Empresas de energí­a y gas congelarí­an inversiones si frenan suba de tarifas

Mientras el debate sobre las tarifas de los servicios públicos hará foco en la Cámara de Diputados, las empresas que integran el sector energético salieron al cruce de los intentos de la oposición por votar una ley que frene las subas en los precios de la electricidad y el gas.

A través de un documento, compañí­as productoras, transportadoras y distribuidoras de energí­a y gas advierten que, de aprobarse, las iniciativas impulsadas en la Cámara baja congelarí­an planes de inversión en el sector.

"Creemos que algunos de los proyectos presentados conllevan cambios que pondrán en peligro futuras inversiones, generarán pérdida de puestos de trabajo y prolongarán el déficit energético que el paí­s arrastra desde hace años", aseguran las empresas en el documento difundido bajo el tí­tulo de "La energí­a ante el desafí­o de seguir creciendo: todos somos responsables".

Entre las cámaras y empresas firmantes del informe se encuentran las asociaciones de distribuidores de energí­a eléctrica, de generación y de grandes usuarios. También cámaras que agrupan a compañí­as transportadoras de electricidad y de distribuidoras de gas, además de las dos mayores transportadoras de este insumo como son TGN y TGS.

En todos los casos, se trata de compañí­as que fueron perjudicadas por los más de 12 años de congelamiento tarifario llevado a cabo por el kirchnerismo, en los cuales sufrieron fuertes caí­das de sus ingresos al punto de haber acumulado años de balances negativos que, en algunos casos, las llevaron a operar incluso con patrimonio neto negativo.

"Las cámaras y empresas que integran los sectores de la energí­a eléctrica y del gas natural de la República Argentina estamos convencidas de que para que el paí­s crezca y se desarrolle se necesita más energí­a", agrega el comunicado en el cual se sostiene que para incrementar la producción, transporte y distribución energética "es preciso que las empresas continuemos realizando importantes planes de inversión a mediano y largo plazo, basados en reglas claras, estables y previsibles".

Bajo este contexto y más allá de que el Gobierno termine por vetar los proyectos de la oposición si se transforman en ley, las compañí­as manifiestan su preocupación ante el debate legislativo. Acusan a las iniciativas de pretender "retrotraer decisiones que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo aplicando las Leyes Nacionales y los Marcos Regulatorios vigentes desde hace décadas, modificando cuadros tarifarios que fueron exhibidos en Audiencias Públicas y aprobados junto con el Presupuesto Nacional".

También hacen referencia a los costos que las subas tarifarias están provocando en los usuarios de luz y gas que deben abonar facturas con fuertes incrementos con respecto a los perí­odos anteriores.

"Sabemos que la recomposición tarifaria demanda esfuerzos económicos para los usuarios. Pero, a la vez, significa una reducción de los subsidios que afronta el Estado y del déficit fiscal, que es una carga inequitativa para toda la sociedad", argumentan frente a este escenario.

Anticipan además que de darse marcha atrás con las medidas hasta ahora tomada por el Gobierno y se retraen las tarifas "ese mayor déficit se deberá cubrir con mayor endeudamiento o con emisión monetaria y consecuentemente mayor inflación". Y advierten que  cualquiera de esas alternativas es más inequitativa y costosa para los sectores de menores recursos "que están cubiertos por la tarifa social que alcanza al 30% de los usuarios de luz y al 20% de los usuarios de gas".

"El desarrollo energético es estratégico y demanda consensos y polí­ticas conjuntas que atiendan los intereses de todos los sectores. Establecer una recomposición gradual de las tarifas, difundir campañas para fomentar el consumo responsable y eficiente y la aplicación de tarifas sociales para quienes lo necesiten, son decisiones tan importantes como la de respetar y cumplir las leyes, los marcos regulatorios y los compromisos contractuales", concluye el documento.