La Justicia vuelve a postergar la decisión del Gobierno de quitarle a OCA la licencia para operar como correo privado

A punto de perder la licencia para continuar prestando los servicios de operador postal privado, OCA acaba de lograr una nueva oportunidad para continuar operando en el mercado postal argentino, asemejando su suerte ya a las vidas de un gato. Es que la empresa tení­a los dí­as contados por no haber cumplido con la mayorí­a de las obligaciones que le impuso el Gobierno para seguir compitiendo en este negocio cuando apareció la Justicia posponiendo la decisión por lo menos por 15 dí­as más.

Esto se debe a que desde el Juzgado Nº 10 en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora se citó a una audiencia para el próximo 10 de mayo en la que se tratará la causa por la cual OCA ha sido denunciada ante los tribunales y puede perder su licencia dejando, de este modo, a casi 7000 empleados sin trabajo. La determinación la tomó el juzgado donde se tramita el concurso preventivo de la empresa y a la audiencia deberán concurrir tanto los dueños de OCA como los abogados de la AFIP, las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el sí­ndico a cargo del proceso concursal.

Es decir, ese dí­a, el magistrado a cargo de la causa deberá escuchar las posturas de todos los citados en una investigación en la cual desde el ente fiscal que preside Leandro Cuccioli acusa a la empresa postal de no haber hecho frente a una deuda cercana a los $2.000 millones. La convocatoria del juzgado de Lomas de Zamora demora la decisión que debe tomar el Enacom con respecto a la extensión o no del certificado de operador postal privado que necesita tener OCA para mantener sus servicios.

El organismo, a cargo de Miguel De Godoy, tení­a previsto tratar la situación en su reunión de directorio de este jueves, pero ante el llamado judicial deberá esperar dos semanas más. De todos modos, su directorio tratará el tema teniendo en cuenta que ya existe un informe de los veedores del Enacom en el cual se habrí­an certificado ciertos incumplimientos de la compañí­a de los requisitos que se le impusieron a la empresa el 16 de marzo pasado.

En esa oportunidad, el directorio del Encacom le otorgó un plazo de 30 dí­as hábiles que vence este jueves para permitirle a OCA acercar todos los documentos que avalen su predisposición a saldar la millonaria deuda que tiene con la AFIP y con otros organismos. En la resolución se le otorgó el plazo para que acredite la cancelación de todas las deudas fiscales, previsionales y sociales que todaví­a mantiene.

De no hacerlo, el Enacom ya informó que de manera automática cancelará el acuerdo y no se le otorgará la nueva licencia para que OCA se mantenga operando en el mercado. Adicionalmente, el organismo designó cuatro "interventores" en la compañí­a con el objetivo de vigilar que los ejecutivos de la empresa destinen los fondos que se generen al pago de ese pasivo.  Como la figura del interventor o veedor solo está reservada para la Justicia, en realidad se trata de "personas idóneas" que desembarcaron en OCA para controlar todas sus operaciones y documentación. 

Los veedores ya le acercaron a De Godoty un informe crí­tico ya que la empresa no habrí­a pagado todas sus deudas corrientes ni cubrió las deudas post concursales, tal como el Enacom la intimó. Pero la operadora, que en los papeles pertenece al empresario Patricio Farcuh, tendrá ahora más tiempo para demostrar que está normalizando casi un centenar de juicios que enfrenta en diferentes juzgados y que hasta ahora le han impedido gestionar un nuevo certificado de operador postal que le debe otorgar el Enacom. 

OCA se encuentra en concurso preventivo de acreedores, abierto por el juzgado de Lomas de Zamora. Su pasivo con la AFIP llega a los $3.200 millones, de los cuales $2.300 millones ya forman parte del proceso concursal. Los otros $900 millones son los que la empresa debe cancelar por haber sido generados luego de haber entrado en concurso preventivo. Además, la empresa se encuentra intervenida por decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland, quien tomó esta medida a pedido de la AFIP y "hasta tanto OCA S.R.L. cancele totalmente su deuda con el fisco, o se ofrezcan garantí­as suficientes".

Para "mantener el statu quo" y "evitar el vaciamiento" de la empresa, la jueza solicitó que OCA SRL, OCA Logí­stica SA y OCA Postal SA se "abstengan de efectivizar la escisión de las unidades de negocios" y en caso de haberlo hecho se "retrotraigan". También pidió que el Enacom "se abstenga de registrar o en su caso inhiba a las SA a prestar servicios bajo su regulación" y que se embarguen las cuentas de las tres empresas.

El interventor designado por la jueza también deberá participar de la audiencia del próximo 10 de mayo e informar si OCA cumplió con las obligaciones que se le pautaron desde los fueros judiciales y si mantuvo su estructura societaria intacta, con el objetivo de evitar el desví­o de fondos entre las sociedades controladas por Farcuh. Mientras tanto, el gremio de Camineros mantiene la organización de la marcha convocada para este jueves en defensa de la continuidad de los puestos de trabajo de OCA y a modo de presión por parte del Clan Moyano contra una decisión del Gobierno que de por finalizadas las actividades de la compañí­a.

Fuentes oficiales aclararon a iProfesional que las determinaciones vinculadas al futuro de OCA no serán tomadas teniendo en cuenta este operativo "extorsivo" que está montando el sindicato de Hugo Moyano, a quien se identifica como el verdadero dueño de la empresa postal. De hecho, hace unas semanas se difundió un video en el cual se aprecia al propio Moyano desalojando por la fuerza a Farcuh de las oficinas de la empresa que luego gestionó durante por lo menos cinco meses entre febrero del 2017 y setiembre del mismo año.  Luego, Farcuh pudo retomar el control gracias a un fallo judicial.