Calcaterra acusa a sectores K de armarle una causa para perjudicar a su primo Macri

El empresario Ángelo Calcaterra siente que el pedido de embargo por $54 millones en una causa que investiga el pago de coimas por el grupo brasileño Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento es una maniobra política para perjudicar a su primo, el presidente Mauricio Macri.

Así lo hizo saber a iProfesional el ex dueño de la empresa constructora IECSA a través de allegados. Aseguró que el fiscal que interviene en la causa, Franco Picardi, tiene estrechos lazos con sectores kirchneristas y que busca generar conflictos a la gestión de Cambiemos.

Según los allegados de Calcaterra, quien en marzo pasado vendió IECSA al empresario Marcelo Mindlin, el pedido del fiscal "no tiene ningún sustento legal".  Agregan que el primo del Jefe de Estado no está denunciado de manera personal ni investigado en el caso que se abrió tras la delación de un empresario brasileño, quien en su país admitió que Odebrecht pagó coimas para quedarse con la obra mediante la cual se buscaba la modernización del ferrocarril Sarmiento.

De acuerdo a lo que los voceros de Calcaterra aseguraron a iProfesional, el pedido de embargo por $54 millones realizado por el fiscal Picardi forma parte de una "trama de ciertos funcionarios judiciales kirchneristas". Recuerdan que a pesar de que en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se adjudicó la mega obra también figuran otras empresas como la española Consa y la italiana Ghella, solamente se intenta involucrar a Calcaterra en la causa. 

Agregan que el ex dueño de IECSA, "ni siquiera está imputado" en la causa en la que se investigan sobornos y sobreprecios que Odebrecht pagó para encarar la obra a través del Consorcio Nuevo Sarmiento, del cual el grupo brasileño tenía el 50% del capital.

"Si ellos pagaron coimas, la justicia los debe investigar, pero lo cierto es que en nuestro caso nada de eso pasó", mandó a decir Calcaterra ante una consulta de iProfesional.

El objetivo de la obra es el de integrar la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal con un proyecto de 36,75 kilómetros que incluye la construcción de 18 kilómetros de túneles desde Caballito hasta Castelar, tres nuevos viaductos y 120 pasos bajo nivel. 

Con un presupuesto de u$s3.000 millones, también abarca la renovación de carreteras, sistemas eléctricos y estaciones existentes, así como el 100% del material rodante. La capacidad de transporte de pasajeros debería aumentar en un 70%, beneficiando a 200.000 pasajeros al día. 

Luego de descubrirse el llamado Lavajato en Brasil y las causas por pagos de coimas de Odebrecht en toda la región, incluyendo la Argentina, se abrió en el país una investigación a cargo del juez Marcelo Martinez De Giorgi. En este contexto, el fiscal Picardi reclamó el embargo por $54 millones contra Calcaterra por entender que la empresa IECSA, que era propiedad del empresario en ese momento, también habría pagado sobornos.

De hecho, el juez Martinez De Giorgi ya allanó las oficinas de la constructora a principios de año, junto con las de Odebrecht. En el entorno de Calcaterra se recuerda que el fiscal Picardo fue nombrado "a dedo" por la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También explican que forma parte de Justicia Legítima que agrupa funcionarios judiciales ultra K y hasta tuvo un cargo ejecutivo en la ex SIDE durante la gestión de Oscar Parrilli.

Sin embargo, en la causa del Sarmiento, el fiscal Picardi también solicitó al juez Martinez De Giorgi que embargue cuentas de Jorge "Corcho" Rodriguez, Ricardo Jaime y José López por $4 millones. En el caso del ex lobista, lo acusa de nexo entre Odebrecht y los funcionarios argentinos vinculados a la obra pública, entre los que se destaca Julio De Vido.

De hecho, en junio pasado el mismo fiscal requirió investigar al ex Ministro de Planificación Federal de la Nación por los posibles pagos de sobornos en la obra del Sarmiento. Pidió además un entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y ex funcionarios de Planificación Federal, además del detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren.

Según su dictamen, no solo el extinto ministerio fue responsable de las "diversas irregularidades" que se habrían cometido en la obra, sino también la ex empresa de Calcaterra.

