Monsanto presiona por la inversión millonaria frenada en Córdoba

Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.

El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.

En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.

La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".

Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.

Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.

Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.

En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.

"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".

En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.