Por decreto, el Gobierno busca frenar el cierre de plantas de calzado deportivo

Tras el cierre de varias plantas de Alpargatas y de otras empresas productoras de indumentaria y calzado deportivo, el Gobierno acaba de tomar cartas en el asunto con el objetivo de evitar que la crisis que atraviesan las fabricantes locales de este tipo de productos se profundice aún más de la mano de la recesión que se espera para los próximos meses.

La herramienta que busca utilizar la administración de Mauricio Macri para sostener este mercado ya golpeado por la fuerte caída del consumo se vincula con los aranceles que se cobran a las importaciones de insumos usados para el ensamblado, en especial de calzado deportivo.

Con este objetivo, acaba de impulsar una medida que reduce estos cargos del actual 35% al 15% para los materiales que las fábricas deben importar para fabricar los modelos localmente. Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de esta jornada del Decreto 847/18 bajo el nombre de “Nomenclatura Común del Mercosur” que modifica una norma del 2010 mediante la cual se autorizó al país a mantener hasta el 31 de diciembre del 2015 una lista de excepciones al arancel externo común (AEC) para 100 productos que figuraban en ese nomenclador.

En concreto, la medida cambia las alícuotas de esos aranceles a la importación de diversos productos e insumos buscando mejorar la competitividad de la producción nacional. Entre los sectores beneficiados se destaca la industria química, textil y de calzado. También se abarata la importación de mercaderías utilizadas por el sector alimenticio, agropecuario, turismo para centros de esquí, motos y bicicletas.

En el caso de los sectores textil y calzado, el Gobierno dio de baja una resolución del 20 de diciembre de 2011 que le permitió a los países miembros del Mercosur elevar, transitoriamente las alícuotas del impuesto de importación por encima del AEC para los insumos de extrazona. Aunque limitó esas subas al arancel máximo consolidado por cada país ante la Organzación Mundial de Comercio (OMC).

La norma había sido extendida en julio del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021 pero ahora fue modificada por el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri con el objetivo de “armonizar el ejercicio de las facultades otorgadas a nivel comunitario, con las restantes políticas encaradas por el gobierno nacional, en el plano económico y productivo”, tal como se establece en la propia norma.

En la decisión mediante la cual se reducen los aranceles para importar los insumos usados en el ensamblado local de zapatillas deportivas también estuvo involucrado el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien busca desarrollar la producción nacional.

Fuentes del sector también aseguran la medida tuvo el apoyo y el impulso de algunas empresas que intentan sobrevivir a la caída del consumo y al incremento de las importaciones, en especial de Asia. Entre las compañías identifican a Paqueta, de origen brasileño pero que tiene fuerte presencia en el país como proveedor de varias marcas importantes del estilo de Adidas, Salomon, Quick Sylver y Boating, entre otras. Se trata de una de las pocas sobrevivientes a la oleada de cierres y despidos acontecidos en el sector en el ultimo año, despidos que ya se superan las 5000 personas en todo el país En este sentido, se aseguran además que Juan Recce, gerente de Asuntos Públicos de esta firma, estuvo directamente involucrado en las negociaciones con el Gobierno para lograr esta baja de aranceles.

De hecho, en las fábricas locales anticipan que el decreto incentivará la alicaída producción local que hoy llega a representar menos del 10% de los 28 millones de pares de calzado deportivo que mueve el mercado interno. El resto, se encuentra en manos de las grandes empresas del exterior cuando en el 2016, los artículos importados representaban el 55% del total de una torta que ese año ascendía a los 35 millones de pares.

Si bien, este sector viene soportando una importante crisis, con plantas que cierran como la de Gael, en la provincia de Buenos Aires, y las de Alpargatas en Catamarca y La Pampa, los empresarios estiman que el decreto puede traer un poco de estabilidad y equilibrio a la producción local. “Permitirá que lo nacional pueda volver a crecer frente a lo importado, mas allá de la caída en las ventas que estamos soportando”, explican desde una de las fábricas locales, en donde el decreto presidencial fue calificado como una medida “anti estanflación”. Es decir, que puede revertir la ecuación de recesión con suba de precios.

Esto porque, los aranceles más bajos deberían posicionar a los productos locales con precios competitivos con los que ingresan de Asia. Antes del decreto, un par de zapatillas de alta performance ensamblada en Argentina costaba entre u$s 6 y u$s 8 más respecto de los ingresados de China. Con esta medida, dicen en el mercado, sólo tendrán un diferencial adicional de entre u$s 1 y u$s 2 por par.

“Es una buena medida para marcas como Nike, Adidas, New Balance, Puma y Lecoq, que alimentan a grandes ensambladoras en distintos puntos del país que se encontraban con una producción en baja”, sostienen desde otra empresa local. Agregan que el decreto permitirá un ahorro anual de u$s100 millones en aranceles que será un aliciente para que las grandes marcas vuelvan a apostar a la producción local.

“Se genera un doble guiño, de reducción de aranceles para el comercio exterior bien visto por la OMC y de estimulo a la producción nacional, una que marca tendencia para la gestión del Ministro Dante Sica”, interpretan los empresarios locales.

Pero además de este decreto, la cartera que dirige el funcionario también publicó otro decreto, el 854/18, que establece mejoras en el régimen de importación temporaria (CTIT). Se trata de un sistema que permite importar, sin aranceles ni tributos, productos para agregarles valor en el país y luego exportarlos en el plazo de un año, con posibilidad de prórroga por un año más.

Fuentes oficiales explicaron que se trata de un régimen que fomenta el crecimiento económico, el desarrollo, las exportaciones

competitivas y el empleo en el país.

El nuevo sistema de gestión reduce costos y tiempos ya que el trámite pasará de realizarse en tres meses a 15 días. Además, las empresas pasan a tener la responsabilidad de respaldar la información presentando en el transcurso de un año un dictamen técnico, el cual podrá ser realizado con el INTI, universidades e ingenieros matriculados y colegiados.

La presentación de este dictamen se hará luego de la emisión del certificado y se establecerán multas más elevadas para los que incumplan.

Para los sectores productivos con procesos naturales más largos, como puede ser el caso de los vinos añejados, se implementarán plazos de permanencia en el país de los insumos superiores al año.

“Desde el principio de la gestión se simplificó el trámite con buenos resultados: pasamos de emitir un promedio de 25 certificados por mes en 2016 a casi 150 en la actualidad; y el promedio de tiempo de gestionar cada caso pasó de un año y medio a unos tres meses. Con el nuevo cambio al sistema se prevé seguir ganando en eficiencia y competitividad”, dijo el secretario de Comercio, Miguel Braun.  Entre los sectores que más lo usaron se destacan el químico (26%), metalmecánico (12%), alimenticio (11%) y autopartes (10%).