Ex constructora de Caputo gana licitación de basura en Córdoba

Una sociedad conformada por una empresa brasileña y la constructora Caputo acaba de quedarse con parte del negocio de recolección de residuos de la capital cordobesa. Se trata de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) creada entre la firma del paí­s vecino Vega y la ex compañí­a de Nicolás Caputo, actualmente propiedad del grupo desarrollador inmobiliario TGLT.

Según el Decreto 1537/2018 firmado por el intentendente de Córdoba Capí­tal, Ramón Mestre, el Consorcio de Operación Vega-Caputo "se hará cargo de la concesión del servicio público de recolección de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Córdoba". La licitación le adjudica a la UTE el servicio durante 96 meses (ocho años), que serán contados a partir del dí­a en que se suscriba el acta de iniciación de los trabajos, y con opción a prórroga por otros 18 meses, de acuerdo a decisión del municipio cordobés.

El precio total pactado por este contrato supera los $2.846 millones y se obliga a la UTE a crear una nueva empresa para operar el servicio de la cual Vega tendrá en 49% del capital y Caputo el 51% restante.

La ex constructora del mejor amigo del presidente Mauricio Macri fue comprada por TGLT en marzo pasado. La firma adquirió el 82% de Caputo por casi u$s110 millones con el objetivo de crear un gigante inmobiliario. La operación incluye el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para completar el 100% del capital que TGLT todaví­a no ha podido concretar.

De hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso bajo investigación a la transacción y la eventual comisión de irregularidades e identificar a los responsables y proponer sanciones. En concreto, el ente regulador del mercado bursátil local cuestiona la OPA de Caputo por haber sido informada de manera posterior a la compra del 82% de la constructora.

Mas allá de este hecho, la recolección de residuos en una zona de Córdoba capital fue heredada por TGLT como parte de la compra de Caputo que se habí­a presentado el año pasado a la licitación junto a Vega, que es la nave insignia del grupo brasileño Solvi. Se trata de un holding mencionado en el Lava Jato como parte de la red de corrupción y pago de sobornos alrededor de contratos vinculados a Petrobras y a la campaña electoral de Lula Da Silva.

Medios del paí­s vecino dan cuenta de que la existencia de documentos que forman parte de la investigación en los cuales se habrí­a demostrado que el ex ministro brasileño José Dirceu y su consultora recibieron, entre 2007 y 2009, 488.000 reales ($3,416 millones, según la conversión actual), de parte de Solvi por servicios para "aceitar" negocios entre las empresas involucradas en la causa.

Dos de sus ejecutivos, Lucas Feltre y Diego Nicoletti, director Administrativo y Financiero y director Regional respectivamente del grupo, se encuentran presos acusados de polución atmosférica, polución hí­drica, construcción de obras potencialmente contaminantes sin licencia ambiental y elaborar un estudio total o parcialmente falso o engañoso.

En su página web se asegura que Solvi Participaí§íµes es un grupo conformado por 60 empresas, especializado en negocios ligados al tratamiento de residuos, energí­a, saneamiento y soluciones ambientales. Tiene negocios en Brasil, Argentina, Perú y Bolivia donde opera a través de Vega, empresa creada en 1997, fruto de una inversión de la multinacional de origen francés Suez en Brasil. Nació bajo el nombre de Vega Engenharia Ambiental SA para realizar operaciones de recolección de residuos domésticos, de limpieza en establecimientos de salud, en aeropuertos e industrias.

En diciembre del 2012 se adjudicó el servicio de recolección de residuos de Rosario por un lapso de siete años también mediante una UTE en sociedad con Caputo. Desplazaron a Cliba, del Grupo Roggio, para hacerse cargo de un contrato para la zona norte de la ciudad santafesina y con un valor de $2.000 millones que operan mediante su controlada, Limp-Ar Rosario, en la que Vega controla el 60% del capital y Caputo el 40% restante.

En el caso de Córdoba, se repartirá el negocio con otros dos grupos a los que se le adjudicaron otras zonas como son la firma correntina Lusa y el consorcio Transportes Olivos- Cotreco. A nivel global, se trata de una licitación que conmprende un presupuesto de $14.000 millones en un plazo de ocho años, actualizable por inflación y prorrogable por dos años más.