"Puente al empleo": punto por punto, cómo es el proyecto para cambiar planes sociales por trabajo
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El Gobierno oficializó este martes la creación del programa "Puente al empleo", que busca transformar los planes sociales en empleo registrado, reduciéndo el déficit y la informalidad.
La iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
El objetivo del Programa es "transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad", destaca el decreto.
Además, remarca que apunta a "mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica".
Punto por punto: cómo funcionará Puente al Empleo
En la presentación de este programa durante el Council de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa subrayó que "habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo" sin perder esa asistencia económica, mientras que "el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato".
"Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo", añadió.
En el marco del Programa Puente al Empleo, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses, según indica en sus artículos.
El sistema "Puente al empleo" también contemplará que para acceder al puesto de trabajo los beneficiarios de planes sociales deberán cumplir con las capacitaciones y cursos de formación que establezca el empleador, según la tarea que se le asigne, lo cual podría ser un punto clave para el éxito o el fracaso de la medida.
Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, el empleador, una vez que se acoja al Programa, deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago de la remuneración.
Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.
En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
Como ya publicó iProfesional, el Gobierno pone especial atención en la actividad agropecuaria y el sector de la construcción como dos sectores clave para iniciar la transición del plan social al trabajo, porque según afirmó sufren una falta de mano de obra que atenta contra su productividad. Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%.
Además, el Decreto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado.
Auditoría sobre planes sociales como complemento
En paralelo a la decisión de empezar a buscar formas de incorporar a los millones de beneficiarios de planes sociales en el mercado formal, el Gobierno lanzó una auditoría sobre el funcionamiento del programa "Potenciar Trabajo", uno de los más importantes con 1,2 millones de beneficiarios.
La decisión formó parte de los primeros anuncios de Massa al asumir como ministro de Economía y su ejecución quedó a cargo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien en los últimos días se reunió con intendentes del conurbano bonaerense para poner en marcha la auditoría que durante los próximos 12 meses realizarán universidades públicas.
Lo que busca el Gobierno con esto es un reordenamiento de los planes sociales y, según había adelantado Massa, señaló que se trabajará sobre "tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de trabajo asociativo y cooperativo y protección de los argentinos que viven en situaciones de vulnerabilidad".
En ese sentido, el ministro advirtió que "quien no cumpla" con la auditoría que lleva a cabo el Gobierno para determinar quiénes cobran estos programas y cuál es su situación socioeconómica real, "recibirá la suspensión del plan".