Plan para reconvertir planes sociales en empleos: por qué podría fallar, según empresarios
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De cara a las elecciones de noviembre, el gobierno nacional está poniendo toda la carne al asador para revertir el negativo resultado que los candidatos oficialistas obtuvieron en las primarias.
Entre las muchas iniciativas que buscan "poner plata en los bolsillos de la gente" para recuperar votos, también se plantea un cambio fundamental en el enfoque. El gobierno que lanzó múltiples planes sociales para las poblaciones más carenciadas del país, ahora se propone transformarlos en empleos.
Introdujo en el Congreso un proyecto de ley con este fin, que beneficiaría sobre todo a pequeñas y medianas empresas que podrían "blanquear" sin consecuencias legales relaciones laborales preexistentes y contratar nuevos empleados que sean beneficiarios de planes sociales tomando ese ingreso como parte del sueldo y ahorrando costos en contribuciones patronales.
Cambiar planes por trabajo fue uno de los compromisos asumidos por el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al abandonar su cartera para presentarse como precandidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
Al darse a conocer el proyecto de ley del oficialismo para lograr ese objetivo Arroyo dijo en declaraciones radiales "es un buen tiempo para transformar planes sociales en trabajo. La pandemia nos llevó a sostener la situación social, y hoy que empieza a moverse la actividad económica empezamos a trabajar esta idea de transformar planes en trabajo".
"En la construcción, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas, en el reciclado y en el textil, en esos cinco sectores productivos, veo la posibilidad de poder transformar el plan en trabajo", añadió.
La incógnita ahora es cuándo podrá debatirse este proyecto en el recinto, tras el revés que atravesó el oficialismo con la falta de quorum para debatir la Ley de Etiquetado, y qué tan pronto pueden llegar entonces estos beneficios a un mercado de por sí alicaído.
Punto por punto, el programa "Un puente al empleo"
Los principales puntos del proyecto de ley "Un puente al empleo" ingresado a mediados de septiembre en el Congreso Nacional por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, son los siguientes:
-Los beneficios del programa aplicarán para las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley y para las que se inicien con posterioridad, con excepción de las correspondientes al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
-El beneficio principal es que al conseguir trabajo las personas beneficiarias de un plan social podrán conservarlo como complemento del salario durante 12 meses, además de recibir acceso a obra social y ART.
-Como contraparte, el trabajador o la trabajadora que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación.
-Los empleadores de estas personas recibirán como beneficio la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales –a partir de la promulgación de la ley- por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
"En el texto del proyecto se especifica que el descuento es solo sobre las contribuciones patronales al SIPA –no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales– y está topeado en 2 salarios mínimos", aclararon desde la organización empresarial IDESA.
- Los empleadores accederán también a un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias blanqueando la remuneración o la fecha real de inicio del vínculo sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.
- El Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores hasta por 60 meses. Para acceder a estos beneficios, las Mipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.
¿Puede el proyecto generar empleo genuino?
Especialistas en temas legales e impositivos vinculados a empresas coinciden en que el plan es sólido en cuanto a la posibilidad de regularizar la situación de trabajadores o beneficiarios de planes.
"El proyecto es muy interesante, y si bien se habla mucho de la reconversión de los planes, también incluye un blanqueo de puestos laborales que ya estén trabajando. Lo primero es fundamental para ir incorporando a personas que están completamente fuera del sistema productivo y que vuelvan a estar adentro. Esto hace que las personas puedan verse útiles, con proyectos, con un grupo de pertenencia, generar vínculos constructivos, etc." dijo a este medio Juan Cerutti, Director del Área de Derecho del Trabajo de Plan A, consultora que se especializa en asesorar empresas en áreas legales e impositivas.
"El trabajo, está estudiado hace muchísimos años, nos genera una sensación real de bienestar personal y de formar parte del todo. No es cierto que las personas se vean realizadas solo con el pago de un plan social. La gran mayoría no se queda en su casa mirando Netflix mucho tiempo, eso es una falacia que se ha ido construyendo y que no responde a la realidad. Hay muchas personas sumidas en la pobreza estructural, algo que se deberá contrarrestar con más de un programa, pero el caso de este proyecto puede reincorporar a varios miles de extrabajadores desempleados, y a quienes quieren trabajar pero les resulta difícil reinsertarse tras estar fuera del sistema. Siempre es más difícil hacerlo si no están activos en el mercado laboral", añadió.
¿Pero se animará una persona que tiene un plan social de por vida a cambiarlo por un trabajo en donde mantendrá dos años el plan y luego lo pierde, a riesgo de ser despedido también? "Si, puede darse cuando las personas buscan la superación personal. Son muchos los que no están conformes y no quieren quedar atados a un plan. Hay personas que quieren otras cosas en la vida, que se capacitan y que pueden sumarse a este proyecto", respondió al respecto Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Femenia celebra el componente de capacitación del proyecto y recordó que recientemente la entidad apoyó un proyecto de ley, en base a lo ocurrido con las cosechas en las economías regionales –donde mucho de la producción se perdió por falta de mano de obra-, que postula que los beneficiarios de planes sociales puedan trabajar de manera temporaria en blanco con los aportes y beneficios correspondientes, sin perder su plan.
