La Justicia desplazó a Patricio Farcuh de OCA y decidió intervenir la compañía

Por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la mayor empresa postal privada de la Argentina será manejada por un interventor judicial.

Se trata de OCA, que a partir de ahora estará controlada por un representante del juez en lo Comercial, Pablo Tejada, quien tiene a su cargo el proceso concursal de la compañía postal.

La decisión tomada por el magistrado significa que Patricio Farcuh ya no seguirá siendo el dueño de OCA ni tampoco su CEO. Es más, el empresario deberá hacer frente a imputaciones por vaciamiento y supuesto enriquecimiento ilícito.

Para desplazarlo de su cargo, Tejada dio por comprobado que Farcuh ocultó bienes, omitió entregar información que el propio juez y el síndico de la causa le requirieron en más de una oportunidad, además de haber incurrido en falsedad y llevado a cabo actos en perjuicio evidente de los acreedores.

Es decir, en especial de la AFIP, que intenta cobrar una deuda superior a los $5.000 millones en el marco del proceso legal, y que se incrementó en $1.000 millones después de haberse cerrado su concurso preventivo.

Ahora, el magistrado deberá sortear por concurso el cargo de interventor de la compañía, que tendrá que ocupar ese puesto por lo menos hasta marzo del año que viene.

Tejada también desplazó al resto de la administración de OCA y les prohibió organizar cualquier tipo d eacto que implique el uso de fondos y activos líquidos con cualquier fin u origen, según consta en su fallo.

Mientras se cumple con este proceso, las operaciones de la empresa serán asumidas por los actuales síndicos. En este sentido, el fallo remarca que serán los únicos autorizados para operar en cuentas bancarias a nombre de OCA.

Y teniendo en cuenta la posibilidad de que Farcuh pueda resistirse a la decisión, el juez Tejada advierte que librará un exhorto al Juzgado Nacional Comercial que corresponda para requerir el auxilio de la fuerza pública “para la normal y pacífica toma de posesión del síndico y de la intervención designada”.

El magistrado tomó esta determinación a pocos días de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deba definir si le extendía o no la licencia de operador postal, documento esencial para que una empresa de este sector pueda mantener sus operaciones.

Una decisión que el organismo a cargo de Silvana Giúdice debía tomar la semana próxima en base a los informes que debe recibir del propio juez Tejada, de la sindicatura y de la AFIP.

En el caso del organismo recaudador, la decisión del magistrado abre un abanico de esperanza en cuanto a la continuidad de la empresa y a las posibilidades de poder cobrar algo de la millonaria deuda. Un hecho que, con Farcuh al frente de OCA, sería casi imposible de lograr si se tiene en cuenta que con su accionar incrementó la deuda fiscal y colocó a la empresa en una situación de vaciamiento deliberado a pesar de encontrarse concursada.

Incluso, Farcuh ya está procesado por varios delitos como el de retención indebida de tributos previsionales e impositivos, y sufre un embargo por $400 millones.

Ahora, tendrá que sumar nuevos cargos en su contra, en el marco de las nuevas denuncias presentadas por la AFIP vinculadas a supuestos desvíos de sumas millonarias de OCA entre el 2016 y el 2018 para fines personales.

De acuerdo a la documentación acercada por el ente fiscal que orienta Leandro Cuccioli estaría probada la vocación “manifiesta y continuada de no solalmente colocar a la empresa en una situación de incobrabilidad frente a sus obligaciones fiscales, sino también del vaciamiento deliberado de la firma en instancia concursal”.

Para la AFIP, la maniobra se enmarca en los delitos previstos por el artículo 174 inciso 6) del Código Penal, vinculado a estafas y defraudaciones y que establece una pena de dos a seis años de prisión.

La denuncia advierte que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados al giro comercial de OCA. Entre otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como la compra de motos deportivas de marca internacional, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior. Algunos de estos proveedores apócrifos comparten direcciones de IP.

Este conjunto de maniobras son para, los abogados de la AFIP, transacciones irregulares que derivaron en una evasión agravada en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.

Si el proceso continuaba con Farcuh a la cabeza de OCA, la continuidad de la empresa como operadora postal se encontraba en riesgo, por lo cual el juez Tejada decidió dar curso al pedido de intervención de la AFIP y así hasta preservar los 7.000 puestos de trabajo y los servicios que todavía presta la mayor compañía postal privada del país.