El Tribunal Superior porteño decidirá si revoca la quiebra de Correo Argentino, de la familia Macri

El Estado Nacional le reclamó a la familia Macri una deuda desde 2001, cuando la firma tenía la concesión del correo (la tuvo entre 1997 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner se la rescindió). El Estado argumentó que la compañía solo abonó el canon de concesión durante un año y que a 2001, la deuda equivalía a unos 296 millones de dólares. La empresa considera que con las propiedades y los vehículos con los que se quedó el Estado tras la rescisión del contrato, la deuda quedó saldada.

No obstante, el Estado le reclama intereses entre 2003 y 2015. En esta línea, el Correo Argentino hizo propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, el cual es el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la compañía con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.

Cuál fue la oferta de Correo Argentino

Correo Argentino ofertó el pago del "100% del capital verificado", es decir, los $296 millones, en 15 cuotas anuales y consecutivas a pagar desde fines de 2017. La aceptación de esta propuesta por parte del Estado motivó una denuncia penal contra Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones,  y los directivos de la empresa, que tramitó ante el fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel Lijo.

Gabriela Boquín, fiscal comercial, había calculado que la deuda era de unos 6000 millones de pesos y entendió que la propuesta de la firma era abusiva e iba contra los intereses del Estado. Socma cuestionó a la jueza Marta Cirulli y a la fiscal Boquín, que rechazaron la recusación en un fallo confirmado por la Cámara Comercial.

En esta línea, la jueza Cirulli decretó la quiebra de la empresa y el kirchnerismo, en 2021, lo extendió a los accionistas. Carlos Zannini, procurador del Tesoro, dijo que iba a impulsarla en contra de Socma (principal accionista de Correo Argentino SA; el otro es el propio Estado Nacional, con un 14%).

De hecho, para la familia Macri, la idea del kirchnerismo fue avanzar sobre su familia. Los accionistas de Socma son los tres hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana Sandra, que falleció. Es decir, el expresidente ni sus hijos son accionistas. Los tres hijos del primer matrimonio de Mauricio Macri lo fueron, pero hace más de tres años le vendieron sus acciones a Gianfranco Macri.

En el entorno de la familia Macri temían que, extendiendo la quiebra a Socma, el Gobierno apuntara contra los hijos del expresidente por las decisiones que pudieron haber tomado mientras fueron accionistas.

De hecho, Socma continuó con su cuestionamiento a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquín y buscó que el Tribunal Superior de Justicia revise esas recusaciones. Además, plateó un recurso ante la Corte.

La resolución de la Corte Suprema

La semana pasada, la Corte resolvió, en el caso "Levinas", que los fallos de la justicia nacional ordinaria, por ejemplo, de la Cámara Comercial, son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, antes que ir directamente a la Corte.

La interpretación de la Corte, que implica un avance hacia el reconocimiento de la autonomía porteña, sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe decidir sobre la recusación de Cirulli y Boquín. Si hace lugar, cae el decreto de la quiebra del Correo dispuesta el 5 de junio de 2021. Una noticia que espera la familia Macri.

El fallo de la corte por la causa Correo Argentino

La Corte Suprema remitió al tribunal porteño la causa Correo Argentino. En un fallo de una carilla que remite al precedente Levinas, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti mandaron la causa.

Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Señaló que establecer al Tribunal Superior de Justicia como alzada de tribunales nacionales supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino e implicaría darle el carácter de tribunal nacional.

El fallo de la Corte especificó: "Por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha [Levinas] se establece que el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48, y consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial". Al mismo tiempo dispuso: "Se resuelve, por mayoría, remitir las actuaciones al TSJ a sus efectos. Hágase saber a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial".

Actualmente, la causa se tramita de la siguiente manera en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): el caso ingresará a la secretaría Asuntos Originarios y será sorteado un juez que lo tramite con esa secretaría. El juez del tribunal deberá revisar que el expediente se encuentre completo o si es necesario reclamar algo a las partes. En el caso de estar completo, se enviará al fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que debe dictaminar.

Cabe recordar que Mahiques fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri: fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia de Germán Garavano, y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en la era Macri. Su padre, Carlos, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, adonde llegó por traslado durante el macrismo. Antes, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.

Luego del traslado al fiscal general y el dictamen de Mahiques,  se los somete al debate de los cinco magistrados del TSJ. Esto comenzará a tramitarse en febrero, una vez que concluya la feria judicial de verano.