Exclusivo: el proyecto de Ley de Semillas del Gobierno para regular el negocio de la soja y los transgénicos

Tras haber sufrido críticas y embates de todos los sectores, finalmente el gobierno de Macri dará el paso y se prepara para tratar en el Congreso su proyecto tendiente a modificar la actual Ley de Semillas.

La iniciativa -a la que iProfesional tuvo acceso en exclusiva- recoge los reclamos de las empresas que desarrollan modificaciones genéticas que les otorgan a la soja, al maíz y al algodón resistencias a herbicidas y otros productos químicos.

Las quejas han surgido a raíz de que casi todos los productores que utilizan estas semillas no pagan lo que compañías como Monsanto consideran que vale esa innovación.

Del otro lado del mostrador, las entidades que nuclean a los chacareros argumentan que lo justo sería que por esas mejoras genéticas se abonen una sola vez (al adquirir la bolsa con dichas semillas) y no en los sucesivos cultivos.

Con el fin de sepultar estas diferencias, el macrismo impulsa un nuevo marco legal. El texto, que lleva la firma de Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria, y de Marcos Peña, jefe de Gabinete, especifica que:

1.- Los grandes productores tendrán que abonar sumas adicionales durante tres campañas -en concepto de propiedad intelectual- si es que mantienen la misma superficie de siembra.

2.- Ya en una cuarta (campaña) quedarán exceptuados de ese pago, siempre que no hayan ampliado el número de hectáreas cultivadas.

3.- En caso de que sí hayan aumentado esa superficie, deberán abonar un monto extra.

4.- Estas sumas adicionales deberán ser soportadas por quienes posean "una facturación anual mayor a TRES (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes".

5.- Se exceptuará de este canon a quienes facturen menos de $1,8 millón al año.

6.- Se posibilitará el uso irrestricto a los pueblos originarios y a aquellos que promuevan la agricultura familiar.

7.- Estos últimos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

8.- Las empresas que desarrollan transgénicos sólo podrán obtener ingresos a partir de la comercialización de sus semillas y no mediante el monitoreo de los granos.

Este último punto apunta a desterrar lo ocurrido hasta principios de año con Monsanto, que de manera compulsiva implementó controles en los puertos.

La multinacional buscaba detectar aquellos cargamentos de soja con destino a la exportación que incluían su innovación sin que la empresa haya percibido el canon correspondiente.

Una vez que daba con ellos, procedía a "castigar" a los productores con una multa de u$s9,6 por tonelada.

Más del proyecto:

Poder de policíaCon el nuevo marco, la modificación a la Ley de Semillas otorgará al Instituto Nacional de Semillas (INASE) la potestad absoluta para verificar en cualquier lugar la legalidad de todo lo que se siembre.

En concreto, el Gobierno asumirá el rol de policía. Estará facultado a:

- Ingresar a las superficies sembradas para inspeccionar el tipo de semillas

- Revisar los cargamentos de exportación para así fiscalizar el origen de los cultivos

En otras palabras, ejercerá el monitoreo que en su momento implementó compulsivamente Monsanto.

Un aspecto sobre el que nada dice el texto -y que encenderá más de una voz crítica- tiene que ver con el tratamiento y acopio de semillas que no necesariamente incluyan modificaciones genéticas.

El proyecto omite cualquier mención vinculada a que los productores puedan contar con una base sin "copyright", en caso de no querer sembrar transgénicos.

De esta forma, el macrismo da por sentado que toda la agroindustria está atada a la utilización de innovaciones como las desarrolladas por Monsanto.

Además, alista un requerimiento legal acorde con las demandas de quienes hoy desarrollan nuevas variedades de soja, maíz, algodón y, desde el año pasado, papa.

Según el proyecto que el macrismo buscará aprobar en el Congreso, la necesidad de impulsar esta modificación surge a partir de que la ley vigente (20.247) data de 1973.

