Aníbal Fernández logró frenar la venta de la petrolera Oil Combustibles

A último momento, Cristóbal López logró frenar el traspaso de su petrolera a nuevos dueños. Lo hizo mediante la presentación de una recusación en contra del juez Javier Cosentino, quien tiene a su cargo el proceso de quiebra de Oil Combustibles (OCSA), y que esta jornada debía definir a qué otro grupo le cedía los activos de la principal compañía que supo tener el Grupo Indalo.

Ahora, será la Sala A de la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver el futuro comercial y de todos los trabajadores de la compañía, hecho que se estima podría quedar definido la semana próxima.

Esto se debe a que a través de su abogado, Aníbal Fernández, el empresario kirchnerista denunció al titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 5 acusándolo de “poseer interés directo en la causa” en la cual se lleva adelante un proceso judicial para intentar recomponer los activos de la quebrada OCSA a partir de una nueva gestión empresaria.

Según la presentación, la recusación propuesta se funda en la causal prevista por el artículo 17, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial que hace referencia al supuesto de que un juez pueda tener interés en el caso.

Se trata de la segunda recusación que llevan adelante Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en contra de Cosentino, siempre asesorados legalmente por el ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo y ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner.

Siempre con el objetivo de apartar al juez de la causa iniciada tras una denuncia de la AFIP por supuesto desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia a los combustibles que habrían sido usados por López y De Sousa para incrementar el pool de empresas de Indalo.

Si bien el juez Cosentino argumentó en contra de la recusación, sosteniendo que los denunciantes “carecen de legitimación suficiente para efectuar el planteo”, la estrategia judicial parece haber logrado sus frutos, por lo menos durante los próximos meses. Esto porque finalmente no hubo posibilidad de que el magistrado se definiera por una de las dos ofertas presentadas para adquirir los activos de Oil que le hicieron llegar YPF y el grupo holandés Trafigura.

“Aclaro desde ya que no poseo ningún interés particular en este proceso universal ni he sido partícipe de ninguna de las maniobras a que se alude en la presentación, las que niego absolutamente”, sostiene Cosentino en su presentación en la que también asegura que “todas las decisiones del pleito fueron debidamente fundadas y publicitadas”.

Advierte además que todas las cuestiones sobre las que se funda el planteo han sido objeto de los recursos pertinentes, conformadas por los interventores, sindicatura y acreedores, y han pasado en autoridad de cosa juzgada.

Por estos motivos, Cosentino entiende que no corresponde ahondar en cuestiones que exceden el marco de la recusación, pero resalta “el perjuicio que causa la demora que genera la recusación”.

Lo califica “de suma magnitud” y advierte que los más perjudicados son los trabajadores, “arrastrados a la cesación de pagos y que aguardan la venta a fin de percibir sus créditos pertinentes y con la expectativa de recuperar su fuente laboral en virtud de la eventual planificación y desarrollo del negocio que lleve a cabo el adquirente”.

Añade el magistrado que la recusación “acrecienta el daño ambiental que se deriva de un establecimiento en malas condiciones, de lo que han dado cuenta diversos intervinientes en la causa y organismos de la Provincia de Santa Fe”.

Lo cierto es que el pedido formulado por Aníbal Fernández frenará el proceso de venta de la refinería de Oil ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo y por la cual se presentaron siete interesados que adquirieron el pliego, de los cuales luego cinco desistieron de continuar en el proceso.

Esto ocurrió, por ejemplo, con el grupo Guvnor S.A., señalada por Cristóbal López como el que efectuó una oferta por u$s385 millones en octubre de 2016.

Por esos motivos, habían quedado solamente dos propuestas concretas en la causa, de modo que las expectativas de venta de Oil por una cifra millonaria, tal como sostenía Cristóbal López, habían sido descartadas y calificada por el propio Cosentino como “quimérica”.

De hecho, entre los que descartaron seguir en la competencia también se encuentra el grupo ruso Lukoil que cuando Indalo fue cedido al empresario Ignacio Rosner había comprometido aportes por u$s300 millones que no fueron materializados debido a la intervención judicial de la petrolera y a la decisión del juez Cosentino de decretar su quiebra.

