La Justicia de Entre Ríos ordenó liberar al exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción
El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos revocó la prisión preventiva del exgobernador Sergio Urribarri y dispuso su libertad hasta que su condena a ocho años por corrupción quede firme. Le medida también recae sobre su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
Ambos dejarán la Unidad Penal Número 1 de Paraná, donde están detenidos desde el 19 de noviembre, en una causa por corrupción en la que habían sido condenados en 2022, tras una investigación de la exfiscal Cecilia Goyeneche. Urribarri fue el primer gobernador de Entre Ríos condenado y con prisión preventiva desde la restauración de la democracia en 1983.
El fallo se conoció en plena feria judicial. Los integrantes del Tribunal Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga. En disidencia, Miguel Giorgio votó por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva en la Unidad Penal.
Ante esto, el fallo arrancó: "Se dispone hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución de fecha 05/09/2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva efectiva de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza".
"Según los la prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste de carácter excepcional", argumentaron desde el Tribunal Superior.
El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, dijeron, "fundada particularmente en el riesgo serio de fuga".
La defensa del exgobernador kirchnerista había objetado la preventiva argumentando que el tribunal que la decisión en ningún momento expuso motivos concretos para fundamentarla.
"La resolución que dispuso la detención del ex gobernador es descalificable con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que omitió el tratamiento de las cuestiones esenciales oportunamente planteadas, traduciéndose ello en la falta de fundamentación adecuada con la consiguiente afectación de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso legal", esgrimieron.
La defensa de Urribarri calificó como excesiva la prisión preventiva, tanto que el fallo no está firme hasta que lo trate la Corte Suprema.
Es así porque, a pesar de estar condenado a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, el plazo para que la Corte trate su expediente podrían llevar años y sería resuelto ya con el dirigente K habiendo superado los 70 años, edad en la que puede acceder a domiciliaria.
La causa judicial
Urribarri fue condenado este jueves en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia de Entre Ríos durante su gestión entre 2007 y 2015.
Al exgobernador también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.
La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para el actual embajador por "negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, dio por acreditado los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.
Otros condenados
Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.
El juicio analizó varios episodios, como "El sueño entrerriano", que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o "Causa del Mercosur", sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.
Para la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del ex gobernador.