De modo tal que "no contempla las nuevas realidades productivas, los avances tecnológicos, las nuevas formas organizativas y sociales, la diversificación de cultivos, ni el corrimiento de la frontera agrícola consecuencia del mejoramiento genético".

"... Se ha estimado necesario considerar el rol de cada uno de los actores de la cadena agrícola en el nuevo escenario productivo y encontrar un justo equilibrio entre los intereses de todos y fortaleciendo al Estado en su rol de representante del interés general", señala la iniciativa.

Esto "frente a eventuales situaciones que pongan en riesgo dicho interés, como garante y contralor del sistema previsto".

Para el gobierno de Macri, las modalidades de cobro que comenzarán a contemplarse tras su aprobación resultan "necesarias" a fin de "evitar distorsiones en la cadena de comercialización".

La regulación vigente no contempla ningún "copyright" sobre las modificaciones genéticas, si bien las mismas se encuentran presentes en casi la totalidad de la soja que se siembra en la Argentina.

La innovación incluida las variedades que se comercializan a nivel local pertenece a Monsanto que, entre los años 70 y 80, desarrolló semillas que resisten a su herbicida Roundup, etiqueta comercial del controvertido glifosato.

Este invento de la multinacional está incorporado en toda la soja que, por citar dos ejemplos, hoy venden empresas "peso pesado" como Nidera y Don Mario.

La expansión de este cultivo en la Argentina trajo como consecuencia la "pirateada" de la genética desarrollada por la firma estadounidense.

Críticas de ambos lados

Detrás de la posición de Monsanto se ubican empresas que también tienen sus propios transgénicos y que evitan lanzarlos al mercado por temor a sufrir lo mismo que esta empresa, creadora del glifosato.

Una de ellas es Bioceres, conformada por socios locales como Gustavo Grobocopatel y que, desde un año posee la patente de la primera soja con resistencia a sequía -stress hídrico, en la jerga-.

Desde Monsanto señalaron a iProfesional que el sector semillero concentró su posición en un único frente: la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Desde esta organización se despacharon de lo lindo en contra del proyecto oficial.

"La iniciativa no responde a los objetivos de integración con el mundo y con el desarrollo sostenible planteados por el Presidente Macri en la cumbre del G20", sentenció.

Además, listó una serie de críticas:

- El proyecto no es superador del actual marco normativo

- No promueve el mercado legal de semillas

- No favorece la venta de semillas fiscalizadas

- No establece mecanismos fiables de control

- Desalienta inversiones para desarrollo e investigación

- No fomenta la introducción de nuevas tecnologías

- No contribuye a generar puestos de trabajo calificado

Desde la entidad recalcaron que "ASA considera que el proyecto presentado pone en riesgo acuerdos internacionales firmados por la Argentina en cuestiones de propiedad intelectual".

"El texto avanza sobre derechos amparados por la Constitución y sobre tratados internacionales, generando inseguridad jurídica, lo que afecta al desarrollo de la industria semillera nacional", añadieron.

En la otra vereda, entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) o la Federación Agraria Argentina (FAA) tampoco muestran su conformidad a la nueva ley de Semillas que impulsa el gobierno de Macri.

Entienden que está hecha "a pedido" de Monsanto y de otras compañías.

"Estamos de acuerdo en que debe pagarse por la innovación, pero el Estado tiene que crear reglas para evitar los oligopolios", aseguró a iProfesional Daniel Pelegrina, vicepresidente de la SRA.

"Monsanto siempre ha tenido ese tipo de comportamientos y por eso la hemos denunciado en Defensa de la Competencia", remarcó.

En su visión, "no tendría que abonarse un canon posterior. Los productores pagan por esa innovación directamente al comprar la bolsa".

"La soberanía en estas cuestiones es algo que nos importa. Nos parece clave que existan más oferentes en materia de diversidad genética. No puede ser que una o dos compañías concentren toda la oferta", se quejó Pelegrina.

"Tampoco queremos que las empresas puedan seguir teniendo derecho a cobrar durante años por esa primera semilla que ya vendieron", concluyó.