Guerra en el puerto: acusan a dos peso pesados internacionales de profundizar la crisis de la terminal de Buenos Aires

Dos grupos internacionales que operan en el puerto de Buenos Aires fueron acusados de haber profundizado la preocupante crisis por la que atraviesa la terminal porteña, con amenazas de despidos y de concentración económica.

Se trata de Dubai Ports World (DPW) y de Maerks. En el caso del holding árabe, es el actual accionista mayoritario de Terminales Rí­o de la Plata (TRP), que está a cargo de la concesión de las áreas 1,2 y 3 del puerto porteño, en sociedad con el grupo local propiedad de Alfredo Román.

En cuanto al grupo europeo es uno de los mayores clientes de las terminales porteñas. También lidera la operación de terminales portuarias y de buques en el mundo. A nivel local, Maersk está a cargo de la Terminal 4, cuya concesión finaliza el año próximo al igual que la de las otras dos concesionarias. Es decir de Terminales Rí­o de la Plata (TRP), controlada por DPW, y de Hutchinson Ports, a cargo de Terminal 5.

Desde la fusión de Maersk con Hamburg Sud, otro gigante europeo de transporte marí­timo, la Terminal 4 ha visto incrementar sus operaciones debido a que su nueva socia global decidió dejar de enviar sus contenedores al resto de las terminales para concentrarlas en la propiedad de Maersk.

Esta decisión fue aprovechada por TRP para asegurar que el volumen de sus negocios cayó casi un 35% y que, por lo tanto, su ecuación económica y financiera está en crisis y la pone al borde del default.

Con este escenario, los dueños de TRP presentaron ante el Ministerio de Trabajo un pedido de apertura de procedimiento preventivo de crisis para despedir a la mitad de sus casi 1.000 trabajadores pagando el 50% de las indemnizaciones. El escenario profundiza además la crisis abierta en la terminal porteña tras la decisión del Gobierno de concentrar la operación en un solo operador a partir del 2020, cuando venzan las concesiones de los tres operadores actuales.

La mezcla de los conflictos provocó que tanto los gremios del sector como un grupo de cámaras empresarias locales se unieran en una denominada "mesa permanente" con el objetivo de reclamar cambios en el proceso licitatorio y evitar masivos despidos de trabajadores.

Hace unas horas, se conoció un documento que lleva la firma de los secretarios generales de los sindicatos del sector portuario, de la Federación Marí­tima, Portuaria y de integrantes la industria naval argentina que está dirigido al interventor de la Administración General de Puertos (AGL), Gonzalo Mortola.

En la carta se reclama que el proceso licitatorio evite despidos y garantice las fuentes laborales y derechos de los trabajadores del ámbito portuario. También se manifiesta preocupación por el futuro de la terminal portuaria porteña y se recuerda la firma de tres actas en las que las autoridades se comprometieron a mantener las fuentes laborales de las distintas terminales con vistas a la nueva licitación que serí­a encarada por el Gobierno a partir del 2019.

"Desde el pasado 4 de junio, con el inicio de un procedimiento preventivo de crisis en Terminales Rí­o de la Plata (TRP), del grupo DP World y la amenaza concreta de casi 180 despidos, producto del retiro de dos lí­neas de Hamburg Sud Group (Maersk) con destino a Terminal 4 (APM Terminals-Maerks), la situación se ha vuelto insostenible", advierten los sindicatos y las empresas en el documento.

También se hace referencia a una especie de entramado de oligopolio entre Maerks y Hamburg Sud que, según aseguran, "ha comenzado en forma concreta a afectar la paz social en el puerto de Buenos Aires". Por eso le reclaman a Mortola que "en defensa de los trabajadores y del interés nacional, no permita que el comercio exterior argentino, sea coto de caza de intereses supra nacionales".

En el caso de Maersk y su integración vertical, informan que el grupo está siendo motivo de regulación en los pliegos licitatorios de varios paí­ses de Europa y Latinoamérica. Como ejemplos se remiten a lo ocurrido en Brasil y al conflicto generado en Chile, con 1600 despidos. Describen además una peculiar situación en la Terminal 4, controlada por Maersk.

"Es paradigmática, ya que opera al lí­mite de su capacidad, con exceso de horas extras, sin francos para los trabajadores, con equipos obsoletos y sin condiciones en su mantenimiento", acusan. A la vez, agregan que "sin inversiones, sus dueños pretende hacer creer a los trabajadores que van a poder operar con más de 7.330 contenedores por mes".

Con respecto a la crisis que sufrirí­a TRP, en la carta se amenaza con la toma de medidas de fuerza si finalmente la sociedad propiedad de un grupo árabe logra aval de la cartera que dirige Jorge Triaca para reducir su flota laboral.

"No permitiremos un solo despido en TRP, ni un pseudo procedimiento de crisis que eluda su responsabilidad empresarial, ni la avaricia de las multinacionales", agregan los firmantes del documento enviado a Mortola.

Anticipan que este escenario puede generar accidentes o incidentes debido a la "peculiar" situación por la que atraviesa el puerto porteño, operando además bajo la construcción de la mega obra del gobierno porteño llamada Paseo del Bajo. Concretamente, reclaman que no haya despidos, inmediata desafectación del procedimiento preventivo de crisis y mantenimiento del status quo de movimiento de contenedores hasta tanto se encuentre en marcha el proceso licitatorio.

Piden además que los pliegos eviten una posible concentración económica y que contenga medidas antimonopólicas en el marco de la ley 27.442, "impidiendo la integración vertical y en la que el Estado nacional y la sociedad no queden a merced de complejos marí­timos-portuarios".

Advierten a Mortola que el Estado "no puede permitir que se pierda un solo puesto de trabajo en la Argentina, en la situación actual", que se garanticen los compromisos de estabilidad laboral y se utilicen las prerrogativas oficiales para que las empresas "no terminen de llevarse puesto el puerto de Buenos Aires ni la paz social".

En otro párrafo, le reclaman a la autoridad nacional portuaria la urgente puesta en marcha del proceso licitatorio "claro, transparente, con participación de los sindicatos, con estabilidad laboral y sin monopolios que pongan en riesgo el comercio exterior argentino".

Pero también solicitan una prórroga de las actuales concesiones que vencen entre el año próximo y el 2020 debido a que no se llegarí­a con los tiempos adecuados para poder cumplir con todos los plazos de la nueva convocatoria a licitación.