Un fallo de la Corte puede cambiar el 90% de las causas laborales y comerciales y se aguarda el traspaso a la Ciudad

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será la instancia final en las apelaciones de causas tramitadas en la justicia ordinaria nacional dentro de la capital generó un fuerte revuelo en el ámbito judicial y político.

Es que dicho fallo representa un cambio profundo en la estructura judicial y fue recibido con fuertes críticas desde diversos sectores.

La resolución de la Corte se produjo en el contexto del caso Levinas, en el que se analizó la competencia del TSJ porteño para intervenir en sentencias emitidas por las Cámaras Nacionales. Con este fallo, el TSJ de la Ciudad se convierte en una instancia de revisión adicional, modificando el esquema tradicional que dejaba las decisiones de las cámaras nacionales como definitivas, salvo que se apelaran directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal.

Repercusiones en la Justicia Laboral y Comercial

Uno de los principales sectores afectados por esta medida es el fuero laboral, donde los sindicatos han mantenido una fuerte influencia. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, liderada por Julio Piumato, calificó la decisión como "un absurdo jurídico que atenta contra la ley y la Constitución Nacional". En un comunicado, la organización denunció que el fallo busca "garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa Correo Argentino" y acusó a la Corte de actuar de manera opaca.

El expresidente Mauricio Macri es un ferviente defensor del traspaso de la justicia laboral al ámbito porteño, argumentando que esto podría agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, para que este cambio se concrete, sería necesario que el Congreso de la Nación apruebe un proyecto de ley al respecto, seguido por un tratamiento en la Legislatura de la Ciudad.

La implementación de esta medida, que sería analizada este año por el Congreso nacional, representaría un golpe significativo para los sindicatos, que ven en la justicia laboral nacional un baluarte de protección para los derechos de los trabajadores.

Críticas desde el ámbito judicial

La decisión también generó un rechazo contundente entre jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales. En una reunión de urgencia convocada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, junto con los presidentes de las Cámaras Nacionales, expresaron su preocupación por el impacto del fallo en la estructura del Poder Judicial de la Nación.

Según el comunicado emitido tras la reunión, "la jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado" y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque autónomo, no tiene un poder originario propio, sino que depende de la voluntad de la Nación. En este sentido, los magistrados consideraron inadecuado calificar a los jueces nacionales como "meramente transitorios" y advirtieron sobre las posibles consecuencias de modificar la estructura judicial vigente.

El procurador general interino, Eduardo Casal, también se manifestó en contra de la medida, argumentando que no existe base legal para atribuir al TSJ porteño la facultad de revisar sentencias de las Cámaras Nacionales. Por su parte, el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, sosteniendo que el fallo carece de sustento jurídico.

Un Tribunal Superior local con designaciones políticas

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad está integrado por cinco jueces: Inés Weinberg, Alicia Ruiz, Luis Lozano, Marcelo de Langhe y Santiago Otamendi. De ellos, tres fueron designados por gobiernos del Pro: Weinberg, por Macri; y Langhe y Otamendi, por Horacio Rodríguez Larreta. Esta composición ha despertado suspicacias entre quienes consideran que el fallo podría estar alineado con intereses políticos.

Inés Weinberg, presidenta del TSJ, había sido propuesta por Macri como candidata a la Corte Suprema durante su presidencia, aunque finalmente no logró el cargo. Esta conexión, sumada a la postura del Pro en favor del traspaso de competencias judiciales a la Ciudad, alimentó las críticas de ciertos sectores de la oposición sobre la imparcialidad del tribunal.

Implicancias jurídicas y políticas

El fallo también pone en evidencia una larga demora en el cumplimiento de la reforma constitucional de 1994, que estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y previó el traspaso de la justicia nacional ordinaria al ámbito porteño. Aunque la Ciudad creó su propio Tribunal Superior en 1996, la transferencia de competencias ha sido parcial y ha enfrentado numerosas resistencias.

Según el abogado laboralista Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad sería inconstitucional y podría afectar gravemente la jurisprudencia progresista que ha caracterizado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Actualmente, esta cámara actúa como un referente a nivel nacional, generando sentencias que trascienden su jurisdicción.

Con el nuevo esquema, el TSJ de la Ciudad tendría la facultad de revisar fallos de las cámaras nacionales, lo que podría generar un retroceso en los derechos laborales y comerciales.