El Gobierno anula fideicomisos para obras de gas vinculados a la corrupción K

El Gobierno tomó la decisión de ordenar y ponerle fin a una compleja ingeniería financiera que fue utilizada durante el kirchnerismo como otra de las usinas de cobro de sobornos y coimas en obras supuestamente orientadas a la expansión del sistema nacional de transporte de gas entre los años 2004 y 2008.

Mediante la Resolución 125/2018, publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, se ordenó liquidar dos fideicomisos financieros creados por el ex Ministerio de Planificación Federal para subsidiar proyectos en las zonas controladas por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), que debían haberse realizado en dos años y que ya llevan 14 años.

Los fideicomisos fueron “pensados” para atender inversiones en transporte y distribución de gas en las zonas concesionadas y se nutrían de los ingresos generados por el cobro de cargos tarifarios a grandes usuarios y recursos obtenidos por programas especiales de crédito. Para obtener esta financiación, el gobierno anterior diseñó un programa global para emitir Valores Representativos de Deuda (VRD) por $3.000 millones. El dinero fue canalizado a dos fideicomisos diferentes que comprendían las ejecuciones de las ampliaciones en la zona norte entre el 2006 y el 2008, y en la región sur durante los mismos años.

Ambos fideicomisos fueron gestionados por Nación Fideicomisos Sociedad Anónima (Nafisa), a modo de fiduciario, y canalizaron el dinero para llevar a cabo proyectos que en su mayoría fueron adjudicados a las empresas Skanska y Odebrecht y dispararon varias causas judiciales por el pago de sobreprecios que involucran a ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otros.

También se repiten algunos nombres de empresas involucradas en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno como Albanesi y Techint, además de la propia Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Energético) mientras su gestión estuvo a cargo del kirchnerismo.

Ahora, el ex Ministerio de Energía devenido en Secretaría y con la firma de Javier Iguacel, reglamentó la resolución por la cual se decide discontinuar en forma definitiva la ejecución de esas obras creadas bajo el Decreto N° 180/2004 del 13 de febrero de 2004 y la Resolución N°185/2004 del 19 de abril de 2004 y se le instruye a Nafisa y a TGN y TGS que se unifiquen los montos de ambos fideicomisos y se consoliden las dos estructuras en el “Fideicomiso de Obra Norte 2006-2008”, que proseguirá con el repago de los aportes e inversiones pendientes.

En este sentido, la resolución actualiza en $30.000 millones el monto máximo del programa de emisión de los VRD en manos de empresas contratistas y proveedoras.

Para fondear esta deuda, la resolución mantiene la aplicación de un costo especial creado por De Vido que pagan grandes consumidores y que se conocen en las tarifas como Cargo Específico Gas I y Cargo Específico Gas II. Los dos continuarán hasta el repago íntegro de las inversiones efectuadas en las expansiones de capacidad del sistema de transporte de gas natural.

Además, se le encomienda a la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos la realización de los actos necesarios para implementar la resolución, incluyendo la aprobación de los pagos pendientes en los contratos firmados entre Nafisa y TGN y TGS.

También se ordena volver a la aplicación de la Ley 24.076, creada como marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado, y de las normas reglamentarias de los procesos de Revisión Tarifaria Integral (RTI). Y se decide discontinuar los procesos instaurados bajo el régimen de contratos de fideicomiso al amparo de las normas y actos ahora anulados por el actual gobierno de Cambiemos.

Skanska-Odebrecht

Con esta decisión, la secretaría que dirigie Iguacel busca ordenar y terminar con el descontrol administrativo y burocrático que heredó de la gestión de De Vido y que disparó varias causas judiciales por pago de coimas, sobornos y sobreprecios en las obras mediante las cuales se ampliaron en alrededor de 2.000 kilómetros los gasoductos y se construyeron 14 plantas compresoras en las zonas de TGN y TGS.

En todas las obras figuraron como adjudicatarias de algunos de los proyectos la sueca Skanska y la brasileña Odebrecht. De hecho, tanto la Sigen como la Oficina Anticorrupción impulsaron denuncias por haberse identificado varios ilícitos como sobreprecios en materiales, pagos sin control, redeterminaciones de costos injustificadas y datos contables “dibujados”.

Uno de los descubrimientos da cuenta de sobreprecios en la compra de tubos, caños y chapa comprados por Odebrecht a Confab, la filial brasileña de Techint.

Hubo también pagos “adicionales” al conglomerado involucrado en la causa del Lava Jato en su país de origen, con redeterminaciones de precios que se apartaron del contrato original, según un informe de la Sigen en el que también se habla de inexistencia de controles por parte de la Secretaría de Energía y de una libre disponibilidad en el uso de los fondos por parte de Nafisa.

Las causas judiciales que involucran a todas estas empresas, se iniciaron a partir de indicios sobre posibles irregularidades en el proceso de proyección, aprobación, contratación y desarrollo de obras públicas bajo el amparo de la ampliación de los gasoductos en las zonas de TGN y TGS entre el 2004 y el 2008.

De hecho, en el 2007 desde la dupla TGN-Techint denunciaron sobreprecios en la obra por un 152% y le pidieron al gobierno kirchnerista que anulara la licitación. Sin embargo, la respuesta oficial fue otra. La de acusar a ambos grupos de corrupción mediante una solicitada publicada en los diarios de entonces.

En varias de las investigaciones se ha dado como probado que ex funcionarios pertenecientes a la órbita del entonces Ministerio de Planificación Federal, directivos de Cammesa y ejecutivos de Skanska, Odebrecht y Albanesi entre otras empresas, fueron partícipes de actos de corrupción y delitos contra el Estado nacional.

Según la Oficina Anticorrupción (OA), a partir de la creación de los fideicomisos y de la aprobación de los planes de ampliación de la capacidad de transporte de gas natural en el país se celebraron contratos entre el Estado nacional y empresas privadas que involucraron una gran cantidad de delitos y hechos de corrupción.

El organismo que dirige Laura Alonso advierte que estos actos se identifican en las distintas fases del plan de ampliación de los gasoductos, muchos de los cuales también fueron denunciados por las actuales autoridades de Nafisa en base a un informe elaborado por la Auditoría Poder Judicial de la Nación y por la Sigen.

Se detectaron procedimientos especialmente creados para eludir los sistemas de contratación y control a cambio del pago de sobornos por u$s35 millones a los funcionarios públicos con capacidad de decisión, accionar que también se verificó en otros contratos firmados por ejemplo, por Odebrecht en las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento e instalaciones de AySA.

En estas causas, además de De Vido y Cameron están procesados otros ex funcionarios kirchneristas como Bautista Jacinto Marcheschi y Cristian Folgar, considerados autores del delito de negociaciones incompatibles con la función pública al haber respaldado maniobras que derivaron en negocios a favor de Odebrecht.