Los sucesores de Cristóbal López acusan al Gobierno y a la AFIP de impedir la venta de Indalo

Los financistas que buscan hacerse cargo de las empresas de Cristóbal López prometen inversiones por u$s300 millones para reflotar las operaciones del Grupo Indalo. El dinero será aportado mediante la venta de algunos de los activos considerados no estratégicos y del ingreso de la petrolera rusa Lukoil como socio para los negocios hidrocarburíferos.

Las promesas forman parte de un comunicado enviado por el fondo OP Investment para explicar las razones por las cuales quieren adquirir el ex Grupo Indalo, conglomerado de compañías creado por Cristóbal López durante el gobierno kirchnerista. Si bien se trata de una operación compleja, que se encuentra trabada por una serie de denuncias y reclamos judiciales, los integrantes del fondo aclaran que se trata de una compra realizada de manera irrevocable.

"Hemos iniciado el proceso de reestructuración que permitirá generar valor y crecimiento en las empresas que lo componen", sostiene el comunicado de OP Investment en el cual se aclara también que los anteriores accionistas "no conservan participación ni injerencia alguna en la conducción de las sociedades que integran el grupo".

En este sentido y si bien todavía no se ha oficializado el nombre con el que buscarán "enterrar" cualquier recuerdo a la gestión de Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa, la nota aclara que se ya se han designado en los directorios de las empresas nuevas autoridades "como fuera informado a los organismos competentes y al juzgado".

En este sentido, las caras visibles del ex Grupo Indalo son el financista Ignacio Rosner, que figura como CEO de todas las compañías, y los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio. Ambos abandonaron el estudio de abogados Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán para unirse a OP Investment.

La primera parte del comunicado se basa en explicar los planes que pondrán en marcha para sacar a flote al ex Grupo Indalo y recuerda que ya presentaron la propuesta ante el juez en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Vitale, quien debe decidir por estos días si reabre o no el concurso preventivo de Oil Combustibles.

Se trata de la empresa denunciada por la AFIP en una causa en la que se investiga una presunta defraudación y evasión fiscal. Según la demanda del ente a cargo de Alberto Abad, la empresa de Cristóbal López retuvo de manera ilegal $8000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles que el grupo luego usó para comprar otras empresas.

La investigación marcó el principio del fin de Cristóbal López y Fabián De Sousa, también investigados por el juez federal Julián Ercolini, a punto de decidir si los procesa y pide la prisión para ambos.

En este marco, el comunicado de OP Investment remarca la propuesta de "sustentabilidad a largo plazo, invertir en la expansión de los negocios estratégicos, garantizar la fuente de trabajo de los más de 4000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el grupo reconoce conforme a la ley". 

Un claro mensaje para que los jueces a cargo de las causas permitan la viabilidad del proceso de reestructuración para que OP Investment también pueda sumar inversores financieros con el objetivo de cumplir con sus promesas. Sin embargo, en la segunda parte del escrito, se cuestiona el accionar de la AFIP, de su titular y hasta se cuestiona la decisión del Gobierno de no intervenir en el caso.

"Nuestro plan de relanzamiento de las empresas y de pago de las deudas originadas por el anterior accionista mereció una respuesta desconcertante de la AFIP", advierte el paper. Se critican las declaraciones de Abad de no aceptar ninguna propuesta de pago de las deudas fiscales, "lo que supone que propiciará la quiebra de este grupo empresario".

En la misma línea, acusan a las autoridades de haberse declarado  prescindentes, "a pesar de que está en peligro la continuidad de un importante grupo industrial argentino y miles de puestos de trabajo". 

Según la visión de OP Investment, "esa posición no es comprensible cuando además el grupo empresario se está ahogando financieramente al no recibir los pagos que les corresponden de las distintas reparticiones públicas por trabajos ejecutados y suministros entregados".

La suma que aseguran adeuda el Estado nacional al grupo asciende a $1200 millones por trabajos no abonados por Vialidad Nacional ($600 millones); CAMMESA ($95 millones); la Secretaría de Transporte ($56 millones) y la propia AFIP por retenciones indebidas, entre otros. "Nuestros reiterados pedidos al Gobierno Nacional no obtuvieron respuesta", cuestionan. 

En este marco, alerta el comunicado que si la justicia no aprueba el ingreso de fondos que aportarán los inversores de OP Investment, "las empresas del grupo quieren alertar que no podrán hacer frente a los salarios del personal, pagos a la AFIP, materias primas y demás obligaciones con el flujo de caja propio, ante la morosidad previamente señalada".

De todos modos, prometen mantener intacto "nuestro compromiso" y "luchar para salvar a este grupo empresario y convertirlo en un orgullo para los argentinos".