Del Lava Jato a los cuadernos: así es el “tsunami judicial” que salpica a Techint, Roggio, IECSA, Isolux y grandes empresas
Coincidencias o no, el contenido de los cuadernos de las coimas que repartía el chofer Oscar Centeno se dieron a conocer sólo unos días antes de que la Justicia de Argentina y la de Brasil cerraran un acuerdo para avanzar en la investigación del pago de sobornos que hizo el grupo Odebrecht en el país para quedarse con obras multimillonarias.
Coincidencias o no, en ambas causas aparecen involucrados -en varios casos con imputados y en prisión-, ex altos funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros.
Para agregar más factores en común, en las dos investigaciones se repiten como involucrados, con mayor o menor responsabilidad, los nombres de importantes grupos empresarios argentinos.
Desde Techint y IECSA, pasando por Isolux y Electroingeniería, hasta llegar al grupo Roggio y al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dueño de la constructora ESUCO.
En la Justicia local, las investigaciones de estas mega causas, por ahora avanzan de manera independiente, bajo las miradas atentas de los jueces Claudio Bonadio (cuadernos) y Marcelo Martinez de Giorgi (Odebrecht), así como de los fiscales Carlos Stornelli y Franco Piccardi, respectivamente.
En las coimas pagadas por Odebrecht en el marco del mega proceso judicial bautizado como Lava Jato en Brasil, las sospechas más fuertes en Argentina recaen sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y varias obras contratadas por AySA.
En este marco, se asegura que el monto total de sobornos repartidos por el grupo brasileño a ex funcionarios K rondaría los u$s200 millones.
En cuanto a la ruta de los cuadernos de Centeno, descubierta tras una investigación del periodista del diario La Nación, Diego Cabot, por ahora se estima que las coimas que recibieron los mismos integrantes del gobierno anterior hasta ahora rondan los u$s56 millones pero con el correr de las semanas puede incrementarse.
Y coincidencias o no, las dos rutas de este dinero sucio terminan en las mismas oficinas públicas que por muchos años ocuparon Julio De Vido al frente del entonces Ministerio de Planificación Federal, y la de su mano derecha, Roberto Baratta. Los dos ocupando el rol de “recaudadores” e integrantes de lo que el juez Bonadio ya catalogó como una asociación ilícita liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En la causa Odebrecht-Lava Jato, y según reveló el periodista Hugo Alconada Mon, también de La Nación, para que una empresa brasileña pudiera quedarse con un contrato en Argentina debía contar con un socio local. Según declaraciones de uno de los arrepentidos del Lava Jato, las firmas locales eran las que tenían aceitado el método para poder avanzar en acuerdos con el gobierno kirchnerista.
En este caso, se nombra a la constructora ESUCO, propiedad de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, como una de las principales “mediadoras”.
Esta compañía había sido subcontratada por Odebrecht para llevar a cabo ciertos servicios de construcción de en algunos gasoductos y, según el arrepentido brasileño Marcio Faría, fue la que hizo el pedido de pago de coimas para funcionarios públicos.
En el caso de los cuadernos de Centeno, a Wagner se lo detuvo por haber realizado pagos por ESUCO “que se concretaron en San José 151, donde tenía sede dicha empresa, el 2 de junio de 2010, lugar en el cual Baratta y Lazarte retiraron u$s500.000”. También lo señalan por haber entregado a Baratta otro millón de dólares.
Otra de las que aparece en las dos causas es IECSA, la ex empresa de la familia Macri que en los últimos años fue comandada por Angelo Calcaterra, primo del actual Presidente de la Nación y quien a principios de este año la vendió al empresario Marcelo Mindlin, cuya primera medida fue despedir a Javoer Sanchez Caballero de su cargo de CEO de la constructora.
Pero bajo el comando de Sánchez Caballero, IECSA habría jugado un rol fundamental en ambas causas que ahora se entrecruzan. Fue la adjudicataria de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en una UTE de la cual también formaron parte la empresa italiana Ghella, y la firma local Comsa. Y,según denuncia el fiscal Piccardi, se habrían pagado coimas a los funcionarios K para que la obra avance. El encargado de transferir esos fondos habría sido Sánchez Caballero.