De hecho, el dictamen del fiscal asegura que, según surge del material aportado por la IGJ al menos desde el 2000 y con algunas intermitencias, Calcaterra formó parte del directorio de la firma. "En lo que a la licitación pública ferroviaria, específicamente en el propio expediente administrativo, surge copia del Acta de Directorio nro. 1543, de fecha 27 de marzo de 2006, mediante la cual el órgano de dirección confiere autorización para participar en dicha licitación pública y otorga poderes especiales, le asigna a Calcaterra la calidad de único apoderado del Grupo A, el cual tiene facultades de actuación más amplias que los integrantes de los otros grupos con relación a la suscripción del contrato constitutivo de UTE".

Según el funcionario judicial,  la figura de Calcaterra debe ser especialmente tenida en cuenta, fundamentalmente en esta instancia, a los fines de determinar la cuantía de la medida cautelar que sobre él correspondería disponer. Ello así, pues si bien en marzo pasado se ha desprendido de su participación accionaria (directa e indirecta) en IECSA (hoy Sacde SA) y, por consiguiente, en la continuación del proyecto de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, presumiblemente por todo lo explicitado -previo a tal transferencia-, por su calidad de socio -y accionista mayoritario de su controlante-, gozó de los beneficios que importaron haber integrado el consorcio ganador".

De acuerdo al fiscal, "poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa cuando ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas".

"Por último, y sumado a lo antedicho, no debe perderse de vista que producto de tal desprendimiento accionario, debió también razonablemente acordarse una contraprestación acorde a la entidad de la compañía, la cual, como un todo, ha debido contemplar la porción relativa a la inversión que representa la participación en la UTE, actualmente denominada G&S", agrega el fiscal.

En su pedido, incluye a otros ex ejecutivos de IECSA como Javier Sánchez Caballero; integrante del directorio como apoderado de esa firma en el marco del acuerdo consorcial y en la conformación de la UTE. También Juan Ramón Garrone, integrante del directorio y apoderado, al igual que Santiago Ramón Altieri.

"Conforme se ha podido observar en función de los documentos secuestrados en el marco de los allanamientos realizados y de la información suministrada por el fisco, tanto las empresas COMSA SA como IECSA SA, registraron operaciones con la empresa CAESA, al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de servicios de consultoría", señala el pedido al que tuvo acceso iProfesional.

Para el fiscal Picardi, las retenciones impositivas practicadas, los recibos y las facturas dan cuenta de que las compañías mediante la utilización de los correspondientes respaldos para practicar esas operaciones, "efectivamente realizaron transferencias de recursos a CAESA SA, los cuales -en los casos identificados- fueron realizados a través de la emisión de cheques (ver documentación secuestrada reservada y fs. 24/37, 38/88 y 113/114 de la Actuación nro. 18267-1028-2017 remitida por la AFIP)".

Para el funcionario judicial, pese que tales registraciones y sus consiguientes desembolsos se presentan como formalmente regulares, lo cierto es que "los servicios que se pretendieron respaldar, esto es, servicios de consultoría, han sido inexistentes. En efecto, nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras".

En ese orden, cabe tener presente que en diversas investigaciones penales seguidas contra el ex Secretario de Transporte, Ricardo Raúl Jaime, se ha relevado que la "consultora" CAESA también facturó cuantiosos importes en concepto de asesorías -y por consiguiente recibió pagos- de parte de otras sociedades que resultaron adjudicatarias de obras o contrataciones que han tramitado bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, o bien, proveniente de estructuras jurídicas vinculadas con aquellas -entre las que surgen IECSA SA, COMSA SA, EMPA, filial de la compañía de aeronavegación LAN. "Dicha circunstancia, no hace más que afirmar que CAESA ha operado como "la caja" del funcionario a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación", acusa Picardi.

Para el fiscal se trata de una "falsa empresa" que utilizaba un "modo espurio" para canalizar los retornos dinerarios, "cuyo destino final era un ex funcionario público, retomaré y me apropiaré de sus conclusiones más relevantes".