El Gobierno ofreció un 270% de aumento del presupuesto para universidades nacionales y crear mesas de trabajo
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Luego de la masiva marcha popular en defensa de la educación superior pública el último 23 de abril y de haber llegado a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno nacional recibió ayer a los representantes de las demás universidades nacionales y les ofreció el mismo aumento del presupueso de funcionamiento que ofreció a la universidad de gestión pública más grande del país.
Finalmente, fue el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y su equipo quien recibió a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para sedimentar el acuerdo presupuestario y además plantear una agenda de trabajo que aborde las otras problemáticas que plantean las casas de estudio de gestión pública.
La oferta siguió el mismo modelo propuesto a la UBA días atrás, con un 270% de aumento del presupuesto de funcionamiento para desactivar el conflicto. Asimismo, el Gobierno insistió con el sistema de transparencia y rendición de cuentas de las universidades.
Por otra parte, continúa con los gremios la negociación salarial tanto para los docentes como los nodocentes de las universidades nacionales.
Origen del conflicto con las universidades
El gobierno nacional había congelado el presupuesto universitario en los mismos valores de 2023, pese a que había transcurrido un 211,4% de inflación anual, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Luego de ello, el Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello había actualizado un 70% en presupuesto de funcionamiento de las universidades nacionales. El mismo abarca exclusivamente el pago de servicios básicos y materiales de mantenimiento, no los salarios ni ejecución de obras, etc.
En consecuencia, desde el CIN y sobre todo desde la UBA -que lanzó una campaña contra el desfinanciamiento de la universidad y entró en emergencia presupuestaria- se planteó la imposibilidad de garantizar el desarrollo normal de las actividades más allá del primer semestre del ciclo lectivo.
La situación escaló hasta la masiva marcha del 23 de abril (en foto principal), y un intento de sesión de emergencia por el Presupuesto universitario en el Congreso de la Nación, en pleno debate por la Ley de Bases que impulsa el Ejecutivo.
Días depués, el Gobierno negoció en particular con el rectorado de la UBA. La entidad aceptó el 270% de aumento del presupuesto de mantenimiento y levantó la emergencia. "De todos modos, continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura," comunicó la casa de altos estudios.
El CIN se pronunció en contra de la estrategia de dividir el reclamo universitario acordando exclusivamente con la universidad más poderosa del país. En consecuencia, prosiguió la negociación entre las autoridades de Educación y el Consejo Ampliado del CIN.
Acuerdo entre el Gobierno y las Universidades
Representantes del CIN se reunieron el lunes con las autoridades de educación. Reconocieron que las propuestas oficiales planteadas "comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril."
En el marco de dicho encuentro, el Gobierno nacional confirmó un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento con el consecuente cronograma de pagos hasta fin de año.
Además, se acordó establecer mesas de trabajo para los siguientes temas, que se encuentran aún pendientes de resolución:
- Resoluciones 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento especifico denominados bajo la línea.
- Obras universitarias suspendidas.
- Cálculo de presupuesto universitario 2025.
- Programas de becas y asistencia estudiantil.
- Situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales.
- Monitoreo de la situación salarial docente y nodocente.
- Monitoreo de la ejecución de los fondos.
Otros temas de interés que trajo a la mesa el Gobierno fueron el Art. 33 de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización.
"Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado. Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación", sentenció el CIN.
De esta manera, se equipararía la propuesta realizada a la UBA a todas las universidades nacionales de gestión pública del país, solo respecto del presupuesto de funcionamiento. Se siguen debatiendo las obras universitarias suspendieras, el presupuesto 2025, el sistema de transparencia y rendición de cuentas, los programas de becas, de investigación, entre otras funciones que cumplen las universidades.