En esta causa vinculada al Lava Jato, el nombre de Sanchez Caballero aparece por primera vez en marzo del 2017, cuando se dio a conocer un documento de la Policía Federal de Brasil, en el que se analizan emails que lo comprometen y lo sitúan como “contacto directo” para tratar los temas de coimas en el soterramiento del Sarmiento.
En estos momentos, Sánchez Caballero está detenido por la causa de los cuadernos de Centeno. El juez Bonadio lo acusa de haber realizado pagos pagos por ODS y por IECSA en Macacha Güemes 351 en el garaje del Hilton. Según la acusación, el 30 de junio de 2015 Lazarte retiró u$s1,5 millones que le entregó Sánchez Caballero. Y luego se le atribuyen 13 fechas más en las que habría abonado otros u$s6,5 millones por nuevas coimas a los funcionarios K.
También la filial local de la empresa española Isolux es mencionada tanto en el Lava Jato como en los cuadernos de Centeno. De hecho, en marzo del año pasado, la casa matriz despidió a la cúpula local que lideraba Juan Carlos Degoycoechea.
Se trata del mismo empresario que aceptó ahora colaborar con Bonadio como arrepentido para contar todo lo que sabe sobre las coimas que figuran en los cuadernos de Centeno. Hasta que fue despedido de su cargo, fue quien comandó el crecimiento de Isolux en el país, donde se convirtió en uno de los mayores contratistas en el área de infraestructuras y de energía.
Se quedó por ejemplo con tres proyectos de infraestructuras por un importe global de 148 millones de euros. El primero, adjudicado por Autopistas Urbanas (Ausa) y con un presupuesto de 94 millones de euros, fue la construcción del viaducto Paseo del Bajo, Tramo A, en Buenos Aires. Pero tras darse a conocer las irregularidades, el Gobierno porteño decidió rescindirle el contrato.
La segunda adjudicación, de 34 millones de euros, fue otorgada por la Dirección Nacional de Vialidad para la ejecución de varios tramos en la Ruta Nacional 3 de la provincia de Chubut; y el tercer proyecto, con un presupuesto de 20 millones de euros, fue la pavimentación de la Ruta provincial 12 en su tramo Saira- Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba.
Pero el mayor contrato logrado en Argentina por Isolux es el de la central térmica de Rio Turbio, un proyecto de 1.260 millones de euros y que precisamente figura en el caso Odebrecht por el supuesto pago de sobreprecios y sobornos.
En marzo pasado, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, le quitó la obra a Isolux, que además estaba involucrada en el escándalo por la venta de varios parques eólicos a la empresa Socma, de la familia Macri. Este grupo pagó u$s25 millones por los parques que revendió de manera inmediata a Genneia, empresa del Grupo Macro. Se trata de una operación que ahora está también siendo investigada por la Justicia.
En el caso de Río Turbio, la obra en la central térmica está detenida desde finales del 2015 y, aunque el macrismo prometió reformularla y reactivarla, eso todavía no sucedió. La paralización de los trabajos fue precisamente el motivo esgrimido por Energía para rescindir el contrato. Ahora, Degoycoechea seguramente podrá también ser indagado por la causa Odebrecht, mientras se ofrece como arrepentido en la ruta del dinero K.
De hecho y según admitieron a iProfesional fuentes judiciales vinculadas a los dos procesos del Lava Jato y de los cuadernos de Centeno, es probable que en un futuro tanto los jueces como los fiscales comiencen a trabajar de manera conjunta para desentramar la ruta de las coimas que grandes grupos empresarios pagaron durante por lo menos una década para beneficiarse con contratos multimillonarios surgidos de la obra pública kirchnerista.
Es más, cabe la posibilidad de que ambas causas puedan ser unificadas si tanto Bonadio como Martinez De Giorgi consideran que es una buena estrategia para profundizar las investigaciones.
