Inmuebles: su tratamiento en Ganancias después de la reforma

La Subsecretaría de Política Tributaria presentó un completo informe respecto del tratamiento en Ganancias de los inmuebles después de la última reforma.

El reporte desarrolla un esquema conceptual del tratamiento de la enajenación de inmuebles en el Impuesto a las Ganancias considerando los cambios introducidos por la Reforma Tributaria de la Ley 27.430, según se trate de operaciones realizadas por personas humanas o sujetos empresas residentes y no residentes.

La reforma introdujo un paquete de modificaciones al sistema tributario nacional con el objetivo de contar con normas fiscales más eficientes y equitativas que eliminen distorsiones.

En este sentido, uno de los principales factores del crecimiento de la desigualdad de la riqueza en el mundo es el crecimiento de los valores de los inmuebles, y resulta injusto y anómalo en comparación con otros países que no se tribute por ello.

El incremento en la demanda de viviendas y oficinas ha tenido como consecuencia un incremento notorio en los precios de los inmuebles. La modificación más importante se relacionó al tratamiento aplicable a las personas humanas, ya que a partir de la reforma dejó de aplicarse el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y se gravó con el Impuesto a las ganancias los resultados provenientes de la transferencia de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 y de los derechos reales sobre los mismos, salvo que se trate de inmuebles con destino a vivienda del contribuyente, que se encuentran exentos del gravamen.

Por otro parte, hay que señalar que, junto a la reforma tributaria, la Nación y las Provincias aprobaron el Consenso Fiscal donde en materia de inmuebles se dispuso la creación de un

organismo federal con el fin de establecer una metodología de valuación fiscal homogénea a nivel país, de manera tal de reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica

territorial.

Cabe recordar que la valuación fiscal provincial de los inmuebles tiene impacto en el Impuesto a los Bienes Personales lo que hace necesario fijar criterios de valuación razonables y equitativos a lo largo del país.