El Gobierno eliminará unas 120.000 pensiones por discapacidad: ¿por qué motivos pueden dar de baja el beneficio?

Se revisarán las pensiones por discapacidad en una exhaustiva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. Se podrían eliminar entre 120 y 160 mil de estos beneficios. 

Se trata de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que serán revisadas tras la detección de irregularidades en su concesión. 

Según Infobae, ya se inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Motivos de suspensión de las pensiones por discapacidad

Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento durante las administraciones anteriores del Gobierno nacional.

Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías.

Entre las irregularidades detectadas, se incluyen:

•  la presentación de documentación médica falsificada, 
• uso de una misma radiografía en múltiples expedientes,
• pensiones otorgadas a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
• incompatibilidades con la asignación (bienes no declarados, empleo formal, condiciones médicas insuficientes)

Se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. 

Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente.

Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.

Requisitos para acceder a las pensiones

Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

• no recibir otros ingresos del Estado
• no tener empleo formal
• contar con ingresos insuficientes
• ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país
• no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario

El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.

En paralelo a estas auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas, indicó Infobae. 

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.