Vidal busca recaudar $ 2.000 millones de los countries en base a impuestos inmobiliarios

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, busca recaudar $2.000 millones que se estarían escurriendo de la mirada del fisco en los tributos que pagan los countries.

Según el entorno de Vidal, casi 500 emprendimientos de esas características, la mitad de los que están instalados en la Provincia, están mal categorizados en la valuación del del impuesto inmobiliario y por eso pagan tributación menor a las que en realidad deberían pagar, asegura Clarín.

La Agencia de Recaudación bonaerense (Arba), detectó que varios de esos complejos siguen tributando como baldíos. Otros como si las parcelas fueran rurales y un tercer grupo paga como urbanos edificados, pero no como countries. En ese caso, los montos serían superiores. Con el agravante que muchos de ellos están terminados desde hace décadas.

¿Por qué ocurre esta irregularidad?. En más de un centenar de emprendimientos no tienen aprobada la factibilidad. Por eso no pagan como countries. En la cuestión se mezclan responsabilidades compartidas porque en varios casos diversas trabas burocráticas impiden esa regularización.

La aprobación de la factibilidad tiene un proceso de evaluación de condiciones y está comprobado que hay emprendedores que no esperan el trámite final para empezar con el negocio.

El paquete de Arba completa el medio millar. Ya están fiscalizados en forma satelital, entre otros, Pilar (60 barrios), La Plata (43), Tigre (39), Escobar (28), Ezeiza (21) y San Isidro (20).

Queda un paso para que las mayores contribuciones lleguen a Arba. Vidal debe presentar un proyecto de ley para cambiar la categoría de esos clubes de campo y countries.

“Las propiedades de los countries que no tienen el final de obra continúan tributando como antes de desarrollarse la urbanización: la mayoría aparece como terrenos rurales y no con el valor de la parcela que Arba asigna a cada countrie. Eso no sólo significa una desigualdad frente a los contribuyentes de otras urbanizaciones privadas que sí tienen la factibilidad, sino sobre todo un perjuicio para el Estado y los bonaerenses”, explican los funcionarios.

La propuesta legislativa determina tres categorías. Conforme avancen las obras en el emprendimiento, los propietarios pagarán desde un 25% hasta un 75%  de lo que correspondería al valor de la tierra establecido para los countries.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2017 el conjunto de estos emprendimientos pagó por impuesto Inmobiliario unos $2.200 millones. Con esta ley que ingresa a la Legislatura van por unos $2 mil millones más. La ley sería tratada en mayo.

“La modificación normativa que impulsamos busca sincerar la situación de los nuevos emprendimientos urbanísticos para otorgarle mayor equidad y progresividad al sistema tributario”, dijo al director de Arba, Gastón Fossati.

Uno de los ítems del anteproyecto establece: “Desde que se da inicio al desarrollo de los emprendimientos urbanísticos, tanto antes como después de obtener la convalidación técnica definitiva (factibilidad), hasta el momento de aplicación de la metodología valuatoria específica, se deben transitar distintas etapas que modifican el destino del inmueble y su valor en el mercado, aspecto que actualmente no tiene la debida captación desde el punto de vista tributario”, completa los fundamentos.

“Es por ello que resulta necesario diseñar una variante valuatoria que permita acompañar correctamente los sucesivos grados de desarrollo de tales emprendimientos hasta su consolidación final”, amplía el borrador.

Para sostener esta necesidad exponen ejemplos. En Arba citan el caso de un countrie de Ezeiza. Por no tener el “alta” oficial tributa $2,9 millones por año por el impuesto Inmobiliario. Si estuviera categorizado como edificación urbana, debería pagar $6,5 millones. Como countrie ya habilitado en los registros oficiales, en cambio, tendría que pagar $28 millones al año.

Por esta laguna técnica en materia impositiva, el objetivo –una vez aprobada la ley- es que estos emprendimientos empiecen a pagar un impuesto superior a medida que las obras de urbanización avancen.