Por qué sólo una decisión política puede salvar a OCA de su final

Intervenida judicialmente, con un abultado pasivo que se ha incrementado en los últimos meses, con la mayoría de sus cuentas bloqueadas o embargadas, con su dueño denunciado por vaciamiento, al borde de la quiebra y con una fuerte pérdida de market share el futuro de OCA debería ser inevitable: su desaparición como operador postal.

Es que tanto desde el frente judicial como el comercial, la empresa que preside Patricio Farcuh no cumple con ninguno de los requisitos normativos que le pueden permitir continuar siendo la mayor empresa de correos privada de la Argentina.

El certificado para que lo siga siendo debe ser emitido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el próximo 30 de septiembre. Ese día, el ente a cargo de regular el negocio de las telecomunicaciones y el del mercado postal nacional, debe definir la situación de la compañía en base a informes elaborados por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Tejada, en donde se encuentra radicado el concurso preventivo de la empresa.

También tendrá en cuenta la opinión de los veedores judiciales y de la AFIP. En todos los casos, las opiniones serían coincidentes con ponerle fin a los días de esta compañía que hoy preside Patricio Farcuh.

Hasta ahora, la empresa continúa operativa gracias a un acuerdo sellado a principios de mayo pasado entre el Enacom y el gremio de Camioneros que logró extender la licencia hasta fines de mes a cambio de lo cual el sindicato de Hugo Moyano levantó un paro que había sido convocado para esos días en reclamo del futuro de los 7.000 trabajadores que emplea la empresa postal.

Sin embargo, todos los informes judiciales, impositivos y oficiales son contundentes en cuanto a denunciar operaciones de vaciamiento, desmanejo de parte de Farcuh y falta de compromiso para el cumplimiento de acuerdos anteriores sobre la cancelación parcial de su deuda.

Se entiende entonces que de remitirse a estas conclusiones, el ente que preside Silvana Giúdice debería dar por descontado el bloqueo del permiso y la disolución de OCA como empresa postal después de 51 años de actividades desde que fue creada en 1951 en la provincia de Córdoba.

Fuentes judiciales, oficiales y privadas consultadas por iProfesional coinciden en sostener que están dadas todas las condiciones para disolver la compañía. Aseguran que el Enacom tiene argumentos de sobra para no extenderle el certificado, por la gran cantidad de irregularidades y delitos probados que ha cometido y siguió cometiendo Farcuh al mando de OCA.

De hecho, el último informe antes de renunciar elevado por Marcelo Griffi, el coadministrador judicial de la empresa, fue contundente en cuanto a las irregularidades. Detalló incumplimientos en cuanto al pago de su deuda, y acusó a Farcuh de cometer “vaciamiento” de la compañía que preside.

Sin embargo, en mayo pasado Griffi dejó su cargo al cual había accedido por decisión de juez Tejada. No sin antes fundamentar sus sospechas con respecto al comportamiento de Farcuh a quien acusó de dejar de pagar aportes y contribuciones patronales, retenciones impositivas y cargas sociales y fiscales por casi $300 millones.

Dijo además que la empresa continúa sumando un déficit mensual “que no tiene forma de financiación imaginable” y concluyó que con el escenario que describe su trabajo como coadministrador se tornaba estéril y limitado a recibir información, muchas veces incompleta y demorada. También denunció pagos no autorizados a firmas vinculadas con Farcuh respecto de las cuales no hay facturación y el pago de desvinculaciones laborales no homologados ante el Ministerio de Trabajo.

El ex coadministrador detectó además que Farcuh aparece desde 2017 y hasta la actualidad como empleado de OCA y que el año pasado casi 100 trabajadores de la empresa que no desarrollaban tareas calificadas percibieron salarios altos desde principios de ese año, pese a que solo tenían pocos meses de antigüedad en la firma.

Tras este informe Griffi renunció haciendo estallar el acuerdo firmado en mayo pasado. A esto se suma que la AFIP sumó nuevas denuncias tendientes a demostrar los ilícitos cometidos por Farcuh durante estos meses. Por un lado, le pidió al juez Tejada la “intervención completa” de OCA argumentando que el empresario siguió sumando deuda con el ente fiscal “para vaciar la empresa”.

