El Gobierno busca desplazar a la empresa Electroingeniería de una millonaria obra energética

Finalmente, el Gobierno habría decidido despegarse de la relación comercial que tenía sellada con Electroingeniería y echó al grupo cordobés de la obra para la construcción de dos represas en la provincia de Santa Cruz.

Lo hizo un mes después de haberle dado al holding de los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta beneficios impositivos para facilitar el desarrollo de este millonario proyecto hidroeléctrico. 

La decisión se basa en la participación de Ferreyra en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno en la cual figura en varias páginas entregando bolsos a ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido y Roberto Baratta, a modo de pago de coimas para, precisamente, adjudicarse varias licitaciones de obras públicas.

En el caso de la de Santa Cruz, se trata de la construcción de dos represas que le fueron entregadas por el gobierno kirchnerista a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en la que Electroingeniería participa con el 20% del total en sociedad con el grupo estatal chino Gehzouba, que controla otro 70%, y la empresa sanjuanina Hydrocuyo, con el 10% restante. 

Según fuentes oficiales, se le dará plazo al conglomerado asiático hasta fin de año para que le encuentre un reemplazante a su socio cordobés en este megaemprendimiento que involucra una inversión de u$s5.000 millones y que, tras haber sido analizados por la nueva gestión de Cambiemos, fueron confirmados y se mantuvo a la misma UTE al frente de su construcción, aunque bajo el nombre de “Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Condor Cliff-La Barrancosa”.

Se trataría de una decisión tomada en el más alto nivel oficila y que debería ejecutar el ahora secretario de Energía, Javier Iguacel. Lo que se persigue es evitar las consecuencias financieras y económicas que la prisión de Ferreyra puede generar en este proyecto. Más que nada, si se tiene en cuenta que el propio presidente Mauricio Macri lo calificó como “esencial” para lograr la autonomía energética de la Argentina.

Pero la búsqueda de un nuevo socio local que reemplace a Electroingeniería en la UTE no será fácil. En la práctica, el grupo cordobés viene haciéndose cargo de la obra, cuyo financiamiento está garantizado por un contrato de fideicomiso firmado entre los gobiernos de Argentina y China. Además, en la empresa consideran ilegal la decisión del Gobierno  que incluso puede hacer peligrar la estabilidad financiera y el futuro económico de Electroingeniería. Es más, en las próximas semanas debe hacer frente al vencimiento de un bono y este anuncio podría generar para Electroingenería un dolor de cabeza.

Ocurre que el contrato comercial está firmado por el ex Ministerio de Energía ahora rebajado a Secretaría, a través de la sociedad estatal Inversora Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), sucesora de Enarsa. Como contraparte se encuentra la UTE Represas Patagonia, que formaron Electroingeniería, Gezhouba e Hydrocuyo.

De hecho, en el Boletín Oficial de este viernes se publicó una resolución que anticipa la salida del holding cordobés mientras Ferreyra sigue preso en la cárcel de Marcos Paz desde donde en los últimos días comenzó u usar una cuenta de twitter para avisar que no se transformará en un arrepentido más y acusar al juez Claudio Bonadío y al Gobierno de mantenerlo como “rehén” por haberse hecho cargo, precisamente de la construcción de estas dos obras, desplazando a la patria contratista y ayudando a evitar sobreprecios que el propio empresario calculó del 50%.

En la Resolución 126/2018 de Energía se explica que en abril pasado se había delegado el control del contrato a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y se informa que ahora esas funciones pasarán a la Secretaría de Coordinación de Política Energética que se encargará de aprobar la planificación financiera de la ejecución del proyecto.

También se perfeccionan las funciones de IEASA a la que se le reasignan competencias “necesarias para disponer los desembolsos correspondientes a la mencionada obra”.

De esta forma, la sociedad que hoy preside Mario Dell A´qua se hizo cargo del contrato de obra pública y de todas las actuaciones administrativas necesarias para que se lleve a cabo.  De manera adicional se le instruye el Banco Nación para que disponga los pagos correspondientes a las dos represas.

Ya en agosto pasado, el mismo Ministerio de Energía había publicado otra resolución en la cual se eximió al proyecto del pago de derechos de importación y de tasas estadísticas para el material y la mercadería no producida en el país que será destinada a las obras de ambas represas sobre el río Santa Cruz.

La medida se conoció el mismo día en que el juez Bonadío encarcelaba a Ferreyra por su supuesta participación en la causa de las coimas que se inició tras darse a conocer los cuadernos del ex chofer de Baratta.