El lobby petrolero funcionó: el Gobierno dio marcha atrás en su intento de cortar subsidios al gas en Vaca Muerta

Las petroleras que ya desembarcaron en Vaca Muerta y las que analizan hacerlo seguirán contando con el subsidio a la producción de gas no convencional que el Gobierno dispuso en el 2017 para, precisamente, promocionar las inversiones en la principal zona hidrocarburífera de la Argentina y una de las mayores del mundo.

La continuidad de estos fondos quedó asegurada para en el Presupuesto 2019 que el Gobierno enviará para su discusión en el Congreso con una partida de $28.700 millones o casi u$s700 millones, según el valor actual del dólar. Un monto que supera en $17.000 millones a los $10.738 millones establecidos para este año.

La partida figura en el anexo del Ministerio de Hacienda vinculado a la Secretaría de Energía bajo el título de “Subsidios a la oferta de gas natural”. El programa contempla las acciones destinadas al subsidio a la oferta de gas natural creado con el objetivo de estimular la producción de este insumo y cubrir las necesidades de acceso al combustible.

En este marco, el Gobierno decidió mantener vigente la Resolución 46/2017 creada por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, para establecer incentivos a la producción de gas no convencional que marcan un sendero de precios hasta el 2012 y que actuaron como disparadores de la producción en Vaca Muerta.

En concreto, el programa le otorga a las empresas un subsidio directo que cubre las diferencias entre el importe promedio del gas en el mercado y el precio estímulo fijado por el Estado. De esta forma, se le garantiza a los grupos petroleros ingresos competitivos al margen de las oscilaciones del mercado.

Por caso, este año el incentivo se ubica en los u$s7,50 por millón de BTU. Pero la norma establece que ese valor deberá ir cayendo a u$s7 en el 2019; a u$s6,50 en 2020 y a u$s6 en 2021.

Marcha atrás de Hacienda

Esta resolución había sido puesta bajo la lupa por los técnicos del Ministerio de Hacienda en el marco del plan de ajuste orientado a recortar gastos e incrementar ingresos que permitan alcanzar la meta de déficit cero impuesta por el Gobierno para el año próximo como parte del acuerdo de financiamiento con el FMI.

Se había llegado a la conclusión sobre la necesidad de renegociar el monto de esos subsidios o directamente eliminarlos sin haberse tenido en cuenta los millonarios montos ya invertidos y los ya comprometidos por los petroleros en la zona al calor de esta política de incentivos.

De hecho, el lunes pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, viajó a la ciudad norteamericana de Houston a “vender” Vaca Muerta entre inversores de ese país, promocionando las estrategias oficiales que han permitido hasta ahora grandes inversiones en esa área de la provincia de Neuquén, donde ya se extraen grandes volúmenes de gas no convencional.

Algunos empresarios petroleros le habían advertido ya al propio Iguacel y a otros funcionarios del Gobierno que el recorte de estos subsidios o su eliminación provocarían un preocupante freno en las inversiones y hasta posibles juicios contra el Estado por cambios en las reglas de juego de manera unilateral, entre otras críticas.

El más perjudicado por eventuales modificaciones a la Resolución 46/2017 sería el grupo Techint que, a través de su petrolera, lleva invertidos en la zona u$s1.400 millones y tiene otros u$s600 millones comprometidos en desarrollos futuros. Según una nota publicada la semana pasada en el diario Río Negro, Tecpetrol debe recibir u$s350 millones de subsidios este año y otros u$s650 millones en el 2019 con el precio del gas en torno a los u$s4 por millón de BTU.

En iguales condiciones se encontraban otras empresas como Capez, PAE, Total e YPF, que también preciben el incentivo y que se había mostrado preocupadas por una posible eliminación o reducción de esos beneficios.

Además de las empresas, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se había convertido en el abanderado de la defensa del subsidio y había hecho llegar un fuerte reclamo para que se mantengan al propio Dujovne.

De hecho, no viajó a Houston con Iguacel esta semana para mostrar su descontento con la posibilidad de que se recortaran esos incentivos que ahora el Gobierno decidió mantener, por lo menos por un año más.

El mandatario había advertido que 11 proyectos presentados para Vaca Muerta corrían peligro de no concretarse. Se trata de desarrollos que estaban esperando ingresar al programa de estímulo a la producción y que ya cuentan con el visto bueno de la provincia.

El caso más reciente es del de PAE que no se encuentra vinculado a la producción de gas sino a la de petróleo no convencional pero que, debido a la incertidumbre financiera y a las dudas por los cambios en las normas, también estaba en dudas.

Se trata de una concesión para explotar el área Coirón Amargo Sur Este y que representa una inversión de u$s120 millones en un lapso de cuatro años.

En función de los resultados que obtenga en la primera etapa, se estima que el desarrollo de la zona implicará inversiones por u$s1.200 millones para perforar casi 90 pozos.

Con esta concesión, la provincia ya suma 31 proyectos de shale y light no convencionales en etapa piloto por un total de u$S8.058 millones y 543 pozos, según un informe elaborado por la provincia de Neuquén.

En tanto, en las partidas para energía que el Presupuesto 2019 también elaboró se encuentran fondos orientados a sostener otros proyectos para el sector gasífero. Por caso, $256 millones que el Gobierno adeuda por el Plan Gas II, además de otros $2.923 millones por el Plan Gas III.

También pidió que la Secretaría de Energía de la Nación corrija la Resolución 46 que estructuró el nuevo Plan Gas y cuya “letra chica” les permitió a algunas operadoras elevar el superprecio del gas de Vaca Muerta hasta casi 8 dólares. El mandatario aseguró que el sendero de precios pautado en la normativa establecía un tope de 7,5 dólares por millón de BTU y que “no fue el espíritu” de la resolución pagar un valor por encima.