Los dueños del ex Grupo Indalo analizan demandar a funcionarios del Gobierno

Tras haber recibido la negativa de dos jueces para reabrir el concurso preventivo de su petrolera Oil Combustibles y para levantar la inhibición que pesa sobre los bienes y activos del holding creado por Cristóbal López, los nuevos dueños del ex Grupo Indalo preparan un contrataque judicial.

Un batallón de abogados contratados por el financista Ignacio Rosner se encuentra en pleno proceso de estudio de acciones legales que involucran a varios funcionarios del actual gobierno a quienes consideran responsables de la profundización de la crisis que atraviesa el rebautizado Grupo Ceibo. La intención de los letrados en presentar sendas demandas en los fueros Comercial y Penal en contra de quienes identifican como los principales autores de la avanzada en contra de su proceso de rescate del holding que, aseguran, se origina en algunas dependencias oficiales.

En este marco, las denuncias estarían basadas en el mal desempeño de las funciones que Ronser y sus socios en el fondo OP Investment, Santiago Dellatorre y Damián Burgio, creen que están llevando a cabo funcionarios directamente vinculados con el caso, al igual que jueces y hasta el titular de la AFIP, Alberto Abad. En el caso de los jueces, existe malestar entre los accionistas del grupo porque consideran que han sido exigentes e injustos al extender las denuncias que involucran a Cristóbal López y Fabián De Sousa a las empresas de Indalo.

Se trata de los jueces Héctor Vitale, a cargo del Juzgado Comercial Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires; y Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal Nº 10. El primero rechazó la reapertura del concurso preventivo de Oil Combustibles por entender que el pedido se basa en un "fraude judicial" y acusar a quienes lo presentaron de "mentir y ocultar información".

Por su parte, Ercolini no hizo lugar al pedido de levantar la inhibición de bienes que pesa sobre todo el Grupo Indalo para que Rosner y Cristóbal López puedan legalizar la transferencia de activos.  Según el magistrado, no existe suficiente información sobre los accionistas del fondo OP Investment y sobre la certeza y respaldo que tiene el plan presentado por este grupo para sanear las cuentas y hacer frente a las deudas.

Ambos jueces basaron, en gran parte, sus fallos en los fundamentos aportados por Abad, el más ferviente opositor a cualquier acuerdo tanto con Cristóbal López como con Rosner. El titular de la AFIP defiende la postura de parte del Gobierno de no permitir ningún salvataje por entender que no se trata de un empresario que pide el concurso preventivo de su grupo por no poder hacer frente a sus deudas debido a circunstancias económicas.

Se trata, dicen desde el ente recaudador, de un empresario que se quedó con $8000 millones de un impuesto que forma parte de la recaudación fiscal y que usó ese dinero para seguir comprando empreas para su beneficio.  Es decir, se trata de una estafa y una defraudación y no de un problema financiero. De hecho, la postura de Abad y de la AFIP sigue siendo la misma y la continuidad de este proyecto empresario sólo podría sostenerse de la mano de una decisión política que, por lo que se observa, en estos momentos el Gobierno no estaría dispuesto a tomar. 

Como forma de presionar, desde el Grupo Ceibo aseguran que la postura de las autoridades nacionales, de Abad y de los jueces forma parte de una "estrategia de pinzas fríamente calculada", que busca "decididamente" mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo.

Para Rosner y sus ejecutivos, en el caso del juez Vitale, el rechazo de la reapertura del concurso preventivo de Oil Combustibles es inentendible ya que consideran que estaban dadas las condiciones que establece la ley. Sostienen que en vez de mantener las imputaciones contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, las extendió a la petrolera, a sus trabajadores y a sus acreedores.

Oil Combustibles es la empresa a través de la cual se iniciaron las investigaciones en contra de ambos empresarios kirchneristas tras conocerse que se apoderaron de $8000 millones recaudados en concepto del impuesto a la transferencia de combustibles que debían girar a las arcas de la AFIP.

Lo habrían hecho con la anuencia de la anterior gestión en el ente a cargo de Ricardo Echegaray, también investigado por esta causa.  Por eso, desde OP Investment acusan a Vitale de confundir a los viejos propietarios con el grupo, y preferir castigar a las empresas en lugar de a Cristóbal López y De Sousa.

Aseguran que el magistrado desechó lo que consideran la única posibilidad de viabilidad y continuidad de las empresas, de mantenimiento de las fuentes de trabajo y de pago de las deudas a los acreedores comerciales y a la AFIP. Es decir, insisten con su Plan Estratégico que también contempla una inversión inicial de u$s300 millones y la incorporación como socio estratégico en Oil Combustibles S.A como es la petrolera rusa Lukoil. 

De hecho, un alto ejecutivo de esta compañía viajará a Buenos Aires la semana próxima con el objetivo de reunirse con el presidente Mauricio Macri. Buscará presentarle al Jefe de Estado el plan de asociación con OP Investment. Sin embargo, sostienen que los jueces fallaron como fallaron por haber sido presionados por "operadores" del Gobierno a quienes no identifican por ahora.

En cuanto a la postura del Gobierno, señalan que busca ahorcar financieramente a las compañías del Grupo Ceibo. Como prueba aseguran no haber recibido pagos de trabajos ya ejecutados y suministros entregados más de $1200 millones.  Al no pagar, desde el fondo acusan a las autoridades de afectar los trabajos de su empresa constructora CPC para luego sancionarla por supuestos incumplimientos que el mismo Estado genera.

Con este escenario, plantean que de no haber una solución satisfactoria que permita el ingreso de fondos frescos y de inversores "estratégicos", el grupo no podrá continuar operando. Si esta hipótesis se cumple, en el caso de los medios de comunicación a cargo del Grupo Ceibo se generaría un escenario de conflicto, por lo menos en las radios.

Tanto Radio 10, como la Mega y POP perderían sus licencias y el Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tendría que licitar las frecuencias, tal como lo hizo con Radio América y como plena hacerlo con Radio Rivadavia.

Mas allá de esta posibilidad, desde OP Investment advierten que la quiebra dejará sin trabajo a 4000 empleados directos y 11.000 indirectos  También hacen referencia a un "capitalismo de amigos", una presión indebida sobre algunos jueces y de inseguridad jurídica.