Los que siguen
Mientras tanto, esta semana será quizá igual de movida que la pasada en el proceso de los cuadernos escritos por el ex chofer de Roberto Baratta durante casi ocho años y en los que describe el mecanismo usado para cobrar sobornos de un grupo de 13 compañías locales. Las decisiones del propio Centeno y de Degoycoechea para colaborar con Bonadio a modo de arrepentidos le permitirán al juez avanzar con más pruebas y realizar nuevos allanamientos.
También serán importantes a la hora de iniciar la segunda ronda de indagatorias a otro grupo de empresarios que están previstas para estos días y que comenzarán con la declaración de Alejandro Ivanissevich en la jornada de este lunes. El empresario tiene vasta trayectoria en el sector energético, más precisamente en el área gasífera. Estuvo presente en la década del ’90 en la privatización de la antigua Gas del Estado, fue luego ejecutivo de la italiana Camuzzi y más tarde fundó Emgasud, una pequeña distribuidora de gas que comenzó en la Costa atlántica y terminó especializándose en la construcción de gasoductos.
Luego reconvirtió Emgasud en Genneia para competir en el negocio de las energías alternativas. De hecho, es la firma que montó el Parque Eólico de Rawson.
Pero, tras vender esta empresa a la familia Brito del Grupo Macro, Ivanissevich es ahora propietario de Fides Group, que se dedica a las energías alternativas y que controla la firma 360 Energy, a cargo del parque Nonogasta, en La Rioja.
Durante el transcurso de este lunes también serán indagados los empresarios Rodolfo Paulette, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea. Sobre los dos primeros no existen muchas referencias aunque también habrían formado parte de los hombres de negocios locales que “acercaron” fondos en los bolsos de Baratta. En cuanto a Uribelarreta, es uno de los mayores beneficiaros de la obra pública durante la gestión de Cambiemos. Es también el mayor productor de soja del país y dueño de la firma MSU, por sus siglas, y está construyendo tres centras hidroeléctricas.
En el caso de los ex funcionarios, este martes serán indagados el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral; el ex chofer de Kirchner, Rudy Ulloa, entre otros.
El miércoles será el turno de Carlos Alberto Rodríguez, del ex juez Norberto Mario Oyarbide, Raúl Vertua, y del ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli.
Para el jueves quedaron las indagatorias de otro grupo de empresarios, además de la del ex jefe de Gabinete K, Juan Manuel Abal Medina. Entre la de los hombres de negocios figuran la de Néstor Otero, todavía dueño de la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro.
Se trata de un empresario con varias causas judiciales abiertas y vinculadas con los delitos cometidos por el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, entre otras. De hecho, no se avaló la última licitación de la terminal de micros porque la mejor oferta fue la del propio Otero, a quien desde el Gobierno nacional quieren fuera de cualquier licitación o concesión.
También deberá comparecer Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y también investigado en la causa de Río Turbio. De hecho, ya estuvo preso por esta causa hasta que en marzo pasado pagó una fianza de $100.000 para recuperar su libertad, a pesar de que la investigación en su contra continúa.
Será el turno además de José María Olazagasti, el ex secretario privado de Julio De Vido y quien acumula numerosas acusaciones y vinculaciones en casos oscuros como los de la valija de Antonini Wilson, la embajada paralela en Venezuela y ahora en el traslado de valijas y bolsos con dinero en el auto de Centeno.
De hecho, un día después de su testimonio, deberá presentarse ante Bonadio su anterior patrón. Es decir, el propio Julio De Vido, preso por la causa de coimas en la obra de Río Turbio. Y luego, el viernes 10 de agosto, le tocará a quien el magistrado indica como la “jefa de la banda”. Es decir, Cristina Fernández, aunque no está claro si se presentará.
En los documentos o cuadernos de Centeno, aparecen más de 30 domicilios, entre ellos la Quinta de Olivos, mientras que los automóviles donde se realizaban los viajes estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.
El chofer anotaba en detalle cada una de las entregas de dinero que conformaron la operatoria por la cual empresarios beneficiados por la obra pública pagaron millones de dólares en negro.