Un fallo elevó considerablemente una multa "irrisoria" a un grupo agroindustrial

El grupo Olio gestionó, según una causa judicial, más de u$s694 millones en el mercado financiero durante casi un año, ya que no liquidó al Banco Central (BCRA) las divisas generadas por las exportaciones de granos de Vicentin. En ese entonces, era operada a fasón por la empresa Díaz y Forti, vinculada a este holding.

El juez federal Carlos Vera Barros había impuesto una multa de tan solo u$s694 millones a la compañía, un valor que la Fiscalía federal consideró "irrazonable, desproporcionada e insignificante", dado el volumen de dinero involucrado. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Rosario, con los votos de los jueces Fernando Barbará y Aníbal Pineda, incrementó la sanción a u$s186.254.714. 

Los detalles del fallo contra Grupo Olio por los dólares no facturados

Lo curioso del fallo es que la propia firma admitió que no realizó la liquidación de los dólares correspondientes y que estos fueron ingresados por "canales alternativos", como la adquisición de activos denominados en dólares y su liquidación en pesos en bancos locales. De esta forma, en un contexto de alta volatilidad de los dólares libres, Díaz y Forti, cuya defensa hasta diciembre de 2023 estaba a cargo del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, movió u$s694 millones con total libertad. Sin embargo, la multa impuesta inicialmente fue de solo cuatro millones de dólares.

El resto de las compañías del sector tenía un plazo de 16 días para liquidar las divisas generadas por exportaciones, lo que suscitó sospechas de que estas maniobras podrían haber contado con la aprobación, al menos, de un sector del gobierno de Alberto Fernández.

La defensa de Díaz y Forti argumentó, según el expediente, que no hubo un desvío de fondos con fines especulativos ni con ánimo de lucro. En su lugar, señalaron que la alternativa era solicitar la convocatoria de acreedores o la disolución de la empresa. Aseguraron que liquidar los dólares en el mercado único de cambios habría resultado en la cesación de pagos irreversible de la firma.

Con respecto a la empresa que operaba el grupo Olio, Vicentin, la estrategia del holding parecía ser hacerse con esta agroexportadora que había caído en default en diciembre de 2019, con un pasivo de 350 millones de dólares, pero que seguía siendo una de las principales empresas del país. No obstante, Olio no contaba con los recursos necesarios para asumir las grandes operaciones de exportación de granos.

Cabe recordar que, en agosto de 2019, cuatro meses antes de tomar el control de Vicentin, Olio adquirió el frigorífico Alberdi, en Entre Ríos, en asociación con el principal accionista, Luis Lequio. Este fue un primer paso para aumentar las exportaciones de carne a China. También había adquirido el 70,23% de Carnes del Interior, una empresa con graves pasivos, lo que, según un informe de auditoría, evidenciaba una estructura financiera problemática.

En medio de esta expansión, el grupo Olio, que operaba en Rosario y Chaco, enfrentó denuncias por parte del BCRA. El informe de la entidad señalaba la falta de liquidación de divisas y la entrada tardía de las divisas comprometidas en las exportaciones de Díaz y Forti. En su defensa, la empresa admitió las irregularidades, pero señaló que la situación económica derivada de la pandemia justificaba sus acciones.

De hecho, la empresa utilizó la figura legal del "estado de necesidad disculpante", que se aplica, por lo general, en otros contextos, como el caso de una mujer que usurpó una vivienda durante la pandemia por razones de necesidad. Esta defensa, sin embargo, no fue suficiente para evitar una sanción mayor. Tras las maniobras financieras, Ariel Olio, principal dirigente del grupo, se trasladó a vivir a Miami, donde adquirió un penthouse en el barrio Brickell, cuyo valor de mercado se estima en unos 10 millones de dólares.