petrolera estatal a través de una subasta pública.

Junto con su socio, Fabián De Sousa, lo harán mediante videoconferencia desde sus lugares de detención en Ezeiza y Marcos Paz, al mismo tiempo que sus abogados le reclaman al magistrado que revierta la sentencia de quiebra de OCSA por entender que se llevó a cabo “careciendo de todo análisis económico y financiero acerca de las circunstancias que provocaron la cesación de pagos”.

El reclamo fue presentado por Eduardo Favier Dubois, abogado de OCSA, en representación de Cristóbal López, y también acusa al juez Cosentino de haber vendido los activos de la petrolera a un menor precio que el verdadero.

“El valor de los activos de la fallida es muy superior al precio vil obtenido en la licitación judicial”, asegura el letrado en su escrito, en el cual agrega que para cuantificar su precio “deberían computarse el precio de los reclamos presente y futuro de las empresas South Media Invesment y CPC, en la cual OCSA es accionista mayoritario, contra el Estado”.

También se hace referencia a un crédito que OCSA tendría contra la AFIP “por los daños causados por su conducta dolosa, lo que permitirá allegar fondos a la quiebra y además determinará que no podrán reclamar el cobro de sus acreencias verificadas”.

Es decir que para Dubois y Cristóbal López el organismo fiscal no podría cobrar los $1.500 millones que el juez Cosentino ordenó se le paguen al ente que dirige Leandro Cuccioli y que debe ser cancelado con parte de lo recaudado por la venta de Oil a YPF.

Sin embargo, para los abogados del empresario kirchnerista la AFIP incurrió en irregularidades que se encuentran identificadas en la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. Más que nada en el artículo 173 de la segunda sección y en el cual se hace referencia a la responsabilidad de representantes. “Los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido que dolosamente hubieran producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados”, asegura el artículo mediante el cual Dubois argumenta su negativa a que se le abone a la AFIP la deuda verificada en la quiebra de OIl.

Dubois acusa al fisco de haber tenido una conducta arbitraria e ilegal que terminó causando la asfixia financiera de Oil, agravada por violaciones del secreto fiscal y que generaron el abrupto corte del crédito, de insumos y de la caída en las ventas que sufrió la petrolera.

“Los hechos causados por la AFIP llevaron a la compañía a un estado de cesación de pagos que se tornó irreversible y no dejó otra alternativa a los administradores que acudir en forma urgente a la petición de la solicitud concursal”, advierte el escrito.

Para respaldar la acusación, Dubois hace referencia a los embargos millonarios solicitados por la AFIP a principios del 2016 y a las 20 ejecuciones fiscales impulsadas por el organismo que, asegura el abogado, fueron desistidas al tener OCSA regularizada su obligación de pago del impuesto a los combustibles (ITC) con planes otorgados por el mismo ente tributario.

En otra parte del escrito, se hace incapié en una “campaña mediática de desprestigio” , identificando más que nada a los diarios Clarín y La Nación y al canal de noticias TN como los medios que más notas en contra de Oil publicaron.

Y se argumenta que tanto los medios como la AFIP “montaron una campaña de hostigamiento en contra de Cristóbal López y Fabián De Sousa” para encarcelarlos y destruir Indalo

De manera adicional, el escrito hace referencia a otros “créditos” a favor de la petrolera que adeudan los interventores de la sociedad, YPF y DAPSA “como consecuencia de su maniobra dolosa y conjunta”.

Según la opinión del abogado de Cristóbal López, este dinero “permitirá sufragar la diferencia entre el precio obtenido por la licitación y el valor real de los activos petroleros de la fallida, además de determinar la pérdida del derecho de los primeros a pedir honorarios”.

El documento, al cual tuvo acceso iProfesional, añade otra serie de aclaraciones y demandas en contra del fallo de Cosentino que marcó el final de la petrolera que llegó a ser la nave insignia de Indalo y que habría sido usada por López y De Sousa para evadir el pago de impuestos por $8.000 millones a la AFIP para usar esos fondos en la compra de otras empresas que se fueron sumando al holding.

“Todo el informe general de la sindicatura sólo se basa en dictámenes, votos minoritarios y fallos adversos en las causas judiciales que son objeto de la persecución política contra los beneficiarios finales de OCSA, señores Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”, argumenta Dubois.

Agrega que el informe se basa en las opiniones “persecutorias” de funcionarios públicos judiciales o administrativos “con intereses oscuros, que se apartan de las normas positivas que conformaban el ordenamiento tributario de la República”.

Hace también referencia a la construcción de un relato “monstruoso” acerca de la estructura de funcionamiento de OCSA y del resto de las firmas de Indalo con el objetivo “de instalar falsas verdades que cada etapa judicial tomó como ciertas para validar acciones persecutorias contra las empresas del grupo”.

Cuestiona también la denuncia de la AFIP ante la justicia penal económica y que considera que la petrolera cometió el delito de insolvencia penal fraudulenta, al sostener que la imputación fue rechazada judicialmente.

En cuanto al precio de venta de Oil, el abogado de Cristóbal López entiende que no es el real al sostener que quienes la tasaron olvidaron computar debidamente el valor que Indalo pagó cuando adquirió la empresa a Petrobras Argentina y que fue de u$s246 millones.

También mencionan haber recibido una oferta de la empresa rusa Gunvor en octubre del 2016 por u$s385 milones, así como los errores cometidos por los interventores al momento de tasar el puerto fluvial que Oil opera en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Finalmente, Dubois reclama al juez Cosentino que todos los reclamos se agreguen a la causa, que se les informe a los acreedores, al comité de control y a los interventores y se acepte el proceso de impugnación del pago de la venta.