Ciudadanía española: se aprobó la Ley de Nietos
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El pleno del Senado español aprobó el miércoles de forma definitiva el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, conocida como "Ley de Nietos", y que abre un período en el que será más sencillo que descendientes de emigrantes españoles accedan a la cidadanía europea.
La Ley de la Memoria Democrática apunta a subsanar algunas de las consecuencias de la dictadura franquista, refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, fue aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha, según relevo Efe.
Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que presentaron por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley, pero qu fueron rechazados en el pleno. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.
Claves de la Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática, que derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entrará en vigor próximamente, tras su publicación en el BOE (Boletín Oficial de España).
Uno de los asuntos más polémicos de la nueva ley es la posibilidad de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, un margen temporal que el Gobierno extendió un año tras pactar una enmienda con EH Bildu y que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del Gobierno de Felipe González.
La ley recién aprobada da un paso más al establecer de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
Además, la ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, establece también que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable".
Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico.
Ciudadanía española para descendientes
Además de las mencionadas medidas, la normativa conocida como "Ley de Nietos" permitiría por dos años ciertas facilidades para que descendientes de personas que emigraron durante la dictadura fraquista obtengan la ciudadanía española, sin cumplir ciertos requisitos hoy vigentes.
También agilizaría la obtención del pasaporte para hijos de mujeres españolas que se hayan casado con extranjeros mientras perduraba la Constitución de 1978, en la que se dictaminó que la descendencia heredaba la ciudadanía del padre.
La "Ley de nietos" no determinaría un limite de edad para aplicar para obtener la ciudadanía española. La normativa hasta ahora vigente, en contraposición, tenía en cuenta solo a hijos de padres españoles que cumplan alguno de los requisitos detallados por el Ministerio de Exteriores español:
- Haber nacido antes de enero de 1985 y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya obtenido la nacionalidad antes de que el interesado naciera.
- Ser menor de 21 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad antes de que el interesado naciera.
- Ser menor de 20 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.
Además, los aplicantes no tendrían que cumplir el requisito de vivir una determinada cantidad de tiempo en el país para acceder a la ciudadanía española.
A partir de la reglamentación de la ley tras su publicación en el boletín oficial, los argentinos o cualquier persona que acredite que su abuelo salió de España por razones políticas, ideologícas, raciales o de género, podrán comenzar en los consulados de España la tramitación de esta ciudadanía, que también convierte en miembro de la comunidad europea a quien la posee.