En el escrito la AFIP estima que la deuda actual de OCA supera los $5.000 millones y que se incrementó en $1.000 millones después de haberse cerrado su concurso preventivo.

En cierto modo también advierte el fracaso de la intervención de Griffi al sostener que no logró hacerle cumplir a Farcuh los compromisos asumidos.

Recuerda que el ex interventor denunció la salida de fondos no autorizados ni relacionados con la actividad comercial de OCA y que por esa razón la AFIP le pidió al juz Tejada que avance hacia una “intervención completa” de la compañía y la remoción de Farcuh de sus cargos directivos.

Ante este panorama, la AFIP solicitó al juzgado de Tejada una serie de medidas de urgencia, como el secuestro de documentación para acreditar las múltiples maniobras de insolvencia fiscal y vaciamiento de la firma.

Solicitó el apartamiento de Farcuh y la designación de un cuerpo de administradores para garantizar el cumplimiento de los pagos de la deuda postconcursal, que asciende a $1.600 millones.

El magistrado hasta ahora no ha tomado una decisión aunque tiene plazo hasta fin de mes para hacer caso al pedido del ente recaudador fiscal que dirige Leandro Cuccioli.  De todos modos, ese día la AFIP le informará al Enacom que OCA no pagó sus deudas con el fisco y que abrió una nueva demanda ante el fuero penal económico por retención indebida de tributos, tanto previsionales como impositivos, y por insolvencia fraudulenta.

Esta demanda se suma a la de vaciamiento en la cual la AFIP asegura haber verificado “numerosas maniobras para desviar sumas millonarias de la empresa entre el 2016 y el 2018 para fines ajenos a la compañía”. Se trata de una ampliación de una denuncia previa realizada el año pasado por insolvencia fiscal fraudulenta que se radicó en el Juzgado en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart.

En le escrito, la AFIP advierte que Farcuh contrató diversos proveedores “apócrifos” y no vinculados al giro comercial de OCA y que llevó a cabo compras millonarias de bienes y servicios suntuarios su propio uso. En este sentido, detalla la adquisición de motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por montos ubicados por encima del valor del mercado.

“Todas estas transacciones irregulares derivaron en una evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria”, acusa la AFIP en su investigación que está en sintonía con las denuncias de Griffi, quien por este motivo renunció a su cargo.

Con este sombrío panorama judicial y comercial que pesa sobre Farcuh y su empresa, el Enacom deberá resolver en menos de dos semanas el futuro de OCA y de sus 7.000 empleados. Está claro que, de ajustarse a los antecedentes que le aportartán tanto desde el juzgado de la causa como desde la AFIP, es imposible extenderle el plazo de actividad, precisamente por la acumulación de irregularidades, investigaciones y supuestos delitos que se denuncian.

Sin embargo, desde el Gobierno admitieron la probabilidad de buscar una salida política que permita la continuidad de la compañía sin Farcuh a la cabeza y con un nuevo gerenciamiento que logre encauzar las actividades de la empresa y el pago de sus deudas.

La fórmula, que no explican con mayores detalles, también permitiría mantener la tregua con Moyano en este caso, más que nada teniendo en cuenta que unos días antes del dictamen sobre el futuro de OCA, es decir el 24 de septiembre, el sindicalista liderará un paro de 36 horas contra el Gobierno junto a las dos CTA.

Si bien el titular de Camioneros también quiere a Farcuh fuera de OCA, se opone a la disolución total de la empresa postal y busca la continuidad a partir de un gerenciamiento que pueda ser controlado por su gremio y que impida que se decrete la quiebra sobre la compañía.

Esta variante judicial también está siendo analizada por Tejada como otra de las alternativas utilizando el criterio que su colega Javier Cosentino adoptó en la causa de Oil Combustibles.

El magistrado decretó la quiebra de la petrolera de Cristóbal López que de todos modos sigue operando bajo un contrato de asistencia firmado con YPF que, cuando venza, hará que los activos y bienes de la compañía sean vendidos en el marco de una subasta judicial.

Lo cierto es que en los próximos días habrá importantes definiciones desde el Gobierno que seguramente terminarán definiendo el panorama de OCA de cara al negocio postal, donde todavía sigue siendo la mayor compañía privada del sector.