Confirmado: la Justicia intervino la petrolera de Cristóbal López y el resto de las empresas del Grupo Indalo

Como habí­a adelantado iProfesional, la Justicia dio hoy un paso definitivo en la toma de control del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López.

El juez Javier Cosentino resolvió este martes intervenir la compañí­a y apartar a sus actuales gestores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

El magistrado, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles, designó como administradores plenos a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, quienes hasta ahora eran coadministradores de la compañí­a.

De esta manera, abre las puertas a un desembarco del Estado tanto en la petrolera como en el resto del holding.

Hasta ahora, el terceto judicial (Bianchi, Lencova y Cárrega) no vení­a funcionando como una intervención sino que se dedican a investigar las finanzas y las operaciones realizadas por Rosner y Dellatorre en Indalo. Además de haberse opuesto a todos los planes presentados por ambos financistas ante la justicia para lograr oxí­geno para las arcas de Oil y del resto de las empresas de Indalo. 

Este cambio de manos abrirí­a las puertas a una ayuda estatal y de la AFIP mas allá del cambio de carátula y del devenir judicial que le pueda esperar a López y De Sousa. Se crearí­a un fideicomiso que controlarí­a las cuentas de todo el grupo para garantizar el pago de los $17.000 millones que el ente fiscal reclama a Oil entre capital e intereses por no haber recibido de la petrolera los fondos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre el 2013 y el 2015.

Desde el entorno de Rosner admitián anoche la posibilidad de intervención, aunque aclaraban que no abandonarán sus planes de salvataje de la mano de una asociación estratégica con el gigante petrolero ruso Lukoil. Esa propuesta no encontró aval de los coadministradores y menos de la justicia, por lo menos hasta ahora. Y se terminarí­a de diluir si Cosentino ordena intervenir Oil Combustibles.

Desde el Gobierno señalan con beneplácito esta alternativa judicial y hasta se animan a sostener que serí­a la fórmula menos traumática y con menor costo para el Gobierno de sostener los 14.000 empleos directos e indirectos que dependen de las empresas de Indalo.

Es que la AFIP podrí­a pedir a la justicia el levantamiento inmediato de las inhibiciones y embargos que pesan sobre cuentas y activos de Indalo y por los cuales hoy el grupo sigue atravesando por una situación financiera de ahogo ya casi insostenible.

También prometen la intervención de YPF para quedarse con ciertos activos del grupo que serí­an liquidados por el fideicomiso para hacer frente a las deudas. Es más que obvio que el mayor interés serán los activos de Oil. Es decir, su refinerí­a de la ciudad santafesina de San Lorenzo que hoy se encuentra sin producir por decisión de Rosner, al no contar con fondos para mantenerla operativa.

También con parte de la red de 400 estaciones de servicio. O por lo menos, de los locales que todaví­a no hayan cambiado de bandera como consecuencia de la imposibilidad de recibir nafta y gasoil de parte de la petrolera de Indalo. Ocurre que Rosner no logró tampoco que los coadministradores y la justicia avalaran un contrato de importación de combustibles de la mano de Lukoil ni la compra local a Pampa Energí­a y Trafigura.

Mientras tanto, Cristóbal López y Fabián De Sousa se volvieron a encontrar cara a cara el lunes por la noche después de cuatro meses de separación obligada. Ese tiempo fue el que estuvieron en prisiones diferentes desde mediados de diciembre del 2017, perí­odo hasta el cual las reuniones entre ambos eran constantes. A veces, en más de dos ocasiones por dí­a. Sin embargo, desde el 19 de diciembre de ese mismo año no volvieron a verse ya que Cristóbal López fue enviado al penal de Ezeiza y Fabián de Sousa, su socio y amigo, al de Marcos Paz.

Ambos procesados y acusados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raí­z del desví­o de $8.000 millones del llamado Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) recaudados en calidad de agente de retención por Oil Combustibles S.A (OCSA) y que debí­a ser girado por la petrolera a las arcas de la AFIP, por entonces a cargo de Ricardo Echegaray. Los dos empresarios abandonaron sus celdas el viernes pasado, favorecidos por el fallo dividido de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña que además cambió la carátula de la causa de malversación a evasión fiscal y que podrí­a derivar en la unificación de todo el proceso en el fuero Penal Económico y no en el Federal.

Casi de manera inmediata a su liberación, Cristóbal López viajó en un avión privado a Misiones para, supuestamente, visitar a su pareja, la modelo Ingrid Grudke. En tanto, De Sousa, permaneció con su cí­rculo í­ntimo en su vivienda. Por ese motivo, no hubo charlas personales entre el viernes y el domingo, aunque sí­ varios cruces telefónicos en los cuales quedó sellado el encuentro del lunes en la residencia de López. Según pudo saber iProfesional, fue una "reunión cumbre" entre los dos socios y fundadores del Grupo Indalo y habrí­a servido para unificar estrategias tendientes a recuperar el poder dentro del holding desplazando a Rosner y Dellatorre y a todo el fondo OP Investment.

Se habrí­a convocado a una asamblea de accionistas del grupo para designar nuevos directorios en todas las compañí­as que operan bajo el paraguas de Indalo.

Las relaciones con el dueño de OP Investment se resintieron durante los cuatro meses en los cuales López y De Sousa estuvieron en prisión. Según la visión de López, el financista avanzó en tomar el control de Indalo y hasta le cambió el nombre por el de Grupo Ceibo, sin su consentimiento y a pesar de que el juez federal Julián Ercolini nunca autorizó el traspaso de las acciones. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, fue quien los envió a prisión con un fallo en el que caratuló la causa como de "administración fraudulenta" mediante una maniobra para evadir el traspaso de los fondos del ITC que recaudaba Oil Combustibles, y que no depositaba en las arcas de la AFIP.

Según el ente fiscal, la maniobra se llevó a cabo entre el 2013 y el 2015. En esos cuatro años, Oil se quedó con $8.000 millones del ITC aunque, sumados los intereses y varias actualizaciones, en la actualidad el reclamo de la AFIP llega a los $17.000 millones. Para Ercolini, Indalo usó el dinero para financiar la compra de otras empresas que engrosaron el capital del holding. Además, les dictó la prisión preventiva por entender que violaron "medidas cautelares" que se habí­an ordenado en la causa con anterioridad. Además se les trabó un embargo por $17.000 millones. En la causa, también está imputado y procesado Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

Ercolini tuvo en cuenta además que, en los casos de los socios de Indalo, manifestaron haber vendido las acciones del grupo sin solicitar de manera previa la autorización judicial debido a la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos. Y ante la negativa del juez a levantar esta prohibición "no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión, lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial".