OCA, en crisis: tras pedido de concurso preventivo, Farcuh busca traspasar activos a otra empresa postal

Patricio Farcuh, el dueño de OCA, intenta por estas horas encontrar una fórmula que le permita sostener las operaciones de la mayor empresa postal privada del país luego de que, a fin de año, caduque la licencia que posee para participar de este mercado.

El objetivo del empresario es mantener a flote el negocio que implica esta compañía con 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos.

Para intentar sortear esta supuesta decisión del Gobierno, Farcuh comenzó a delinear un plan que le permita el traspaso de las actividades, operaciones, el personal, la administración y las finanzas de OCA a otra firma postal, también bajo su control.

Se trata de Seprit, que el Grupo Roggio le vendió en 2003 a los por entonces dueños de OCA y que luego comenzó a formar parte de los activos controlados por la mayor empresa postal privada del país.

Si bien es una operadora más pequeña, con menos empleados, logística y alcance que su hermana mayor, por estos días Farcuh prepara la mudanza. 

De hecho, la nueva Seprit mantendría la misma marca y el tradicional color violeta que identifica a la historia de OCA.

Sin embargo, su estrategia enfrentaría un importante inconveniente, ya que la licencia de Seprit como operador postal está vencida desde el 30 de septiembre. Es decir, desde hace ya casi un mes.

Fuentes oficiales confirmaron a iProfesional este dato, aunque aseguraron que la empresa podría haber presentado el trámite para extender su licencia.

Si este dato fuese cierto, casi un mes de demora en otorgar la prórroga por parte de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sería un período extremadamente largo para confirmar, o no, el requerimiento.

De hecho, las firmas postales deben presentar cada tres meses sus papeles vinculados con las operaciones, y cada año revalidar la actividad ante los organismos oficiales.

El trámite de renovación es casi automático: sólo se deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

Al estar OCA enfrentando denuncias del propio organismo recaudador y al tener sus cuentas embargadas por pedido del ente que conduce Alberto Abad, sería complicado que Seprit logre ese aval fiscal para continuar con sus actividades.

De hecho, fuentes de la AFIP explicaron a iProfesional que tanto OCA como su propietario "continúan enfrentando los mismos problemas, con demandas, deudas y embargos".

Con relación al cambio de marca y al traspaso de negocios y personal a Seprit, otras fuentes cercanas a uno de sus acreedores sospechan de que finalmente se trate de una maniobra orientada a que -una vez aprobado el concurso preventivo- OCA se quede sin activos para hacer frente al pago de sus compromisos.

Farcuh pidió la apertura de este proceso concursal que todavía no fue autorizado por problemas de jurisdicción.

Ocurre que, días antes de este requerimiento, la sede de la compañía fue mudada de Capital Federal a Lomas de Zamora.

Si bien un primer fallo fue favorable a radicar el concurso preventivo en los tribunales de la localidad bonaerense, todavía no quedó firme y la decisión se encamina a ser tomada por la Corte Suprema de Justicia.

Pero, además de encarar esta estrategia casi desesperada para salvar una empresa que da trabajo a 7.000 personas, el empresario salió a denunciar lo que considera un plan orientado a impedir que OCA se mantenga operando.

Lo hizo con una solicitada publicada en varios medios gráficos el domingo 22 de octubre, por la cual exige que la Justicia y el Gobierno "actúen según los plazos establecidos en la ley" y denuncia que la complicada situación financiera que padece la empresa fue provocada por "desfalcos que nos ha dejado la administración de hecho".

En este sentido, aunque sin nombrarlo, Farcuh se refiere a los casi 10 meses de intervención que tuvo compañía en manos del sindicato de Camioneros y de Hugo Moyano, quienes asumieron el control tras echar al empresario casi a la fuerza. Luego, la Justicia lo restituyó en su cargo.

En la solicitada, titulada "un hombre no es lo que dice, sino lo que hace", acusa al sindicalista y a los ex gerentes que estuvieron al frente en ese período de haber cometido los delitos de administración fraudulenta, falsificación de firma y de haber generado "graves consecuencias patrimoniales, sociales y personales".

Para demostrar sus acusaciones, en la solicitada Farcuh da cuenta de cifras vinculadas a las actividades de OCA durante la gestión que llama "de hecho".

En el caso de la AFIP, sostiene que el dinero en cuenta recaudadora llegó a $527 millones. Y acusa:

- Un vaciamiento del orden de los $1.357 millones

- Falsificación de firma por otros $721 millones

- Imputaciones contables falsas por $292 millones

Al hacer cuentas, para Farcuh el saldo a favor de OCA rondaría los $1.184 millones.

También afirma que perdió importantes clientes en manos de la competencia y que el Estado mantiene una deuda con la empresa de $321 millones por servicios realizados.

Adelanta que desde noviembre comenzará a brindar sus prestaciones a partir de firmas diferentes. Por caso, OCA Postal -para los servicios postales- y OCA Logística -para los no postales-.

"Claramente es la solución para que los responsables de dichos delitos, fraudes y desmanejos financieros se hagan cargo y se allanen a las consecuencias y, a la vez, nosotros operemos con los mismos estándares anteriores a la administración de hecho", añade.

Además, expresa que no recuerda "un hecho con tanta impunidad e injusticia".