El objetivo del magistrado era el de entregar al ganadador de la licitación el negocio de refinación de petróleo y la comercialización de los derivados que Oil lleva a cabo desde su complejo industrial ubicado en San Lorenzo. También la terminal fluvial, la planta de almacenamiento, la refinería y los derechos y obligaciones contractuales vinculadas con la explotación de su red de estaciones de servicio.

Hasta ese momento y desde junio pasado, Oil Combustibles es gerenciada por YPF en sociedad con Dapsa por decisión del propio juez Cosentino a través de un dictamen mediante el cual le cedió por dos meses a la petrolera estatal la potestad de operar las instalaciones de la refinerí¬a a cambio de un canon mensual de u$s3,3 millones.

Si bien el plazo vence el próximo viernes, la acuerdo le permite a la petrolera que preside Miguel Gutiérrez ampliar el contrato por otros dos meses. Es decir seguir operando la empresa hasta octubre con el objetivo de garantizar la disponibilidad de productos de alta calidad, a precios de mercado y en condiciones de competitividad para los operadores de estaciones de servicio, tomando a su cargo el riego de la operación comercial, tal como quedó definido en el fallo de Cosentino.

Se esperaba que las ofertas superaran los u$s42 millones en los que fue tasada Oil Combustibles por los síndicos de la petrolera. Una cifra lejana a los u$s102 millones que Cristóbal López pagó cuando le compró a Petrobras estos activos de la petrolera brasileña en la Argentina.

Pero también se esperaba que fuera YPF la que finalmente se adjudicara la compulsa. Hasta ahora la petrolera estatal viene gestionando Oil tras haber firmado con el juez Cosentino un acuerdo de gerenciamiento a cambio del pago de un canon mensual de u$s3,3 millones.

El acuerdo vencía este viernes e YPF tenía la potestad de igualar cualquier otra oferta ya que es la que se viene haciendo cargo en forma directa del abastecimiento exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de OIL, garantizando la disponibilidad de los productos para los operadores.

También asumió la explotación de los activos logísticos en la terminal fluvial, con personal propio en la supervisión de las tareas que se lleven a cabo en las instalaciones.

Con la recusación lograda por los ex dueños de la empresa, ahora el futuro es incierto. De hecho, fuentes gremiales adviertieron sobre el destino de Oil tras este logro judicial de Cristóbal López.

Al respecto, Gerardo Canseco, titular de la delegación San Lorenzo del sindicato petrolero del SUPE, sostuvo que la recusación en contra de Cosentino originó una dilación que le puede generar “un grave perjuicio a los trabajadores”.

Una vez que se cedan los activos a la refinería estaba la cancelación de las indemnizaciones al personal que ahora con este fallo judicial deja congelado este pago y le pone un manto de duda a la refinería de San Lorenzo.

“A López y Fernández no parece interesarle la situación laboral de los empleados del Grupo Indalo y hasta juegan con chicanas procesales que producen dilaciones a decisiones judiciales inevitables y que solo tratan de embarrar la cancha”, agregó el sindicalista.

La decisión sobre el futuro de Oil puede llegar a coincidir con el día en el que López y De Sousa deberán declarar por la causa.

Será el próximo lunes, cuando ambos empresarios serán indagados por el juez Cosentino en el marco de esta causa que investiga las maniobras llevadas a cabo a través de Indalo para desviar fondos públicos a la compra de activos que finalmente le dieron forma al grupo empresario estrechamente vinculado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Los dos optaron por solicitar declarar vía videconferencia para no tener que moverse de la cárcel en la que están alojados por orden judicial. En el caso de López, del penal de Ezeiza, mientras que De Sousa pasa sus días en Marcos Paz.

Por ahora, se encuentran preparando sus defensas para declarar ante el juez Cosentino sobre las acusaciones en contra de ambos por el supuesto desvío de $8.000 millones que la petrolera Oil Combustibles debía girar a la AFIP por el cobro del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), pero que en cambio se usaron para financiar la adquisición de compañías de varios sectores.