De la misma manera, ¿qué sucede en el esquema planteado por Un puente al trabajo cuando se terminan los beneficios impositivos de los empleados contratados por esta vía? No se lo despide, aseguró Cerutti. "La historia demuestra que una vez que una persona se incorporó como parte relevante a una estructura, no se lo saca solo por un costo mínimo (17%) una vez que la persona está dentro del sistema es mucho más fácil seguir en él", explicó.
"Lo más relevante del proyecto es que la gente vuelva al sistema productivo. No es cierto que con planes y plata se sale; no generan bienestar ni a mediano ni largo plazo, solo ayudan por un tiempo determinado. Hay que ayudar a que las empresas puedan tomar más personal y a que tengamos una industria argentina de calidad", sentenció el directivo de Plan A.
Cómo evitar que sea otro "blanqueo" más
Del proyecto presentado por Sergio Massa, el ruido que mencionaron los asesores es sobre el aspecto de blanqueo de vínculos laborales o la obligación –para tomar a un beneficiario de plan social como empleado bajo este esquema- de no tener empleados "en negro" o deudas.
Femenia fue tajante: "Está bien como incentivo al empleo. Pero cuando vas a los requisitos, el no tener deudas, regularización del empleo, el no tener penalidades, no se genera un incentivo para que las pequeñas o medianas empresas contraten personal bajo este esquema. Mi reparo es que si por ejemplo una microempresa tiene uno o dos empleados no regularizados, no van a blanquear lo que tienen para tomar un tercero por estos beneficios."
De acuerdo al vocero de CAME, este plan serviría solo para empresas que no tengan deuda o la puedan arreglar con un plan de pago, no incluyan empleados irregulares y tengan una necesidad y posibilidad de tomar un empleado más. "Pero generalmente las empresas que tienen empleados ‘en negro’ es porque los costos están armados para que sea así", afirmó.
"El tema de fondo es que la falta de rentabilidad no permite hacer frente a los costos. El plan funcionaría quizás en un contexto de crecimiento económico y escenarios de rentabilidad estables para las pequeñas y medianas empresas a futuro", evaluó el experto.
"El capítulo del blanqueo está muy bien también pero modificaría algunas cosas para que no fracase, como todos los intentos anteriores, como el de 2008, o la Ley 15.323 en el 2000. Habría que hacer alguna política más activa y no tan rigurosa para blanquear personal no registrado que trabaje en una Pyme", dijo por su parte Cerutti.
"Hoy la Argentina está creciendo y las empresas e industrias están a full. Las metalúrgicas con las que trabajo han duplicado el personal en el último año respecto de 2019, cuando lo habían recortado a la mitad. El esquema de proteger la industria es fundamental así como la política de sustitución de importaciones por productos nacionales, para volver a crecer y sostener los nuevos empleos que propone este proyecto", adelantó el directivo de Plan A.
Algunos empresarios no están convencidos
"Lo que me hizo ruido es que siempre en estos proyectos hay una parte que baja el costo laboral pero es temporaria. Y en un momento volvés a tener el costo pleno. Pero si vamos bien a fondo en el análisis, lo que hay es un problema de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Si fueran rentable, el impacto del costo laboral no sería tal. Cuando la rentabilidad se empieza a achicar año tras año, todo costo es caro", dijo Femenia a este medio.
Por su parte, desde la organización empresarial IDESA remarcaron que un programa similar a este se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri, "y fracasó".
"Desde hace 30 años se vienen aplicando reducciones transitorias en los costos laborales para alentar el empleo. En los ‘90 se denominaron ‘modalidades promovidas’, en el anterior gobierno ‘Empalme’ y ahora ‘Un Puente al Empleo’. Mientras no se modernicen las instituciones laborales, el fracaso seguirá asegurado", opinó la entidad.
IDESA asegura que el plan Empalme de Cambiemos fue similar, pero no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. "Esta iniciativa del gobierno de Macri fue un rotundo fracaso", dijeron. Más aún, tomando en cuenta solo los costos directos de la nueva relación laboral –no los de capacitación, adaptación (onboarding), eventuales gastos legales, etc.- IDESA calcula que contratar a un beneficiario de un plan asistencial solo ahorraría un 13% del costo laboral.
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"El programa, además de voluntarista, usa una frase sensible (convertir los planes en empleos) para seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. En el artículo 5° del proyecto de ley se establece que para utilizar 1 año de plan como parte del salario el beneficiario tiene que participar en cursos de capacitación y formación suministrados por estas organizaciones", criticó la entidad. "Como lo demuestran las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa, no una organización piquetera", agregaron.